Tan sólo en el 2014, Sinaloa registró más de 445 mil casos de víctimas por diversos delitos, según información de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2015. Sin embargo, a pesar de contar con una Ley estatal para la protección de las víctimas, dicha legislación y sus obligaciones parecieran ser letra muerta en la entidad.

Aprobada el 30 de julio de 2014, la Ley Estatal de Atención y Protección a Víctimas del Estado de Sinaloa, uno de los andamios que compone la estructura del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, entrará a su segundo año sin que se le asignen recursos para cumplir con lo que mandata.

De acuerdo con los transitorios del decreto que crea la ley, treinta días después de su publicación en el Diario Oficial, se tenía que expedir el reglamento, se debería integrar el Sistema Estatal de Atención a Víctimas y conformarse la Comisión Estatal de Atención a Víctimas.

Además, en su titulo décimo, la Ley ordena la creación del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral para la ayuda, asistencia, auxilio y reparación integral de las víctimas del delito y las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos.

Un año y medio después de haberse aprobado en el Congreso local, luego de que el Gobierno Federal obligara a Sinaloa a adoptar la legislación, ninguno de los mandatos de la ley se han hecho efectivos.

“No es mi especialidad”.

“Nosotros ponemos lo que las dependencias nos solicitan, a nosotros no nos llegó, por eso no lo pusimos”, fue la respuesta que Armando Villareal Ibarra, secretario de Administración y Finanzas, dio al ser cuestionado sobre la ausencia de recursos para crear la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas, que por segundo año se queda sin presupuesto.

El pasado miércoles por la tarde, el titular de las finanzas en el estado compareció ante los diputados sinaloenses para explicar y defender las asignaciones en el proyecto de presupuesto de egresos 2016.

La diputada Sandra Judith Lara Díaz utilizó su turno en la lista de más de 10 legisladores que increparon al funcionario para preguntar sobre los recursos de la Comisión Estatal de Víctimas.

“Podemos entender las dificultades económicas que pasa Sinaloa, pero hay otros estados, la inmensa mayoría que ya cumplieron con esta disposición constitucional”, reclamó la legisladora quien recordó que la ley fue aprobada hace un año y medio y se trata de la segunda ocasión que se queda fuera del presupuesto.

“Así como Sinaloa ha ido cumpliendo cabalmente con la implementación paulatina del nuevo Sistema de Justicia Penal, como parte complementaria se tiene que cumplir también con la ley local que atiende a un mandato del Congreso de la Unión a través de la Ley General de Víctimas”, enfatizó Lara Díaz.

Villareal Ibarra se defendió ante los señalamientos al argumentar que se trataba de un tema que no era de su especialidad y que la Procuraduría no le había solicitado recursos para cumplir con lo que obliga la ley.

Convocatoria en pausa.

Pero la falta de recursos para las víctimas no es lo único que omitió el gobierno del Estado. A principios de febrero de este año, la Secretaría General de Gobierno lanzó una convocatoria, que ya venía retrasada, para elegir a los tres comisionados que integrarán la Comisión de Víctimas.

La convocatoria debió lanzarse 30 días después de que se publicó la ley pero fue hasta seis meses después cuando se convocó a los interesados, sin embargo, la convocatoria cerró dos meses después con apenas cinco candidatos inscritos.

En un segundo intento, la Secretaría de Gobierno lanzó una segunda convocatoria que requirió una ampliación de plazo para que finalmente se lograrán registrar 12 aspirantes, pero el proceso para que el Ejecutivo presentara tres ternas y el Legislativo votará por los tres comisionados nunca llegó.

“Uy, ya hasta se me había olvidado”, respondió en facto, José Antonio Figueroa Lee, uno de los aspirantes registrados para integrar la Comisión Estatal de Atención a Víctimas.

El litigante recordó que se registró en el plazo que marcó la convocatoria pero nunca tuvo respuesta de qué sucedió con el proceso, el cual hasta el momento no se ha finalizado.

En entrevista, José Luis López Duarte, otro de los aspirantes, consideró que a su parecer el proceso se quedó en pausa debido a la falta de presupuesto para operar la comisión.

El ex dirigente estatal del PRD aseguró que es grave el retraso que presenta en Sinaloa la aplicación de la Ley Estatal de Víctimas, ya que el acompañamiento a la víctima es un parte fundamental en la operación del Nuevo Sistema de Justicia Penal.

La Comisión de Víctimas está diseñada para la ayuda, asistencia, atención y reparación de daño a las víctimas, además será la encargada del registro de víctimas, el fondo de ayuda y la asesoría jurídica a las víctimas.

“Yo entiendo que eso se quedó en pausa porque no hay dinero, no tiene sentido escoger a los comisionados si no van a tener para trabajar, sería simulación. Está en la cancha de los diputados que le den presupuesto para que se aceleré, sino va a haber un retraso como ya se viene dando y nos vamos rezagando en la implementación del sistema”, enfatizó.

Promesas sin cumplir.

Ya a finales de 2014, cuando se aprobó el presupuesto 2015, la discusión sobre la falta de recursos para Comisión de Víctimas fue un tema crítico. Dos meses después, el secretario General de Gobierno, Gerardo Vargas Landeros, aseguró que la Procuraduría de Justicia del Estado reasignaría recursos a lo largo del año para crear la Comisión pero dicha reasignación nunca llegó.

En el incumplimiento a las víctimas, Sinaloa no ha emitido el reglamento de la Ley, no ha formado el Sistema Estatal de Atención a Víctimas, no ha concluido la convocatoria para elegir a los comisionados y hasta el momento, la Comisión de Atención a Víctimas no se contempla en el proyecto de presupuesto para 2016.