En marzo de 2012 el Gobierno de Mario López Valdez dio el primer golpe en materia de justicia contra funcionarios de la administración de Jesús Aguilar Padilla, pero lo hizo sustentado en palabras.
De acuerdo con expedientes de amparos tramitados en los juzgados de distrito consultados por Ríodoce, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) acusó al ex director de fiscalización, Ricardo Fuentes Milán y al Subsecretario de Administración y Finanzas, Luis Alfonso Morales Blancarte, solo con declaraciones de testigos.
Mediante amparos, ambos lograron dejar insubsistes los auto de formal prisión en su contra y que los jueces de la causa les dictaran auto de libertad, y Morales Blancarte además obtuvo un amparo en el que un Tribunal Colegiado ordenó al gobernador Mario López Valdez publique el decreto de su pensión aprobado en 2011 y pague el retroactivo a ese año.
Fuentes Milán fue acusado de peculado, mientras que Morales Blancarte de robo, “quebrantando la confianza derivada de una relación de trabajo cometido en agravio del patrimonio del Gobierno del Estado”.
Según la PGJE, cuando eran funcionarios desmantelaron 272 vehículos y quitaron el motor, transmisión y diversas piezas útiles para venderlas; y posteriormente compactaron las unidades.
Los vehículos eran de procedencia extranjera y habían sido asegurados por diversas irregularidades por autoridades federales y transferidas al Gobierno del Estado.
La fiscalía estatal estimó un quebranto económico por 6 millones 617 mil pesos.
Según los extractos de la averiguación previa citados en los expedientes de amparo, la PGJE fincó la acusación con base en la declaración de una persona que supuestamente participó en la compactación de los vehículos y de un “testigo de oídas” que tuvo conocimiento de los hechos por un tercero.
Luego del análisis jurídico, los jueces determinaron que solo se trataba de imputaciones que no tenían apoyo en otro u otros medios de prueba que hagan verosímil la acusación.
“La autoridad responsable pretende acreditar (la acción ilegal) únicamente con los testimonios de los deponentes que rindieron declaración en la etapa de averiguación previa, en las que únicamente describen hechos que consideraron ilícitos, cometidos en perjuicio de la administración pública estatal, y que hicieron consistir en el desmantelamiento que realizaron diversas personas sobre los vehículos de procedencia extranjera decomisados, aprovechando que se ordenó su compactación y trituración por parte de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, de la cual dependía en ese entonces el ahora quejoso mientras fungía como subsecretario de finanzas”, señala un amparo de Morales Blancarte.
El juez consideró que tampoco se obtiene indicio alguno respecto a la participación de Morales Blancarte en la comisión del delito, pues solo hizo uso de sus facultades como funcionario al autorizar la destrucción de los vehículos.
“Solamente se advierte que el ahora quejoso, en su carácter de subsecretario de Finanzas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, firmó un contrato de prestación de servicios para la compactación de vehículos de procedencia extranjera, propiedad del Estado”.
Dicha conducta, agrega, “no puede traducirse en modo alguno en un apoderamiento sobre las unidades motrices aludidas, pues como se desprende de los propios testimonios, se trató de un trámite administrativo propio del encargo que el ahora recurrente detentaba en la administración pública”.
El ex funcionario estaba sujeto a proceso penal desde el 8 de julio de 2013 cuando dictaron el auto de formal prisión en su contra, pero en marzo de 2015 el juez dictó auto de libertad por falta de elementos para procesar por no haberse acreditado la comisión del delito de robo quebrantando la confianza derivada de una relación de trabajo.
En diciembre pasado, Morales Blancarte dio otro golpe jurídico al Gobierno de Mario López Valdez al lograr que el Juzgado Cuarto del Décimosegundo Distrito ordenara el pago de su pensión por jubilación.
Morales Blancarte solicitó la protección de la justicia federal por la falta y omisión de promulgación, publicación y entrada en vigencia del decreto 205 por medio del cual se concedió la pensión por jubilación.
El decreto fue aprobado por el Congreso del Estado en marzo de 2011 por un monto de 49 mil 262 pesos con 25 centavos mensuales pero no ha sido publicado por el gobernador.
Junto con la pensión de Morales Blancarte se aprobaron los decretos de pensión del 186 al 211 y fueron publicados en el Diario Oficial del Estado, excepto el 205 que corresponde al ex funcionario.
“Deben reputarse inconstitucionales los diversos actos reclamados a dicho Gobernador, consistentes en la omisión de publicación del Decreto número 205 emitido por el Congreso del Estado de Sinaloa. Toda vez que esos actos omisivos son consecuencia directa de la ilegal omisión del Gobernador de promulgar el citado Decreto”, indica el documento.
Tras analizar la demanda los magistrados ordenaron al mandatario estatal publique el documento de manera inmediata en el Diario Oficial del Estado.
Al Secretario de Administración y Finanzas, Armando Villarreal Ibarra, ordenaron pague la pensión con retroactivo al mes de abril de 2011.
La Secretaría General de Gobierno presentó un recurso de revisión al amparo concedido a Morales Blancarte en el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y fue admitido a trámite y actualmente el juicio se encuentra en curso.
