En un mitin realizado frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa informaron que la caravana que se encuentra en Matamoros, Tamaulipas, logró que un juzgado liberara los expedientes relacionados con los policías municipales de Iguala, Guerrero, consignados por la desaparición de los jóvenes.

Melitón Ortega, portavoz del movimiento, aclaró que esta fue la primera ocasión en que no hubo una movilización en la capital del país por los 17 meses de la desaparición de los estudiantes, pues muchos de los familiares se encuentran en diversos puntos de México y otros están enfermos.
No obstante, los padres de las víctimas mandaron un mensaje al jefe del Ejecutivo federal: “Estarás marcado para toda tu vida por el caso Ayotzinapa”.
Desde hace un mes, los familiares de los normalistas denunciaron que los uniformados detenidos están promoviendo amparos para ser liberados, tomando a su favor la supuesta falta de implicación.
Sin embargo, hoy celebraron que “el juez primero de lo penal no sólo se comprometió a entregarnos en el transcurso de la siguiente semana los expedientes. Es la primera vez que nos escuchan”.
Lo anterior marca un punto clave en la investigación, pues se reconoce a los padres como víctimas y esta información será útil a los expertos independientes y a la defensa de los padres de familia.
El lunes pasado, Vidulfo Rosales, abogado de los padres, explicó que con los expedientes y la transparencia se podrá impedir que los policías implicados en la desaparición de los normalistas sean liberados.
Temprano, los padres de los 43 encabezaron una marcha en Matamoros, al cumplirse un año y cinco meses de la detención-desaparición de sus hijos. La protesta culminó frente a la sede del Poder Judicial de la Federación, donde exigieron una reunión con uno de los jueces encargados del caso.
Las acciones forman parte de la Caravana Nacional por la Verdad y la Justicia que encabezan los padres de los 43, quienes solicitaron una entrevista con el juez primero de distrito de procesos penales, que concentra cuatro causas penales de los crímenes del 26 y 27 de septiembre de 2014.
También reclaman la entrega de copia de los expedientes que han sido negados a sus abogados, y exigen que no sean liberados los policías municipales detenidos por su participación en los ataques de Iguala.