Actos anticipados de precampañas

 

gerardo y sergio
   GERARDO VARGAS Y SERGIO TORRES. Promoción personal.

 

 

 

Para nadie medianamente informado es desconocido que la mayoría de los aspirantes del PRI al gobierno están desatados y que no hay autoridad, ni instancia partidaria capaz de detenerlos.

Recorren una y otra vez el territorio estatal reuniéndose con quien sea capaz de convocar a cinco personas o abrir un micrófono de la radio; incluso en aras de su objetivo de ser bendecido por el de arriba llevan a cabo campañas sucias, lo que ha provocado que su dirigenta estatal y el delegado del CEN —para que las cosas no se salgan de control— convocan a ocho de ellos para la firma de un pacto de civilidad que ya sabemos para lo que sirven.

Quizá el problema, no es que vayan los aspirantes a todas, sino que no estamos en tiempos de precampañas ni tampoco en campañas constitucionales, es decir, no hay todavía formalmente un proceso electoral.

Luego, entonces, sus actos públicos debería sancionarlos la autoridad electoral, pero la ley es permisiva y los consejeros electorales, más los dirigentes de partidos, evitan meterse en un callejón sin salida.

Recordemos que el artículo tercero, inciso b, de la nueva Ley general electoral, reconoce como Actos Anticipados de Precampaña: “Las expresiones que se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento durante el lapso que va desde el inicio del proceso electoral hasta antes del plazo legal para el inicio de las precampañas, que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de una precandidatura”.

Y es ahí donde se tuerce todo. Estos actos solo se pueden sancionar en tanto estén dentro del proceso electoral. No antes, lo cual es una barbaridad jurídica, porque no termina por reconocerse como una violación que evidentemente va contra el principio de equidad en la competencia.

Y es que la política así, es acumulativa y ventajosa. Además hay que atender que no todos los aspirantes están en la misma situación, pues lo hay quienes van por la libre con sus ambiciones y los que están en funciones públicas, cómo son los casos de Gerardo Vargas y Sergio Torres, secretario de Gobierno y alcalde de la capital, respectivamente, quienes llevan a cabo actos donde existe propaganda personalizada y éstos si se regulan, de acuerdo a dos sentencias de la Corte, cuando señala:

Una. La promoción personalizada se actualiza cuando se tienda a promocionar, velada o explícitamente, al servidor público (SUP-RAP-43/2009, SUP-RAP-150/2009).

Dos. La promoción personalizada se actualiza cuando la propaganda tienda a promocionar al servidor público destacando su imagen, cualidades o calidades personales, logros políticos y económicos, partido de militancia, creencias religiosas, antecedentes familiares o sociales, etcétera, asociando los logros de gobierno con la persona más que con la institución, y el nombre y las imágenes se utilicen en apología del servidor público con el fin de posicionarlo en el conocimiento de la ciudadanía con fines político electorales (SUP-RAP-43/2009).

Ahora bien, las instituciones electorales efectivamente no actúan de oficio, sino que son en cierta forma mensajeros de los actores legalmente reconocidos y son ellos los que pueden interponer recursos para que la autoridad electoral actúe en consecuencia.

Entonces, tiene razón Karla Peraza, presidenta del Instituto Estatal Electoral de Sinaloa, cuando dice que no puede intervenir más que con  apercibimientos a estos funcionarios y los otros aspirantes. Lo criticable a Karla Peraza es que lo haga sumariamente, pues no todos los aspirantes del PRI están en la misma tesitura de gobierno.

Se necesita que los partidos lo hagan para que la maquinaria de justicia electoral se ponga en operación. Pero cada una de las formaciones políticas en Sinaloa está esperando ver como resuelve el PRI lo de su candidato, y en tanto, mantienen estrategias precautorias con el fin de no quemar posibles alianzas en un eventual desprendimiento como en 2010.

Entonces, es previsible que cuando esto ocurra, sí lloverán críticas, quejas y hasta reclamos por la omisión del Instituto Electoral, que es donde se les puede empezar a complicar a sus miembros y es ahí cuando se pondrá a prueba la independencia del órgano electoral.

En tanto, los aspirantes seguirán con sus juegos mediáticos, a sabiendas que solo uno podrá ser el elegido por la mano del todopoderoso y omnipotente líder de los priistas.

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