Ninguna cuenta pública debió aprobarse, asegura Imelda Castro

La diputada perredista Imelda Castro Castró aseguró en tribuna sentirse frustrada porque durante la presente legislatura se pavimentó una carretera hacia la quiebra financiera de los gobiernos municipales, al aprobar cuentas públicas, pese a las irregularidades encontradas por la Auditoría Superior del Estado.
La integrante de la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado afirmó que en el primer paquete de cuentas públicas solo firmó los dictámenes suspensivos de Navolato y Angostura, pero no así los de los otros ocho municipios restantes, por considerar que estaban igualmente con problemas por sus pasivos sin fuente de pago.
Suspender una cuenta pública no es un asunto grave, sino una contribución, una llamada de atención,  para que el saneamiento de las finanzas de los gobiernos, expresó.
La diputada alertó sobre la lógica que han seguido los gobiernos municipales al operar con u adeudos crecientes, con la lógica de “el de atrás paga”.
Puso el caso de Mocorito, que no solamente tiene problemas de pasivos sin fuente de pago, sino tiene el grave problema, de haber pagado por obras que no ha sido ejecutada.
Culiacán, precisó, está igualmente complicado por lo que propuso una moción suspensiva para este municipio, pero no fue aprobado por el pleno.
En su intervención el diputado panista Martín Pérez, integrante de la Comisión de Fiscalización, señaló que no debe seguirse permitiendo que los gobiernos sigan endeudándose, por lo que urgió la operación de controles internos, más aún ante los nuevos sistemas anticorrupción.
En su intervención el diputado independiente Ramón Lucas Lizárraga acusó la existencia de criterios políticos en la Auditoría Superior del Estado, la falta de seguimiento de 60 denuncias penales contra servidores públicos por irregularidades cometidas en el gasto público, la complicidad del propio poder legislativo al aprobar cuentas públicas irregulares, además de nuevos endeudamientos, como fue los que en su momento se le otorgó al Ayuntamiento de Guasave.
Precisó que la deuda de corto plazo de los municipios pasó de 775 millones en el 2013 a  mil 587 en el 2015. Por otra parte, los pasivos de corto plazo sin fuente de pago han llegado ya, al cierre del año fiscal de 2015, a la cantidad de 915 millones de pesos y en el 2013 era de 489.
Cuestionó que en los últimos años se han promovido ante los órganos de control de los ayuntamientos de Sinaloa un total de tres mil 556 acciones sobre responsabilidades administrativas de funcionarios municipales de las que se han resuelto 386, que no llegan ni al 11 por ciento, quedando pendientes de resolver, es decir sin sanciones, la cantidad de tres mil 170 expedientes, que representan la monumental cifra que ronda el 90 por ciento de las acciones promovidas.

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