abril 20, 2021 7:12 AM

Castigos rezagados

malova y yamuni 2
En el sexenio de Malova, la UTYRC apenas sancionó a 3 de cada 10 funcionarios involucrados en irregularidades
 
 
 
Al cierre del gobierno de Mario López Valdez, la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas (UTYRC) creada al inicio de su administración, apenas castigó a tres de cada 10 servidores públicos investigados por irregularidades en el manejo de recursos públicos o por deficiencias en su labor.
Un 80 por ciento de estas irregularidades fueron castigadas con la sanción mínima que establece la ley, la cual es sólo una amonestación o un llamado de atención al servidor público.
De acuerdo con solicitudes de acceso a la información a través del Sistema Infomex para la información pública, la UTYRC reportó que al corte de junio de 2016 se han impuesto 179 sanciones a servidores públicos en los que se incluyen expedientes abiertos desde 2009 hasta 2015.
Sin embargo, según el informe de la Cuenta Pública del Gobierno de Sinaloa, entregado por la Auditoría Superior del Estado y aprobado por el Congreso local en días pasados, la UTYRC tiene 451 investigaciones pendientes por resolver de un total de 585 que se han acumulado desde el segundo semestre de 2009 y hasta el segundo semestre de 2015.
En seis años, la UTYRC que encabezó el hoy diputado electo Juan Pablo Yamuni, apenas resolvió un 30 por ciento de las irregularidades que le notificó el órgano fiscalizador.
Algunos de estos expedientes tardaron en resolverse hasta cinco años, por ejemplo el caso de Isaac Lugo Ortega, ex funcionario de la Secretaría de Salud que actualmente enfrenta un proceso penal, a quien se destituyó en 2011 pero fue hasta 2016 cuando se resolvió un expediente que ordena suspenderlo de sus labores por 10 días.
 
Las más irregulares
La tesorería estatal y la Secretaría de Salud del Gobierno de Sinaloa destacan en la relación de funcionarios sancionados por dependencia, al concentrar los castigos más severos como la inhabilitación en la función pública. En el sexenio se emitieron cinco inhabilitaciones hasta por cinco, tres y un año. Además de la inhabilitación, los exfuncionarios se enfrentaron a procesos penales.
En 2013 se registró la primera inhabilitación contra un servidor público, a quien se le castigó por cinco años sin posibilidad de ejercer un cargo en cualquier área de gobierno, debido a que el funcionario de la Secretaría de Administración y Finanzas había pedido 30 mil pesos a cambio de otorgar descuentos en multas y recargos a un particular. En esta misma dependencia se detectó, a través de la denuncia de una ciudadana, a un funcionario que exigió 20 mil dólares a cambio de dar solución a un trámite.
Otro de los inhabilitados en 2014 falsificó firmas en contratos de la Secretaría de Salud; un servidor público de la Secretaría de Gobierno pidió dinero a diversas empresas a cambio de no realizar inspecciones laborales, mientras que una encargada de módulo de la USE no reportó la pérdida de 52 mil pesos de la recaudación de impuestos.
De las 179 sanciones que resolvió la UTYRC en el sexenio de López Valdez, cinco fueron inhabilitaciones, se impusieron 20 sanciones económicas y se castigaron con días de suspensión en 26 casos, el resto se sancionaron con amonestaciones públicas y privadas.
 
Sólo un llamado de atención
Pero los castigos no sólo han sido contra funcionarios de cargos menores, en dos ocasiones los rectores de la Universidad de Occidente han sido suspendidos y amonestados.
En 2013, el actual rector de la UdeO, Guillermo Aarón Sánchez, fue suspendido por siete días y recibió una amonestación pública por la deficiencia en el desempeño de sus funciones cuando era vicerrector y autorizó una indemnización laboral excesiva. Por el mismo caso se amonestó a cinco funcionarios más, entre ellos el director de finanzas de la Universidad y la subdirectora administrativa.
El ex rector de la casa de estudios, Alger Uriarte Zazueta, también fue sancionado en 2013 tras resolver un expediente de 2011 cuando era rector y “omitió custodiar la documentación con la que se solicitó al banco recursos para realizar pagos”; por esta acción Uriarte Zazueta y el entonces vicerrector de administración y finanzas de la Udeo, Evangelo Sánchez Stamatis, fueron castigados con una amonestación privada.
Destaca también la sanción impuesta contra Florentino Castro López, quien fue Secretario de Educación Pública en el sexenio de Jesús Aguilar Padilla y contra quien se abrió un expediente en 2010 pero fue resuelto hasta 2014 por violar la neutralidad como servidor público e intervenir en un proceso electoral. En ese entonces, Castro López renunció a la titularidad de la Sepyc para participar como coordinador de campaña del ex candidato Jesús Vizcarra Calderón. Por la irregularidad, Castro López fue sancionado con una amonestación privada.
Según relató un funcionario de gobierno del Estado que fue amonestado por no presentar su declaración patrimonial, la amonestación consiste en ser llamado ante un abogado que le informa al trabajador que si no rectifica su conducta puede llegar a ser despedido. La conversación se lleva a cabo en una oficina y es sólo de carácter verbal.
Entre las acciones irregulares cometidas por servidores públicos y que han derivado en sanciones, destacan actos como no hacer pública su declaración patrimonial anual, un ordenamiento impuesto por López Valdez al inicio de su administración y por el cual la UTYRC ha sancionado con amonestaciones públicas a 35 servidores públicos a lo largo de los casi seis años de su mandato.
La deficiencia en el desempeño de sus funciones, extravío de herramientas de trabajo, omisión en la entrega de información pública y hasta por acudir a sus labores en estado de ebriedad o agresiones físicas y verbales entre compañeros de trabajo son algunas de las faltas con mayor reincidencia y por las que la UTYRC ha sancionado con amonestaciones públicas y privadas o suspensiones por días.
 
Multas a destiempo
De las 20 multas de carácter económico que impuso la UTYRC a lo largo del sexenio, poco más de la mitad fue contra funcionarios de la administración de Jesús Aguilar Padilla, expedientes que se originaron entre 2009 y 2010 pero que se resolvieron hasta 2015 y principios de 2016.
Los exfuncionarios investigados desde el final del sexenio pasado han sido multados con sanciones de hasta un millón de pesos, como Karla Hazel Bórquez Bueno, a quien se destituyó de sus labores, se amonestó públicamente y se le multó con un monto de 929 mil pesos por disponer de recursos públicos para fines personales desde la Secretaría de Administración y Finanzas.
También se enlistan a dos funcionarios de la misma dependencia, de quienes no se proporciona su nombre, por omisiones en la recaudación de impuestos con multas que alcanzan los 643 mil pesos a cada uno.
La multa más elevada se aplicó un funcionario de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, a quien se responsabiliza por deficiencias en la ejecución y conclusión de trabajos por 2 millones 264 mil pesos, al que le sigue un empleado de la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, a quien se le impuso una multa de 1 millón 277 mil pesos por no vigilar y revisar los trabajos de una obra pública.
 
Transparencia lenta
La UTYRC impuso 179 sanciones de 2012 a 2016
De ese total, 20 son multas económicas, 26 suspensiones laborales, cinco inhabilitaciones en el servicio público, 139 amonestaciones públicas y privadas.
Según la ASE aún restan 451 expedientes pendientes por resolver y sancionar.
 

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