Los enredos de la justicia

lucano
 
A casi diez años del multihomicidio de tres niños y dos adultos en Guamúchil
 
La tarde del 26 de octubre de 2006, José Lucano Sauceda Félix fue uno de los responsables de la masacre de tres niños y dos adultos en Guamúchil y dos años después, sentenciado a 23 años 4 meses de prisión.
Esa sentencia fue dictada con base en diversas evidencias, entre ellas pruebas periciales consideradas “imperfectas”, y fue revocada por los magistrados del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosegundo Distrito.
El Tribunal ordenó dejar insubsistente la sentencia y reponer el proceso penal para que el Juez dicte una nueva resolución.
La determinación por unanimidad de los magistrados fue notificada la semana pasada, luego de dictar sentencia en una demanda de amparo promovida por Sauceda Félix.
José Lucano está acusado de asesinar a los menores José Max “N”, de dos años; Carlos Alberto “N”, de cinco; Víctor Manuel “N”, de diez; a Carlos Alberto Gastélum Pacheco y Carlos Eleodoro Valdez Huerta; y de lesionar a Daniela “N”, de seis años; y a Gustavo Adolfo Cuevas Martínez, de 21.
De acuerdo con informes de la Policía Ministerial del Estado, el 26 de octubre de 2006 en la colonia Cuauhtémoc, Carlos Alberto llegó acompañado de los menores y de Carlos Eleodoro a la vivienda de Gustavo, a bordo de una camioneta.
Cuando platicaban arribó un Ford Marquis con por lo menos tres personas a bordo y abrieron fuego contra el vehículo en el que se encontraba Carlos Alberto.
El joven arrancó la marcha de la camioneta pero fue seguido por los sicarios, quienes continuaron disparando hasta que asesinaron a los dos adultos y a los tres niños.
Los pistoleros realizaron más de 70 disparos con fusiles AK 47.
Horas después, José Lucano fue detenido en una clínica de Guamúchil donde recibía atención médica debido a que durante la agresión resultó lesionado.
La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) lo acusó de los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, ambos con premeditación y ventaja, y lo consignó en el Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Penal.
Entre las pruebas que presentó el Agente del Ministerio Público en su contra están 16 dictámenes periciales realizados por personal de la Dirección de Investigación Criminalística y Servicios Periciales.
Entre esas pruebas se encuentran los dictámenes de autopsia, lesiones, criminalística de campo, huellas dactilares, químicos, perfil genético, comparativa de neumáticos, residuos biológicos, toxicológicos, médicos y balística.
La sentencia del Tribunal Colegiado señala que se tuvieron por acreditados los delitos entre otras pruebas con los dictámenes periciales, pero el Agente del Ministerio Público nunca llamó a los peritos a ratificarlos.
“Se  infiere  la  aplicación  en  la sentencia  reclamada  en  perjuicio  del  impetrante  del  artículo 239  del Código de Procedimientos  Penales  para  el Estado  de Sinaloa,  en  la  porción  que  se  estima  inconstitucional,  por eximir al perito oficial de la obligación de ratificar su dictamen, en  contravención  al  derecho  de  igualdad  procesal (…) máxime, que  en  la  resolución  reclamada  se  confirió  valor  probatorio  a los citados dictámenes, los cuales se tomaron en cuenta para tener por acreditados los delitos atribuidos al aquí quejoso”, indica.
La  opinión  pericial  que no  sea ratificada, establece,  es  una  prueba  imperfecta,  en  virtud  de  que para otorgarle  certeza y seguridad  jurídica es  indispensable que sea  ratificada  por  el  perito  que la  formuló,  pues  sin  la  ratificación  no  es  dable  otorgar valor a los  dictámenes  emitidos.
Por unanimidad los magistrados resolvieron conceder la protección de la justicia federal a José Lucano Sauceda y ordenaron al Juez de la causa dejar insubsistente la sentencia y reponer el proceso penal “y se perfeccionen los dictámenes” con la ratificación por parte de los emisores.
Hasta la fecha, Sauceda Félix es el único detenido como presunto responsable del multihomicidio, en el que la PGJE presume la participación de al menos dos personas.
Además de estar acusado de homicidio y homicidio en grado de tentativa, José Lucano Sauceda Félix enfrenta otro proceso penal por el delito de uso de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, debido a que le aseguraron armas en el penal.
Desde su detención fue internado en el Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito de Culiacán, donde el 29 de enero de 2008 durante un esculque decomisaron un fusil AR 15, 11 armas cortas, 209 cartuchos, una granada expansiva, 59 dosis de mariguana, metanfetamina y cocaína.
La Procuraduría General de la República ubicó a seis reos, entre ellos Lucano, como los propietarios de las armas y la droga.
En febrero de ese mismo año, Sauceda Félix fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 3 Noreste, en Matamoros, Tamaulipas por orden del Juez, donde permanece actualmente.

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