La extinta dirigencia estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en Sinaloa habría violado sus propios estatutos al no fijar una postura mediática de rechazo ante la vinculación de la diputada Lucero Sánchez López con el narcotraficante Joaquín Guzmán Loera.
Con la postulación de la candidata en 2013 y las declaraciones mediáticas externadas en 2015 al darse a conocer la supuesta vinculación, la dirigencia panista habría violado el artículo 12 de los Estatutos Generales del PAN que obliga a todos sus militantes a “salvaguardar la buena fama pública y el prestigio del partido”.
Lo anterior se concluye en el “Acuerdo por el que se resuelve en definitiva la disolución del Comité Directivo Estatal (CDE) del PAN en Sinaloa”, un documento que consta de 35 páginas y que fue emitido el pasado 21 de marzo por la Comisión Permanente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN.
Firmado por el Secretario General del CEN del PAN, Damián Zepeda Vidales, el acuerdo detalla cronológicamente los antecedentes del proceso electoral de 2013 en Sinaloa, el inicio del procedimiento de disolución del comité estatal y las conclusiones a las que se llega para determinar la disolución definitiva.
“Los actos y omisiones descritos llevan a esta Comisión a considerar que en el CDE existe una tendencia de apoyo hacia la diputada Lucero Guadalupe Sánchez López, que se dio desde su registro como candidata y se ha prolongado con la postura pública que han asumido algunos integrantes de dicho Comité, lo cual se considera grave, dado que esa postura de apoyo está afectando la imagen del partido en el Estado y actualmente está en curso el proceso electoral”, se destaca en el documento.
Juicio mediático
Las entrevistas concedidas por Edgardo Burgos Marentes, Adolfo Rojo Montoya y Guadalupe Carrizoza Cháidez a diversos medios de comunicación locales y replicadas en medios nacionales, en torno a la situación de la diputada Lucero, fueron utilizadas como el principal referente para que la Permanente acusara la violación a los estatutos internos de Acción Nacional.
En su acuerdo, la Permanente señala que Burgos Marentes, Rojo Montoya y Carrizoza Cháidez habrían manifestado respaldo a la diputada y minimizado la situación, una postura contraria a la asumida por el CEN.
“Las posturas de apoyo público de algunos de sus integrantes y la omisión de los demás de repudiarlas, constituyen conductas que afectan seria y gravemente la imagen del partido, lo cual es particularmente relevante, si se toma en cuenta que actualmente está en curso el proceso electoral en la entidad”, consideró la Permanente en su Acuerdo.
Además de las declaraciones mediáticas, la Comisión Permanente se remontó a febrero de 2013 cuando el CDE reservó diversos distritos para la cuota de género, entre ellos el distrito 16 de Cosalá.
Apuntó que en ese distrito también se canceló el proceso interno de selección de candidatos y se optó por la designación directa. Además, en 2013 mientras el PAN en Sinaloa competía en alianza con el PRD y el PT, fue sólo en Cosalá donde el PAN llevó una candidatura común con el Partido Sinaloense.
A partir de la investigación realizada por el diputado federal Federico Doring Casar, la Comisión Permanente encontró que no hay un documento que sustente por qué se reservó la cuota de género en el distrito 16 de Cosalá y tampoco existe una explicación del por qué la candidatura común con el PAS exclusivamente en Cosalá, en el distrito de Lucero.
“Claramente para esta comisión la circunstancia de que se reservara el distrito para mujer y que luego se llevara a cabo una candidatura común, valorados en su conjunto, generan indicios suficientes para afirmar que el CDE actuó con parcialidad para lograr la postulación de Lucero”, apunta el acuerdo.
La defensa desechada
Una vez concluida la investigación de Doring Casar, la Permanente detalla que se le notificó a los integrantes del Comité Estatal del inicio de la disolución. En respuesta, el 19 de febrero pasado, los integrantes de la dirigencia panista solicitaron una ampliación del plazo para ofrecer pruebas y alegatos.
A través de una misiva, los integrantes del CDE solicitaron acceso al expediente de la investigación, la notificación del inicio del procedimiento sancionador, el cargo que se enfrenta, quién lo denuncia, consecuencias de la sanción, plazo para preparar defensa y oportunidad de ofrecer pruebas.
La Permanente autorizó alargar el plazo para que los militantes ofrecieran sus alegatos, pero al mismo tiempo decretó como medida cautelar la suspensión provisional de las actividades del CDE en Sinaloa y la integración de una Comisión Especial, debido a la urgencia por el desarrollo del proceso electoral, según se explica en el acuerdo.
Para los primeros días de marzo se reciben los alegatos de los integrantes del CDE, como una misiva firmada por Adolfo Rojo Montoya, quien reprueba el uso de las declaraciones mediáticas como evidencia para condenarlos y asegura que sus afirmaciones fueron ejercidas en apego a su derecho a la libertad de expresión y al derecho de Lucero Sánchez a la presunción de inocencia, ya que en ese momento la diputada no enfrentaba ningún proceso penal.
Sin embargo, la Permanente determinó que los integrantes del CDE incurrieron de forma consecutiva en omisiones para favorecer a Lucero Sánchez y posteriormente cuando se ventiló su relación con el líder del Cártel de Sinaloa, la dirigencia estatal habría sido omisa en fijar una postura de rechazo a la diputada.
“Estos hechos generan una afectación importante para el PAN, por un lado porque la falta de claridad sobre su rechazo a la postulación de candidatos vinculados con el narcotráfico le está generando una afectación de imposible reparación de cara a los comicios que se desarrollarán en Sinaloa. Por otro lado, la parcialidad con la que se ha conducido el Comité no genera condiciones de certeza para la selección de candidatos en la próxima elección”, concluye.
