A 70 días de que concluya el plazo para armonizar la ley local en materia de transparencia con la Ley Nacionall, el Congreso del Estado inició públicamente los trabajos para elaborar un nuevo marco legal.
Sinaloa forma parte del grueso grupo de entidades que no han armonizado su ley de transparencia local, debiendo ahora hacerlo cerca del vencimiento del plazo legal. A la fecha solo seis entidades han modificado su legislación acorde a las nuevas exigencias de la Ley General: Coahuila, Jalisco, Chihuahua, Querétaro y Oaxaca.
De acuerdo con la agenda legislativa, la nueva Ley de Transparencia para Sinaloa será dictaminada en abril, durante el  próximo periodo ordinario de sesiones, apenas un mes antes del  vencimiento del plazo fijado para que la ley local contenga al menos las 48 obligaciones de datos que ordena la ley general.
A partir del 5 de mayo de 2015, al entrar el decreto de la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el Congreso del Estado de Sinaloa tenían un año para armonizar la legislación local, sin embargo, no se consideró en la agenda legislativa durante el pasado periodo ordinario de sesiones.
Durante la apertura de los trabajos sobre transparencia en Sinaloa que incluyó la celebración de dos paneles y la presencia de la comisionada presidenta del INAI, Ximena Puente de la Mora, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Jesús Enrique Hernández Chávez, aseguró que será una prioridad del Poder Legislativo elaborar el nuevo marco legal.
Con la celebración de las Jornadas por la Transparencia, convocadas por el Congreso del Estado en conjunto con la CEAIP, inició formalmente los trabajos para la construir el nuevo marco legal que regulará a todos los sujetos obligados, sin embargo, las instituciones convocantes no representan ejemplos de transparencia en su quehacer institucional.
Congreso: ser y parecer transparente
Con base en el más reciente diagnóstico realizado por el grupo Alianza para el Parlamento Abierto, integrado por diversas organizaciones sociales a nivel nacional, el Congreso del Estado de Sinaloa trabaja con uno de los más bajos niveles de transparencia en México.
Entre nueve principios en materia de transparencia en los poderes legislativo de todo el país, el Congreso del Estado de Sinaloa destaca por el no cumplimiento con información presupuestal y administrativa, y los bajos niveles en participación ciudadana y rendición de cuentas; el ofrecer información muy insatisfactoria sobre legisladores y servidores públicos, en accesibilidad y difusión, y declaración de conflicto de interés.
La Ceaip, en la cola en transparencia
De ser presentada hace 14 años la legislación de Sinaloa, como de vanguardia, al paso de los años se convirtió en un marco legal caduco y al órgano garante se le ubicó en el sótano de los organismos especializados mexicanos que miden los niveles de transparencia.
La comisionada presidenta de la CEAIP, Rosa del Carmen Lizárraga, reconoce que en las últimas mediciones que se han hecho  a nivel nacional en los marcos normativos, en el 2014 la métrica realizada por el CIDE en coordinación con el entonces IFAI, se encontró que de 33 marcos normativos evaluados, Sinaloa se situó en el lugar número 31.
Entre los 10 motivos que han retrasado el acceso a la información pública en el estado, la CEAIP identifica que los comités de transparencia de los sujetos obligados operan con informalidad al no revisar siquiera sus portales web para verificar que cumplan la información de oficio. Y no hay un procedimiento para denunciar este desacato.
Con el argumento de no violar las leyes electorales, los municipios han venido desactivando sus páginas de transparencia en comicios; en Sinaloa no ha sido posible acceder a datos sobre el quehacer de los sindicatos; todavía hay sujetos obligados que no han firmado convenio para participar en Infomex; han existido constantes declaratorias de inexistencia de información como respuesta de los sujetos obligados a los ciudadanos que solicitan información; además de la inexistencia de medidas de apremio y sanciones claras para exigir el cumplimiento a la ley de acceso a la información pública.
De acuerdo con datos de la CEAIP, en los 14 años de vigencia de la ley de transparencia en Sinaloa, de 630 expedientes administrativos turnados en contra de servidores públicos por incumplimiento a la ley en la materia, solo 20 se han traducido en sanciones, las cuales han consistido en amonestaciones privadas.
RECUADRO:
Un Congreso opaco
Niveles de cumplimiento del Congreso del Estado de Sinaloa respecto a los estándares de un Parlamento Abierto

Fuente: Iniciativa Sinaloa con datos de Alianza de Parlamento Abierto.