jueves, diciembre 9, 2021
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Hora de desinvertir

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A fin de sexenio se esfuman programas de apoyo a la Tenencia, 70 y más, Ciencia y tecnología…

 

En el ocaso del actual sexenio gubernamental, el secretario de Administración y Finanzas, Armando Villareal, expresa con frialdad de administrador: “Es hora de desinvertir en programas”. La afirmación fue expresada frente a los legisladores locales con quienes se reunió por la tarde, para argumentar los números del documento que contiene la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2016.

Y asegura que para el ejecutivo no es fácil decidir a qué partida le quita para ponerle a otra.  Luego les cuestiona: ¿A quién le quitamos presupuesto? ¿Al Centro de Ciencias, o al Programa de Uniformes y Útiles Escolares, o a la Ossla?

Luego vendría la explicación, apoyado por el equipo de trabajo a sus espaldas: El 2016 no viene sencillo para el escenario macroeconómico, a pesar de que Sinaloa es una de las pocas entidades del país que no sufrirá decrementos en sus participaciones federales, sino por el contrario, tendrá un crecimiento del 3.7 por ciento.

A la hora de “desinvertir” en el último año del gobierno de Mario López Valdez, la propuesta es reducir la afectación que tienen las finanzas por concepto del subsidio al pago de la tenencia. En el 2016 se pretende que entre a las arcas estatales el pago del impuesto por concepto de  tenencia de vehículos cuyo valor sea superior a los 400 mil pesos.

En campaña, el ofrecimiento de Malova de no pago a la tenencia fue uno de las promesas estrella en tiempos electorales, pero ahora dicen que los números de las finanzas no alcanzan para cerrar el sexenio.

El programa 70 y Más es otro de los que se eliminan del presupuesto estatal para el 2016.

A la hora de recortar gastos para cerrar el sexenio, las cinco áreas de mayores decrementos son: Oficina de Representación en el DF (42.84 por ciento), Desarrollo Económico (19.74 por ciento), Transparencia y Rendición de Cuentas  (16.28 por ciento), Desarrollo Urbano y Obras Públicas (12.93 por ciento) y Desarrollo Social (12.36 por ciento).

En general el presupuesto es muy similar al de 2015. En el presupuesto de 2016, en donde la característica en general es que las dependencias del poder ejecutivo tienen decrementos en términos reales, si se considera el factor inflación, los únicos que crecen en financiamiento son los partidos políticos y las autoridades electorales, por ser 2016 año de comicios.

Los “ajustados”

Dentro de los decrementos se incluye a la Subprocuraduría General de Justicia, que pasa de 9.2 millones que se le asignó en 2015 a 4.6 millones, aunque existen otras áreas en las que se le incrementó el presupuesto.

“El problema aquí es la estrategia”, expresa la diputada del PRD, Imelda Castro.

El Instituto de Apoyo a la Investigación e Innovación, que antes era el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, tiene un presupuesto de tan solo 6.4 millones de pesos para el 2016.

“Es impresionante porque nunca en la historia de este sexenio habían tratado así a la Ciencia y la Tecnología, siempre la han tratado mal, pero ahora estuvo peor”, expresa la legisladora.

La presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología, Laura Galván, expresó directamente al tesorero su desacuerdo sobre el decremento en esta área, sin que se haya tomado en cuenta lo determinante que puede ser para la entidad. Pone el ejemplo del caso del tomate, cuya producción comercial y exportación pudo destrabarse gracias a las aportaciones de científicos sinaloenses.

De acuerdo con el historial de presupuestos del actual sexenio de Mario López Valdez, la más baja cantidad destinada a Ciencia y Tecnología fue durante 2011, cuando se le asignó 12 millones 413 mil 017 pesos. Para el 2016 se tienen programado prácticamente la mitad de esta cantidad, cuando en 2015 se le destinaron poco más de 29 millones de pesos.

Imelda Castro Castro hace el acotamiento que aunque en el 2015 se tenían planeados otorgar 29 millones de pesos a Ciencia y Tecnología, en realidad se les otorgó el 40 por ciento.

“Si ahora le asignan 6 millones, pues le van a dar 2 millones. Esto sí es imperdonable francamente, el comportamiento que se tiene en ese presupuesto”.

Las reducciones en los gastos de la Oficina de Representación en el DF, la Dirección de Contraloría Social y la Coordinación de Acceso a la Información, la legisladora los considera sanos, no así la del INAPI, cuyo decremento en el presupuesto lo califica como escandaloso e inaceptable.

Junto el INAPI, el eje de Fomento y Promoción Económica disminuye en 60 millones de pesos.  Al tener el año pasado 161.1 millones de pesos a 100 millones de pesos. Áreas como la de Desarrollo Productivo se propone sufran un decremento al pasar de 34 millones a tan solo 3.5 millones de pesos.

Similar escenario tiene el Fomento de la Competividad Estatal: de 45 millones presupuestados en 2015, ahora están destinados solamente 14.5 millones de pesos. El decremento de la tres áreas suman en la Secretaría de Desarrollo Económico una caída de alrededor de 120 millones de pesos.

Los que no se presupuestó

Aunque todas las dependencias del Poder Ejecutivo están incluidas, no todas las necesidades entraron en el presupuesto.

Durante la reunión de trabajo con la con la Comisión de Hacienda Pública y Administración, la diputada Sandra Judith Lara cuestionó que no se contemplaron recursos para la creación del Fondo de Protección de Víctimas del Delito, a pesar de ser una obligación.

Tampoco en el presupuesto de 2016 aparecen recursos destinados a la indemnización por concepto de la construcción de la presa Santa María en el sur de Sinaloa, aunque confío que necesidades de este tipo podrían ser resueltas con recursos adicionales que pudieran obtenerse  en el transcurso de 2016, con diversas negociaciones del gobierno federal.

RECUADRO 1:

DEPENDENCIAS CON MAYOR REDUCCIÓN

DEPENDENCIA REDUCCIÓN EN

PORCENTAJE

COMPARATIVAMENTE ENTRE

2015 Y 2016

Representación en el DF 42.84
Desarrollo Económico 19.74
Transparencia y Rendición de Cuentas 16.28
Desarrollo Urbano y Obras Públicas 12.93
Desarrollo Social 12.36

 

RECUADRO 2:

LOS QUE GASTARÁN MÁS EN 2016

GRUPOS INCREMENTO EN

PORCENTAJE COMPARATIVO ENTRE

2015 Y 2016

PARTIDOS POLÍTICOS Y ORGANISMOS

ELECTORALES

116.20
PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 112.02
SEGURIDAD SOCIAL (PENSIONES) 9.39
PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 5.53

 

RECUADRO 3:

LAS ÁREAS MÁS FAVORECIDAS

DEPENDENCIA 2015 2016
Subsecretaría de Seguridad Pública y

de Prevención y  Readaptación Social

2,634,488 22,482,090
Procuraduría de Justicia
Dirección de Investigación Criminalística y Servicios Periciales 19,414,111 31,142,528
Dirección de Averiguaciones Previas 142,414,867 170,605,422
Mejoramiento de Procuración de Justicia 123,347,784 161,347,784

 

RECUADRO 4:

ÁREAS MÁS CASTIGADAS

DEPENDENCIA 2015 2016
Subprocuraduría  de Justicia 9,296,670 4,630,379
Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología 29,426,305 6,426,305
Dirección de Contraloría Social 7,631,041 3,517,017
Secretaría de Desarrollo Económico
Fomento y Promoción Económica 161,893,767 100,958,767
Desarrollo Productivo del Estado 34,000,000 3,500,000
Fomento a la Competitividad Estatal 45,000,000 14,565,000

 

RECUADRO 5:

LAS CUCHARA GRANDE DE LOS PARTIDOS:

  2015 2016
Financiamiento público a partidos políticos 123,009,621 213,156,611
Partido Acción Nacional 26,702,124 46,270,641
Partido Revolucionario Institucional 34,459,597 59,713,139
Partido de la Revolución Democrática 8,849,513 15,334,835
Partido del Trabajo 5,188,676 8,991,172
Partido Verde Ecologista de México 7,156,879 12,401,672
Movimiento Ciudadano 4,836,215 8,380,412
Partido Nueva Alianza 13,061,376 22,633,341
Partido Sinaloense 16,045,627 27,804,584
P. Morena 2,236,538 3,875,575
P. Encuentro Social 2,236,538 3,875,575
P. Humanista 2,236,538 3,875,575
Organismos electorales 58,563,848 200,083,738
Consejo Estatal Electoral 45,975,728 176,083,410
Tribunal Estatal Electoral 16,588,120 24,000,328

 

 

ENGARZADA…

Fotos:

Mujeres, desplazados, desaparecidos  EN LA INDEFENSIÓN. Mujeres, desplazados, familiares de desaparecidos…

La atención a víctimas, fuera del presupuesto

Miriam Ramírez

Tan sólo en el 2014, Sinaloa registró más de 445 mil casos de víctimas por diversos delitos, según información de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2015. Sin embargo, a pesar de contar con una Ley estatal para la protección de las víctimas, dicha legislación y sus obligaciones parecieran ser letra muerta en la entidad.

Aprobada el 30 de julio de 2014, la Ley Estatal de Atención y Protección a Víctimas del Estado de Sinaloa, uno de los andamios que compone la estructura del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, entrará a su segundo año sin que se le asignen recursos para cumplir con lo que mandata.

De acuerdo con los transitorios del decreto que crea la ley, 30 días después de su publicación en el Diario Oficial, se tenía que expedir el reglamento, se debería integrar el Sistema Estatal de Atención a Víctimas y conformarse la Comisión Estatal de Atención a Víctimas.

Además, en su título décimo, la Ley ordena la creación del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral para la ayuda, asistencia, auxilio y reparación integral de las víctimas del delito y las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos.

Un año y medio después de haberse aprobado en el Congreso local, luego de que el Gobierno Federal obligara a Sinaloa a adoptar la legislación, ninguno de los mandatos de la ley se han hecho efectivos.

“No es mi especialidad”.

“Nosotros ponemos lo que las dependencias nos solicitan, a nosotros no nos llegó, por eso no lo pusimos”, fue la respuesta que Armando Villareal Ibarra, secretario de Administración y Finanzas, dio al ser cuestionado sobre la ausencia de recursos para crear la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas, que por segundo año se queda sin presupuesto.

La diputada Sandra Judith Lara Díaz utilizó su turno en la lista de más de 10 legisladores que increparon al funcionario para preguntar sobre los recursos de la Comisión Estatal de Víctimas.

“Podemos entender las dificultades económicas que pasa Sinaloa, pero hay otros estados, la inmensa mayoría que ya cumplieron con esta disposición constitucional”, reclamó la legisladora quien recordó que la ley fue aprobada hace un año y medio, y se trata de la segunda ocasión que se queda fuera del presupuesto.

“Así como Sinaloa ha ido cumpliendo cabalmente con la implementación paulatina del nuevo Sistema de Justicia Penal, como parte complementaria se tiene que cumplir también con la ley local que atiende a un mandato del Congreso de la Unión a través de la Ley General de Víctimas”, enfatizó Lara Díaz.

El diputado Ramón Lucas Lizárraga ha cuestionado en otras ocasiones que “el Congreso no puede dejar pasar el tiempo para nombrar la Comisión de Atención a Víctimas, mientras el número de víctimas se multiplica”.

Villareal Ibarra se defendió ante los señalamientos al argumentar que se trataba de un tema que no era de su especialidad y que la Procuraduría no le había solicitado recursos para cumplir con lo que obliga la ley.

 

Convocatoria en pausa

Pero la falta de recursos para las víctimas no es lo único que omitió el gobierno del Estado. A principios de febrero de este año, la Secretaría General de Gobierno lanzó una convocatoria, que ya venía retrasada, para elegir a los tres comisionados que integrarán la Comisión de Víctimas.

La convocatoria debió lanzarse 30 días después de que se publicó la ley, pero fue hasta seis meses después cuando se convocó a los interesados. La convocatoria cerró dos meses después, con apenas cinco candidatos inscritos.

En un segundo intento, la Secretaría de Gobierno lanzó una segunda convocatoria que requirió una ampliación de plazo para que finalmente se lograrán registrar 12 aspirantes, pero el proceso para que el Ejecutivo presentara tres ternas y el Legislativo votará por los tres comisionados nunca llegó.

“Uy, ya hasta se me había olvidado”, respondió en facto, José Antonio Figueroa Lee, uno de los aspirantes registrados para integrar la Comisión Estatal de Atención a Víctimas.

El litigante recordó que se registró en el plazo que marcó la convocatoria pero nunca tuvo respuesta de qué sucedió con el proceso, el cual hasta el momento no se ha finalizado.

En entrevista, José Luis López Duarte, otro de los aspirantes, consideró que a su parecer el proceso se quedó en pausa debido a la falta de presupuesto para operar la comisión.

El ex dirigente estatal del PRD aseguró que es grave el retraso que presenta en Sinaloa la aplicación de la Ley Estatal de Víctimas, ya que el acompañamiento a la víctima es un parte fundamental en la operación del Nuevo Sistema de Justicia Penal.

La Comisión de Víctimas está diseñada para la ayuda, asistencia, atención y reparación de daño a las víctimas, además será la encargada del registro de víctimas, el fondo de ayuda y la asesoría jurídica a las víctimas.

“Yo entiendo que eso se quedó en pausa porque no hay dinero, no tiene sentido escoger a los comisionados si no van a tener para trabajar, sería simulación. Está en la cancha de los diputados que le den presupuesto para que se aceleré, sino va a haber un retraso como ya se viene dando y nos vamos rezagando en la implementación del sistema”, enfatizó.

Promesas incumplidas

Ya a finales de 2014, cuando se aprobó el presupuesto 2015, la discusión sobre la falta de recursos para Comisión de Víctimas fue un tema crítico. Dos meses después, el secretario General de Gobierno, Gerardo Vargas Landeros, aseguró que la Procuraduría de Justicia del Estado reasignaría recursos a lo largo del año para crear la Comisión, pero dicha reasignación nunca llegó.

En el incumplimiento a las víctimas, Sinaloa no ha emitido el reglamento de la Ley, no ha formado el Sistema Estatal de Atención a Víctimas, no ha concluido la convocatoria para elegir a los comisionados y hasta el momento, la Comisión de Atención a Víctimas no se contempla en el proyecto de presupuesto para 2016.

 

 

 

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