Urgen organismos civiles y legisladores parar la impunidad

El aumento de un 200 por ciento que registra la desaparición de mujeres adolescentes de entre 15 y 17 años, entre el 2012 y el 2014 en el país “pone los pelos de punta a cualquiera” y exige, a los gobiernos tomar medidas emergentes para atacar los femenicidios  y la violencia generalizada, destacó el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano Grijalva.
Consideró que México no puede esperar más y urge aprobar la Ley General de Desaparición Forzada en el próximo periodo ordinario de sesiones para hacer frente a la impunidad, con la inclusión de las exigencias y preocupaciones que exponen los  familiares de las víctimas.
Expuso que la desaparición forzada parecía un asunto aislado en Ciudad Juárez, en su momento, pero después con los jóvenes desaparecidos en Iguala, de la Normal de Ayotzinapa, de ninguna manera lo es, ya que “el crecimiento en los últimos años es verdaderamente espeluznante para cualquiera que tuviera un mínimo de sensibilidad”.
Al participar en el foro: “Desaparición Forzada de Personas, la Ley que falta”, a invitación del diputado Juan Romero Tenorio (Morena), Zambrano Grijalva exigió a las comisiones involucradas, a acelerar el proceso para dictaminar sobre dicho ordenamiento, pues advirtió que los plazos legislativos constitucionales y legales vencieron el 15 de diciembre pasado.
Refirió que la Procuraduría General de la República (PGR) reconoce 27 mil 638 casos que están por resolverse en la materia, y sigue creciendo la mata. Notas periodísticas, dan cuenta de que, por ejemplo, en el caso de Veracruz -durante la gestión del actual gobernador Javier Duarte- se incrementaron más de 5 mil por ciento las denuncias sobre mujeres desaparecidas en el estado”, recalcó.
Durante el foro, legisladores y organizaciones civiles aseguraron que en el país existen registradas más 27 mil personas víctimas de este delito, de las cuales 134 son activistas defensores de derechos humanos.
Por su parte, el autor del libro “Ni vivos, ni muertos, la desaparición forzada en México como Estrategia de Terror”, Federico Mastrogiovanni, declaró que las actuales cifras son conservadoras, a pesar de ser una práctica que se realiza de forma sistemática. “Es la peor tragedia que vive el país, sin que se trate de un tema de la agenda política”.
Héctor Cerezo, integrante del comité de la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada, acusó que de 2006 a la fecha han desaparecido de manera forzada 134 luchadores sociales, muchos de estos delitos han sido cometidos por el Estado mismo.
 
“Si no se reconoce la gravedad, la respuesta institucional crea un manto de impunidad a los agresores y seguirán sucediendo como pasó con los 43 normalistas o los 5 estudiantes en Veracruz”.
 
Carlos Karim Zazueta, investigador de Amnistía Internacional en México, sostuvo que la desaparición forzada en el país es un problema de Estado, resultado de una grave crisis por la falta de respeto a los derechos humanos desde la década de los 60s.
 
Oficialmente, se reconocen más de 27 mil 600 desaparecidos o etiquetados como “no localizados”, pero “la cifra negra implica un 90 por ciento más, en virtud de que no se reportan ante las procuradurías, y todavía hay muchos cuerpos sin identificar”, refirió.
Aseguró que la propuesta presidencial es muy general y adolece de fallas técnicas que, en algunas circunstancias, la pueden hacer inoperante, por lo que solicitó a los diputados un análisis exhaustivo para clarificar el andamiaje legal y mejorarlo, que garantice una búsqueda e investigación inmediata, participación de familiares y posibilidad de atracción por parte de la PGR
Julio Mata Montiel, secretario ejecutivo de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos en México (AFADEM), aseguró que este fenómeno es un delito de Estado ejercido incluso por grupos paramilitares, cuya solución exige una política de Estado para resolverlo.
Sostuvo que de 1960 al presente año, la desaparición forzada se ha agravado. “Hasta hoy hay más de 50 mil detenidos-desaparecidos, sin contar los torturados, los miles de desplazados, los ejecutados extrajudicialmente y los asesinatos de periodistas y defensores de derechos humanos. Por eso, recordó, la comunidad internacional considera que México vive una grave crisis de derechos humanos”.
 
Añadió que el foro no debe quedar sólo como un evento más, por lo que deben conjuntarse las visiones de los sujetos involucrados, abarcando desde víctimas, familiares, organizaciones y autoridades”.
 
Por ello, pidió a las fracciones parlamentarias del Congreso “ser sensibles” ante este grave problema. Hizo votos por que los legisladores estén vigilantes y exijan la rendición de cuentas a las autoridades para que se aplique eficientemente la ley, la cual, señaló, sólo podrá funcionar si hay voluntad política. También les solicitó escuchar a los familiares, a fin de lograr una buena ley.
Refirió la falta de confianza de la sociedad en los cuerpos de seguridad federales por la serie de violaciones a los derechos humanos que cometen, para “mantener el terror entre la población”, provocando que no se denuncien muchos casos.
Pese a ser un grave problema, denunció, se carece de una base de datos única nacional. “El delito no se califica como desaparición, no hay equipo para exhumar las innumerables fosas clandestinas identificadas en todo el país, no hay voluntad política para conocer la verdad ni investigar y llevar a juicio a los responsables, porque son parte de las nóminas oficiales”.
“Es necesario que en la construcción de la ley se tome en cuenta la opinión de la experiencia y necesidades de los familiares de las víctimas, porque son ellos los que han asumido las obligaciones del Estado. Es hora que se legisle sin dejar de lado a las familias, construyendo unidades de búsqueda e investigación, lo cual es la primera demanda”, aseveró.
 
Michael W. Chamberlin, trabajador del Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios A.C., consideró que si de cada 100 delitos que se cometen sólo ocho son denunciados y de éstos menos de uno llega a proceso, entonces las 27 mil víctimas de desaparición debe multiplicarse por 10, para “tener idea de cuántas personas estamos hablando”.
 
Destacó la importancia de contar con un Registro Nacional de Personas Desaparecidas que sea riguroso y autónomo para que los intereses políticos no minimicen su importancia. “La actual Fiscalía para Personas Desaparecidas está reducida a poco más de 20 Ministerios Públicos, de los cuales cada uno maneja más de 40 asuntos, por lo que las investigaciones tardan mucho”.
 
Subrayó que no existe un número claro de la cantidad de fosas clandestinas que hay en todo el país, lo que se agrava con el hecho de que la PGR tiene menos de 20 expertos en materia de identificación de cuerpos.
 
La activista de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México FUNDEM–Guanajuato, Grace Fernández, y hermana de una persona desaparecida de manera forzosa, dijo que hay una doble victimización, ya que las personas padecen primero la desaparición, y luego la negación del gobierno de lo que está sucediendo.
 
Agregó que, junto con los problemas que causa la ausencia de la víctima, se suma la pérdida de derechos. “Con el desaparecido se van sus bienes, la seguridad social para su familia y muchas cosas más”.
 
Entregó al presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano Grijalva, una solicitud para que sea tomada en cuenta la participación de las familias de las víctimas en la elaboración de la ley “y se haga realidad el cambio”.
 
Del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, Araceli Rodríguez pidió que dentro de la Ley General de Desaparición Forzada y por Particulares, se establezca la no prescripción del delito, para que las autoridades no nieguen la atención bajo el argumento del tiempo transcurrido.
 
“Queremos que la Cámara de Diputados abrace el dolor de las familias de las víctimas, para que la ley no se tire a la basura”, declaró.
 
Del mismo organismo, Marisela Orozco, víctima de desplazamiento en Veracruz, relató que se vio orillada a emigrar después del secuestro de su hijo, quien fue asesinado a pesar de haber pagado el rescate, dentro de la misma colonia en donde vivía.
 
“No hemos recibido atención del gobierno, no sé si esperan que nos maten a mi esposo, a mi hija y a mí, o que nos quieran amedrentar para que dejemos de fastidiar y ser la piedrita en el zapato”.
 

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