Con imprecisiones y declaraciones ambiguas, el Congreso del Estado apostó a retardar el juicio de desafuero de Lucero Sánchez
Cuando llegó al Congreso del Estado, el martes 14 de junio, la notificación de la Cámara de Diputados del Procedimiento de Desafuero de Lucero Sánchez López, acusada del uso indebido de documento oficial falso para presuntamente visitar a Joaquín Guzmán Loera en un penal de alta seguridad, el poder legislativo le sacó la vuelta: no quiso darle trámite ni fijar un posicionamiento sobre el tema.
La Cámara de Diputados había acelerado la notificación. En menos de 24 horas el documento ya había sido recibo en el Congreso del Estado, pero el poder legislativo local tardó nueve días en darle trámite al Procedimiento de Desafuero.
“El dictamen es clarísimo, no estaba supeditado absolutamente a lo que dijera o dejara de decir el Congreso local de Sinaloa. No impidió nunca la demora que tardó en contestarnos a nosotros, no fue obstáculo nunca para que el Ministerio Público, desde el mismo día que quedó desaforada la diputada, tuviera la facultad para ejercitar acción penal”, puntualiza el diputado Ricardo Ramírez Nieto, presidente de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados.
A pesar que el dictamen de la Sección Instructora dejó en claro que la Cámara local debía poner a disposición del Ministerio Público Federal a la diputada Lucero Sánchez, tanto el presidente de la mesa directiva, Francisco Solano Urías, como el de la Junta de Coordinación Política, Jesús Enrique Hernández Chávez, hicieron declaraciones confusas, sin precisar cuáles serían las facultades en el caso del poder legislativo local ni del procedimiento que debía seguirse, sólo señalaron que la notificación del expediente sería turnado al área jurídica para su análisis.
La resolución emitida por la Cámara de Diputados está soportada en el artículo 111 de la Constitución federal, que establece que para proceder penalmente por delitos federales contra diputados locales, la declaración de procedencia será para el efecto de que se comunique a las legislaturas locales, para que en ejercicio de sus atribuciones proceden como corresponda.
El presidente de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados señala categórico que no tenía el Congreso del Estado de Sinaloa por qué analizar absolutamente nada.
El jueves 16 de junio, el tema ya había sido abordado en la Junta de la Coordinación Política, pero no existió una definición pública del poder legislativo sobre el tema, ni tampoco se subió a la orden como un asunto de correspondencia recibida. No se le dio ningún trámite. A cambio se abordó el caso de Lucero Sánchez López dentro del apartado de asuntos generales. Diputados de todos los grupos parlamentarios, excepto del PAN y PRI, subieron a tribuna para solidarizarse, hablar de respeto a la soberanía y de “hacerse tontos”, como lo señaló el diputado del PT, Leobardo Alcántara, del mandato dispuesto por la Cámara de Diputados.
“Yo no entiendo por qué se metieron en la mecánica de decir que iban a analizar o que iban a someterlo a su jurídico, cuando nosotros fuimos muy claros en el dictamen. Lo único que tenían que hacer era acatarlo en sus términos. Yo no entiendo la postura que asumieron, la verdad”, declara el diputado federal priista.
A la sesión siguiente, una semana después haberse recibido la notificación, el presidente de la Mesa Directiva, Francisco Solano Urías, quien funge como representante legal del poder legislativo, declaró que no sabía si está o no desaforada la diputada Lucero Sánchez López: “Los abogados están un poquito atorados. En los términos que ellos hablan entiendo poco, y lo poco que entiendo se me enreda”.
Fue el jueves 23 de junio cuando el Juicio de Procedencia se incluyó en la orden de la sesión. Ese mismo día la diputada Lucero Sánchez acudió puntual a las instalaciones del poder legislativo, pero no asistió a la sesión.
Tras la lectura de un extracto del dictamen enviado por la Cámara federal, el presidente de la mesa directiva se limitó a expresar: “Proceda en consecuencia y notifíquese”. No existió ninguna precisión, ni declaración sobre la conclusión que había emitido el área jurídica a donde se suponía se había remitido el caso.
El martes 28 de junio no asistió el diputado Francisco Solano, y Hernández Chávez no emitió ninguna declaración sobre el procedimiento seguido en el caso.
El miércoles siguiente, la Dirección de Gestión y Vinculación Social del poder legislativo emitió un boletín de prensa con declaraciones del presidente de la Mesa Directiva, Francisco Solano, en el sentido de que Lucero Sánchez López había quedado “desligada” del Congreso del Estado por lo cual ya no podría acudir a las sesiones del Pleno.
El jueves 30, Hernández Chávez, aseguró que desde un principio había señalado que en el caso de Lucero Sánchez el Congreso del Estado no tenía nada que resolver y precisó, por vez primera, que era una diputada suspendida de sus derechos y obligaciones.
