Triplican congeladora legislativa

 
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Desolado, el congreso estatal se paraliza entre la apatía y la pereza
A menos de tres meses que concluya la actual legislatura del Congreso del Estado y  poco más de tres semanas que finalice el periodo ordinario de sesiones, los legisladores han empezado a apagar sus motores para estar presentes en las sesiones del pleno. En la última sesión, el pase de lista logró contar apenas de 25 diputados de un total de 38 que están en funciones.  En las más recientes sesiones del pleno, ha habido varias ocasiones que se ha puesto  en riesgo el quórum, porque no permanecen en su curul los 21 diputados que se requieren para sesionar.
Uno de los diputados que rara vez permanece hasta concluir una sesión es el diputado panista Francisco Solano Urías, quien tiene a su cargo la presidencia de la mesa directiva. Son escasas las ocasiones que el Grupo Parlamentario del PAN permanece completo, ya que generalmente se queda como máximo con tres de los ocho integrantes en funciones. Son varios los legisladores que  piden a sus auxiliares se lleven sus objetos personales como bolsas o portafolios de sus curules para salir discretamente de la sala de sesiones.
Desde hace cuatro sesiones, reconoce la coordinadora del Grupo Parlamentario del PAS, Rosario Sánchez, la asistencia al recinto legislativo se ha venido disminuyendo.
“Cada día se relaja más la actividad legislativa, cada vez es más poco el tiempo que duramos aquí”.
El secretario de la Mesa Directiva, el diputado independiente, Ramón Lucas Lizárraga, cuestiona en tribuna que el trabajo legislativo se está terminando a las 13 horas, algunas veces a las 14:30 porque no se tienen dictámenes, pese a que uno de los acuerdos que se realizaron fue que se fortalecería el área jurídica del Congreso del Estado, y de que se había ampliado el número de profesionales que se tendrían en esa área para que la productividad de la legislatura mejorara.
“Parece que estamos al contrario. Estamos votando un dictamen, máximo dos por cada sesión. Ello habla de que hay una grave crisis de producción de dictámenes de las comisiones “.
De acuerdo con un estudio reciente dado a conocer por el Instituto Mexicano por la Competitividad, cada diputado local de Sinaloa cuesta 7.3 millones de pesos anualmente, cada sesión un estimado 3.3 millones de pesos, en tanto que cada iniciativa cuesta alrededor de 2.2 millones de pesos.
Jesús Enrique Hernández Chávez, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, está en contra de que se mida la productividad de los legisladores por el número de iniciativas presentadas, como si fueran una línea de producción, sino que debiese ser por el impacto que tiene en los ciudadanos los ordenamientos jurídicos aprobados.
Aunque reconoce que en lo individual no presentado ni una sola iniciativa legislativa e incluso afirma que no la presentará en lo que resta la legislatura, se atreve a sostener que desde la promulgación de la Constitución de Sinaloa, nunca antes los diputados locales habían expedido tantas leyes de gran impacto social, como parte de reformas estructurales, y dio la oportunidad de armonizar las leyes locales como fue las de Transparencia, la de Instituciones y Procedimientos Electorales, la de Protección de Víctimas, la de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, entre otras.
Desde su punto de vista, los legisladores se sienten presionados por ser evaluados por los medios y la opinión pública y se lanzan a elaborar iniciativas que redunde en su medición de productividad, pero muchas de ellas no tienen el respaldo de una viabilidad financiera para su aplicación.
De acuerdo con el calendario legislativo, el periodo ordinario de sesiones del Congreso del Estado concluirá el 30 de julio, tiempo en el que será imposible dar trámite a las más de mil iniciativas presentadas que están en espera de ser dictaminadas y votadas.
La diputada del PAS, Rosario Sánchez, presidenta de la Comisión de Educación, señala que como compromiso para que disminuya el número de iniciativas sin dictaminar, su comisión se ha declarado en sesión permanente y ha realizado un ejercicio exhaustivo y analítico para revisar las que le fueron turnadas.
Dijo que espera que al inicio de la legislatura se recibieron alrededor de 255 iniciativas de la anterior que no fueron dictaminadas, pero ya a la fecha se han registrado más de mil iniciativas., de las cuales se tienen sin dictaminar más de 600.
Por la gran cantidad de iniciativas que componen la llamada “congeladora legislativa”, se ha hecho un cuello de botella en el área jurídica, lo que provoca que existan iniciativas durante meses en su análisis y evaluación.
María de la Luz Ramírez, legisladora  del PAN, lamenta que en la Comisión de Vivienda, se cuenta con predictámenes desde diciembre y noviembre esperando, algunas desde hace dos años, que en el área jurídica se les dé respuesta.
Argumenta  que no se trata necesariamente de iniciativas que tendrían un impacto presupuestal, sino también están detenidas algunas que no requerirían recursos adicionales, como una para la protección del medio ambiente, otra relacionada con el manejo de residuos, otra de incentivos fiscales .
“Sí hay un estancamiento muy fuerte “, sentencia, luego de llamar a trabajar por la prioridades en la última fase del trabajo legislativo.
“Pareciera que hay iniciativas que llevan apellido y que llevan color”, comenta.
La diputada perredista, Imelda Castro Castro, estima que a la fecha la actual legislatura lleva ya el triple de iniciativas pendientes que recibió al inicio. Propone que cada uno de los presidentes de comisiones legislativas revise su carga para que hagan propuestas ante la JUCOPO.
Existe actualmente un listado de 27 iniciativas que propone la Junta de Coordinación Política  serán las prioritarias para empujarlas en la etapa final de la legislatura, posiblemente mediante la convocatoria a un periodo extraordinario de sesiones. Entre ellas figura las reformas al Código Familiar que hará posible el matrimonio igualitario, modificaciones al Código de Procedimientos Penales para la instalación del Centro de Justicia Penal Centro Norte II con sede en Guasave, una nueva Ley Orgánica para el Congreso del Estado, entre otras.
Los juicios políticos pendientes
En el archivo legislativo la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación se tiene pendiente la dictaminación de dos solicitudes de Juicio Político. Una contra el alcalde de Culiacán Sergio Torres Félix por la aplicación del  Par Vial; y otra contra el alcalde de Navolato, Miguel Calderón Quevedo.
Marco Antonio Irízar Cárdenas, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, asegura que están en su estudio en el área jurídica y augura que se resolverán en el presente periodo ordinario de sesiones, aunque no establece fecha.
De acuerdo con la normatividad legislativa, la dictaminación de las solicitudes de los juicios políticos no establece plazos para su presentación.
En el pasado reciente ya se había registrado una solicitud de enjuiciar al alcalde por una resolución del Tribunal Contencioso Administrativo por una controversia sobre la unidad deportiva Jimmy Ruiz. Dicha solicitud fue desechada por considerarse notoriamente improcedente. De nueva cuenta, el alcalde de Culiacán, Sergio Torres Félix, fue objetivo de una solicitud de juicio político ante el Congreso del Estado, el pasado 9 de mayo, la asociación civil Culiacán, Naturaleza y Armonía, por haber impuesto el Par Vial, sin permitir audiencias previas sobre el tema.
El también exdirector de la Escuela de Arquitectura de la UAS, Melchor Peiro Guerrero, quien presentó formalmente la solicitud de  juicio político contra el  alcalde de Culiacán, argumentó entonces que la demanda obedecía a que se habían tomado decisiones en contra de la opinión de los ciudadanos al cambiar los sentidos de las avenidas Álvaro Obregón y Aquiles Serdán, en Culiacán.
Precisó entonces que sin importar que no se cubrían los requisitos técnicos, el edil se empeñó en imponer un par vial.
En octubre de 2015, el regidor Guadalupe Santana Palma solicitó juicio político contra el alcalde de Navolato, Miguel Enrique Calderón Quevedo, a partir de una polémica remodelación de la Plazuela Vicente Guerrero, ubicada  en la cabecera municipal.
 

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