Familiares exigen respuestas

 
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Senadores prometen una ley sobre desapariciones forzadas que ayude a encontrar personas
Madres, hermanos, hijos  de personas desaparecidas imponen silencio en el Senado al compartir el dolor que viven en ese largo camino de buscar a sus familiares entre fosas clandestinas,  hospitales, morgues, parajes solitarios y sitios que puedan ocultar los restos de cuerpos que buscan desde medio siglo atrás.
En un salón del recinto de la Cámara de Senadores se dieron cita un grupo de senadores integrantes de las comisiones de Seguridad y Derechos Humanos, para escuchar los testimonios de los que sufren por sus muertos aún sin encontrar.
En sus voces expresan que han dejado de lado el dolor, la angustia y la impotencia para acudir a esta cita, con la confianza de que esta vez sus experiencias, por dolorosas que sean, serán escuchadas.
Son 27 mil desaparecidos los que reconoce el gobierno, porque tienen una averiguación previa o acta circunstanciada.
“Estoy aquí como una víctima más. Busco a mi hermano Dan Yeremel. Desapareció en Torreón, Coahuila, el 19 de diciembre de 2008, es padre de cinco hijos, un trabajador común y corriente. Y como en todos los casos, no  hubo interés, a él le integraron la averiguación previa un año después.
“Como familias queremos dejar claro que esto tiene que empezar a cambiar. Se empezó a dar atención al problema con los 43 jóvenes de  Ayotzinapa y después los cinco de Veracruz. Pero esos no son los más recientes; los más recientes son los que pasaron ayer, los que pasaron anoche, los de hace unas horas o unos minutos, más los que vienen”.
Esta situación, agregó, va a parar “mientras no haya un verdadero sistema de procuración de justicia que  empiece primero por los de la casa. Les hemos dicho mil veces a los militares: ‘compártannos sus estrategias de búsqueda para que los estados puedan hacer algo’. Y nos responden ‘nosotros no buscamos personas, buscamos criminales’. Y les hemos suplicado que nos digan  cómo buscan criminales para empezar a buscarlos, porque son los que tienen a nuestros desaparecidos. Pero no pasa”.
Dijo que las autoridades se han convertido en cómplices del crimen organizado porque no investigan ni buscan.
“Hay mucha insensibilidad en las autoridades y mandos militares y policiacos. Nuestra lucha ha sido muy desgastante porque te enfrentas a un Estado frío, indiferente, insensible al dolor de las familias y de esos hijos que crecen abandonados, sin padre, cuando es su obligación encontrarlos y regresarlos a casa”.
Sara Patricia Rodríguez contó que a su hijo Pablo Sánchez López lo desaparecieron los militares en Morelia, el 2013.  Ella es integrante del Comité de Personas Detenidas Desaparecidas Alzando Voces en México.
“Cuando fui al Ministerio Público a presentar denuncia, dice, el funcionario le contesta: ‘Espérate, a la mejor se fue de fiesta; o no sé, hay que ver a qué se dedicaba también…’, el servidor público ya estaba criminalizando, en vez de dar curso a una búsqueda inmediata.
“Queremos una ley que no distinga entre personas no localizadas y/o desaparecidas, para iniciar de manera inmediata con los protocolos de búsqueda y que garantice dar con el paradero de nuestros familiares, porque es su deber. Si es criminal o no, que lo traigan, que lo busquen y que lo juzguen, porque su deber es buscar. No tenemos que andar detrás de los autores, para que hagan su trabajo”.
Adriana Vaena, de “Los otros desaparecidos de Iguala”, surgidos desde de “Los 43”, busca a más de 500 enlistados en su grupo.
¿Saben qué es buscar? —cuestionó a los senadores e invitados—, es tener el coraje, valor, y ganas de subir al cerro con un sombrero, un bule de agua y convencido de regresar hasta que encuentres una fosa y la dejes marcada. Cada domingo suben 30, 40, 50 personas y solo llevan a dos o tres agentes para resguardarlos o a veces ni se acercan.
No llevan tecnología especializada. Solo una varilla y un marro. Coraje en el corazón y un olfato sensible para meter una varilla hasta el fondo, sacarla, olerla y saber que hay un resto ahí. Esa es la herramienta con la que buscan a sus muertos.
Araceli Rodríguez, del Grupo “Colibrí”, es madre de Luis Ángel Real Rodríguez, policía federal desaparecido el 16 de noviembre de 2009, junto con seis policías más y un civil que los acompañaba.
Ella insiste en plasmar en la ley una red de vínculos entre hospitales y las  dependencias gubernamentales. Y crear grupos que se encarguen de hacer un mapeo real en todo el país.
Amalia Hernández es otra de las voces de  La red de eslabones por los derechos humanos del estado de Morelos e integrante también del movimiento Por nuestros desaparecidos en México. Es tía de  Oliver Wenceslao Navarrete Hernández, secuestrado y desaparecido en 2013 por el crimen organizado. 15 días después de localizado, la Procuraduría del estado de Morelos lo desaparece  y tras nueve meses lo sepulta en una fosa clandestina estatal, junto con 150 cuerpos, violando toda la normatividad relacionada con el respeto a los cuerpos sin vida de los seres humanos.
Emma Mora, de Familias de Acapulco en Busca de sus Desaparecidos, es mamá de José Alberto Téllez Mora, secuestrado el 20 de septiembre del 2011 y el próximo mes estaría cumpliendo 19 años.  Expresa ante senadores, de los cuales tres son mujeres, que apela a su sensibilidad como madres para que trabajen una ley de desaparecidos que valga la pena.
“Estamos aquí porque la falta de querer hacer su trabajo. Si ustedes  hubieran dado la seguridad, que es su obligación, no estuviéramos padeciendo este dolor. Mi hijo estuviera conmigo y su familia. Era un joven de 14 años, indefenso, que quería vivir, o que quiere vivir y tenía sueños y que se los han cortado, porque no sé dónde esté en este momento. Y  estoy peleando en ese momento por él y por todos los que estamos aquí y por los 27 mil desaparecidos en México.
Señala que “queremos un organismo creado con gente que conozca de este tema, expertos en la materia, organismos no gubernamentales que trabajan con nosotros, que tengamos la facultad de sentarnos con ellos y de establecer estrategias que nos lleven a la localización de ellos. Que tengamos poder de decisión para exigir resultados a las autoridades”.
 

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