abril 21, 2021 5:49 PM

El pendiente de la procuraduría estatal: encontrar 2 mil 786 desaparecidos

 
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Las personas con familiares desaparecidos tienen un aliado poco efectivo en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
Desde su creación en 2002 a la fecha, la Agencia del Ministerio Público Especializada en Desaparición Forzada de Personas, No Localizadas o Ausentes, ha llevado ante un Juez apenas el 3.3 por ciento de las averiguaciones previas y no ha localizado al 42 por ciento de las personas reportadas como desaparecidas.
En sus 14 años de operación, la fiscalía abrió 5 mil 514 averiguaciones previas en todo el estado, de las cuales solo 182 fueron consignadas ante un juez para que iniciara proceso penal a los presuntos responsables, mientras que el resto permanece en la impunidad.
En ese periodo denunciaron la desaparición de 6 mil 489 personas, de las cuales 3 mil 126 aparecieron con vida;  y 577 fueron encontradas muertas.
La fiscalía todavía tiene pendiente de localizar a 2 mil 786 personas.
En procuración de justicia, los juzgados de la Agencia Especializada también han tenido pocos resultados, pues entre 2005 y 2016 solo han conseguido 134 sentencias condenatorias.
Durante los primeros tres años de la agencia, de 2002 a 2004, no hubo detenciones ni expedientes consignados en los juzgados, pero sí se iniciaron averiguaciones previas.
En el Gobierno de Mario López Valdez la desaparición de personas repuntó, pues de 2011 a la fecha se han iniciado 3 mil 822 averiguaciones previas.
En todo el sexenio de Jesús Aguilar Padilla la Agencia registró mil 163 averiguaciones y el resto, 286, fueron en los últimos tres años de administración de Juan Millán Lizárraga.
En el gobierno de Aguilar Padilla hubo menos desparecidos y más presuntos culpables detenidos, ya que en ese periodo capturaron a 53 personas y en el sexenio de López Valdez solo a 37 supuestos responsables.
El municipio de Culiacán concentra más de la mitad de las desapariciones, con 3 mil 141 denuncias, seguido de Mazatlán con mil 93, y Ahome con 640.
Los municipios con menor reportes de desaparecidos son Cosalá con 22, Badiraguato con 28 y Concordia con 30.
 
Policías intocables
Los casos de desaparición forzada cometidas por la autoridad, tiene peores resultados.
Decenas de personas con algún familiar desaparecido han denunciado públicamente que policías intervinieron en las desapariciones.
En una entrevista con Ríodoce en septiembre de 2015, la líder del grupo Desaparecidos de El Fuerte y fundadora de Las Rastreadoras, Mirna Nereida Medina Quiñónez, aseguró que de acuerdo con testimonios de los familiares de los desaparecidos, en el 90 por ciento de los casos están involucrados elementos policiales.
La Agencia Especializada solo en tres casos ha iniciado averiguación previa en la que los presuntos responsables son policías.
El primero fue el de tres agentes de la Policía Municipal de Ahome que en noviembre de 2013 desaparecieron a un joven en El Fuerte y fueron detenidos en julio de 2014.
Un año después, el juez los condenó a 28 años de cárcel.
El otro caso fue el pasado 28 de junio en Mazatlán, cuando un elemento de la policía de ese municipio privó de su libertad a un joven cuyo paradero se desconoce.
El policía fue detenido por el delito de desaparición forzada y vinculado a proceso el 5 de julio.
El tercero fue en Los Mochis en julio de 2015 con la desaparición de dos hombres y una mujer.
En abril de este año, un Juez libró órdenes de aprehensión contra tres elementos de la Policía Municipal de Ahome pero los agentes ya habían huido y continúan prófugos.
 
Falta personal y presupuesto
Para el Presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Sinaloa (CDDHS), Leonel Aguirre Meza, la agencia especializada requiere de más personal y presupuesto para atender todos los casos que se presentan en el estado.
La fiscalía, dijo, necesita principalmente investigadores con el perfil adecuado para indagar desapariciones, los cuales no deben ser tratados igual que los secuestros, como a veces ocurre.
Cada mes, integrantes de la CDDHS y familiares de desaparecidos se reúnen con personal de la fiscalía para revisar los avances en las investigaciones y han notado que hay voluntad de las autoridades pero falta personal, indicó.
“Desafortunadamente el cúmulo de trabajo es demasiado, teóricamente hablando la instalación de esas fiscalías es con muy poco personal, quizás pueda haber voluntad de resolver los casos, sin embargo la estadística de los que se han resuelto es muy mínimo en relación con el universo de casos que están planteados.
“Ahí hay poco personal, hay poco presupuesto, no hemos tenido la eficacia que quisiéramos, la verdad seguimos dando nuestro respaldo para que esas fiscalías especializadas sigan trabajando, confiamos en ellos pero desafortunadamente la estadística nos demuestra poca eficacia respecto al número de casos que están ahí”, dijo.
No obstante la poca eficacia de la Agencia Especializada, aseguró que confían en que se resuelva el 100 por ciento de los casos.
“Esencialmente lo que buscamos con el trabajo de las fiscalías especializadas es antes que nada encontrar a las personas en cualquier estado que se encuentren, el hecho de estar desaparecido no sabemos si está detenido, no sabemos si está vivo, si está muerto.
“Los casos presentados son un universo muy grande, una carga de trabajo muy importante, pero nosotros esperamos que tengamos la ubicación de la persona desaparecida, de los presuntos responsables, se determine cuáles son las causas de la desaparición, se procese y se haga justicia”, expresó.
 
Madres investigadoras
La poca efectividad de las autoridades de procuración de justicia y la desesperación llevó a los familiares a iniciar investigaciones por su cuenta.
El 14 de julio de 2014, Roberto Corrales Medina desapareció cuando se dirigía de Choix hacia El Fuerte a trabajar y su madre, Mirna Nereida Medina, inició un peregrinar por la Agencia Especializada en la zona norte, solo para percatarse que no hacían nada por localizar a su hijo.
La inactividad de la Procuraduría la llevó a unirse a otras madres con hijos desparecidos y con palas y picos salieron a buscar cuerpos por su cuenta y a la fecha se han unido madres que buscan en otros municipios.
Conocidas como Las Rastreadoras, llevan localizados 56 cadáveres, el más reciente fue el martes pasado en playa Ceuta, Elota; y era un ex elemento de la Policía Ministerial del Estado, desaparecido desde abril de 2015 en Mazatlán.
Al calvario de buscar a los desaparecidos, los familiares tienen que enfrentar otro una vez que los encuentran: la identificación de los restos.
La Procuraduría tarda meses o hasta años en realizar la pruebas forenses para confirmar la identidad.
A Francisco Manuel Hernández Pérez, de 31 años, lo encontraron muerto en avanzado estado de descomposición el 24 de marzo de 2014 y ese mismo día los peritos tomaron muestras de ADN a la familia y al cuerpo.
Los familiares tuvieron que esperar hasta el 13 de octubre de 2015, un año y siete meses, para que la fiscalía obtuviera los resultados y les entregaran los restos.
Los familiares de los desaparecidos tienen años pugnando por la instalación de un laboratorio de genética forense para acelerar las pruebas, pero hasta la fecha no lo han logrado.
 
Creada para atender con expeditez, inmediatez y eficacia
La Agencia Especializada fue creada en 2002 por el entonces Procurador General de Justicia del Estado, Óscar Fidel González Mendívil.
Según el Acuerdo de Creación, la agencia fue instalada como “una instancia que con expeditez, inmediatez y eficacia de respuesta las demandas en materia de procuración de justicia”, después de haber realizado un análisis del comportamiento y estadísticas de las desapariciones concretadas mediante violencia.
“Los familiares de las víctimas han planteado al Ejecutivo del Estado y a la Procuraduría General de Justicia, su demanda para que sea creada una Fiscalía Especializada para los casos de desaparecidos en el Estado de Sinaloa, en lo que desde luego no existe diferendo institucional sino por el contrario, plena aquiescencia en su establecimiento y pertinencia funcional, cuenta habida también de que el ilícito penal referido, revela una grave deformación conductual de los sujetos activos que lucran y negocian con los seres humanos, vulnerándoles libertad, derecho a la vida”, señala el acuerdo.
Esa fiscalía tuvo su origen en la Fiscalía Especializada para el caso Las Quintas, creada para atender la desaparición de los primos Juan Emerio Hernández Arguelles, Abraham Hernández Picos y Jorge Cabada Hernández, desaparecidos en 1996.
El caso fue turnado a la nueva agencia y los tres jóvenes no han sido localizados y tampoco consignados los responsables.
En enero de 2015, la PGJE cambió el nombre de Agencia Especializada en casos de Desaparición Forzosa de Personas a Agencia del Ministerio Público Especializada en Desaparición Forzada de Personas, no Localizadas o Ausentes.
A las funciones que ya tenía se le agregó la atención de personas “no localizadas o ausentes”, que son todas aquellas que se desconoce su paradero por ausencia voluntaria, problemas domésticos, privación de la libertad, migración, fallecimiento o por ser víctima de algún otro delito.
 
 

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