Servicio de transporte de Mazatlán, analizado por la Suprema Corte de Justicia

Un grupo de ciudadanos podría lograr por la vía judicial que se mejore el transporte público de Mazatlán.

La asociación civil Acciones Colectivas por Sinaloa presentó una demanda  contra la Alianza de Transportadores y Camioneros de Servicios Urbanos y Suburbanos de Mazatlán, y mantiene un pleito legal desde 2013.

El caso ahora está en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, después de que la Primera Sala ejerció la facultad de atracción y el fallo servirá para sentar un precedente sobre la forma en que deben resolverse las demandas colectivas en el caso del transporte público, además de ser la primer caso de este tipo que resuelve el alto tribunal.

De acuerdo con expedientes de los Juzgados de Distrito donde se ha llevado el caso, los usuarios del transporte reclaman que los camiones incumplen con las obligaciones establecidas en la Ley de Tránsito y Transportes del Estado de Sinaloa y su reglamento general.

El grupo de ciudadanos exige camiones con asientos para discapacitados, limpios, sin música a alto volumen, con aire acondicionado, que no circulen a exceso de velocidad, y que los conductores estén capacitados y no hablen por celular mientras manejan.

Tras un camino de dos años en los tribunales, el grupo de ciudadanos ganó la demanda.

Sentencia a favor

El colectivo acusó que los camiones de la Alianza que circulan por Mazatlán violan el derecho a las personas con discapacidad, porque no cuentan con asientos destinados exclusivamente a ellos, los operadores no cuentan con certificado de aptitud y carecen de un contrato de seguro para proteger a sus pasajeros, no tienen aire acondicionado, además de circular a exceso de velocidad.

El Juez Décimo de Distrito consideró fundados los reclamos y falló a favor de los ciudadanos.

Entre las sanciones impuestas por el Juez se encuentran la de efectuar una bonificación del 20 por ciento del precio de la tarifa que los miembros del grupo pagaron por el servicio prestado.

El juzgador reconoció que los boletos de transporte público amparan la celebración de un contrato de servicio público de transporte.

La celebración de un contrato, falló el Juez, exige un cumplimiento forzoso de las obligaciones y derechos, que en este caso están contenidos en la Ley de Tránsito y Transportes del Estado.

El Juez ordenó a los transportistas colocar instrumentos que controlen la velocidad, implementar medidas para que los choferes no suban pasaje mayor al que puede ir sentado, impida que los conductores lleven música y copilotos, y hablen por celular mientras manejan.

La Alianza presentó una demanda de amparo contra el fallo  y el Juzgador determinó solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva el caso.

Caso atraído por la Suprema Corte

Para los magistrados de la Primera Sala de la SCJN este caso es trascendente y ejercieron la facultad de atracción.

El Alto Tribunal analizará el alcance que deben tener los efectos de la sentencia cuando se trate de reclamaciones de interés colectivo y que éstas son ejercidas por usuarios de transporte.

Los magistrados se pronunciarán sobre  ¿cuáles son los requisitos de legitimación para interponer una acción individual homogénea?,  ¿la exhibición de un boleto de transporte es suficiente para tener por acreditada la existencia de una relación contractual con la empresa proveedora de ese servicio, cuando se está en el caso de una acción individual?, ¿cómo operan las cargas probatorias para evidenciar el incumplimiento del contrato base de la acción?,  de condenarse a la parte demandada, ¿los efectos de la sentencia deben ser “inter partes” o generales?, ¿cómo se debe computar la sanción económica que en su caso se imponga por esa vía?

El caso fue listado por primera vez la semana pasada y turnado a la magistrada Olga Sánchez Cordero, para que elabore el proyecto de sentencia y someterlo a análisis y votación.

Quieren transporte de primer mundo

El abogado del Colectivo, Cristóbal Álvarez Bernal, explicó que los ciudadanos solo buscan que el transporte público cumpla con las obligaciones que establece la Ley de Tránsito del Estado.

“Si condenan a la Alianza a que cumpla lo que dice la ley mejoraría la calidad del servicio, sería de primer mundo; si se hace lo que dice la Ley estamos hablando de un servicio de transporte que traería un montón de beneficios para los usuarios”, dijo.

En 2013 la demanda fue presentada por 40 ciudadanos, mencionó, pero se han sumado más usuarios y ya son alrededor de 80 personas la que forman parte de la demanda colectiva.

Inicialmente la demanda fue rechazada, pero mediante apelaciones y amparos lograron que un Juez la admitiera y dictara sentencia a favor de los usuarios, pero el fallo no ha sido cumplido debido a que la Alianza pidió el amparo que está en manos de los magistrados de la SCJN.

“Nosotros creemos que tenemos bastantes probabilidades de que se confirme la sentencia a favor que ya fue dictada por un tribunal de apelación”, indicó.

Álvarez Bernal comentó que el Colectivo tiene otras demandas en trámite contra la empresa Águilas del Pacífico que opera los transportes conocidos como peseros y una contra las pulmonías.

Además analizan demandar también a los dos sindicatos de taxistas del puerto.

En todos los casos, explicó, solo piden que cumplan con lo que establece la ley.