martes, junio 28, 2022
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  • Dias de Impunidad

Policías no aptos, en las calles

 

 

MARIA ELENA MORERA. Falta vinculación entre los centros y las instituciones de seguridad.
MARIA ELENA MORERA. Falta vinculación entre los centros y las instituciones de seguridad.

 

Siguen trabajando mil 245 agentes reprobados en el examen de control de confianza

 

 

A pesar de que las autoridades estatales y municipales tienen el conocimiento que alrededor de mil 245 policías de los 3 mil 446 que hay en Sinaloa, tienen nexos con el crimen organizado, consumen drogas o carecen de capacidades psicológicas o físicas para realizar labores de seguridad pública, éstos siguen en sus puestos, aun cuando desde hace un año las entidades del país deberían contar con policías certificados por los Centros de Control de Confianza.

El 30 de octubre del 2015 fue la fecha en que se cumplió un año de que venció el plazo que señala el artículo tercero transitorio de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a través de la cual todos los estados de México están obligados a contar con la totalidad de seguridad pública certificado en materia de control de confianza.

Hasta el 31 de mayo de este año, 99.9 por ciento del personal de seguridad pública de Sinaloa se encontraba evaluado mediante el examen de control de confianza, y solo un elemento estaba pendiente de la evaluación; según un reporte de la organización ciudadana “Causa en Común”: de esos elementos el  36.1 por ciento entran en la categoría de “personal en activo no aprobado”.

Los centros de evaluación de control de confianza no son los órganos encargados de realizar los procedimientos de baja de los servidores públicos que resulten no aprobados. En Sinaloa el procedimiento de separación del cargo del personal de seguridad no aprobado corresponde a la Comisión de Honor y Justicia.

“Causa en Común” ha señalado que en el estado hay un rezago importante en las bajas,  ocupando el segundo lugar tan solo por debajo del estado de Veracruz en esa situación.

María Elena Morera, presidenta de Causa en Común A.C, informó en febrero de este año a los diputados federales que de acuerdo con las visitas realizadas por la organización desde hace cuatro años a los Centros Estatales de Control de Confianza de todo el país, identificaron que “el principal problema para que los procesos de baja del personal no aprobado se cumplan, está relacionado con la falta de vinculación entre los centros y las instituciones de seguridad pública”.

“Es necesario fortalecer los canales institucionales para que exista un flujo de información responsable y suficiente entre ambas instancias que permita conocer de manera precisa las causas de no aprobación del personal y se le pueda dar de baja con expedientes correctamente integrados, que respeten los derechos laborales y que castigue a quienes se vinculen con la delincuencia, sea quien sea”, señalo María Elena Morera.

Hasta el momento el reporte emitido por la organización encargada de dar seguimiento  y transparencia en temas de seguridad pública, sigue destacando que dentro del personal no apto se encuentra el Jefe de la Policía Ministerial del estado, el comandante Jesús Aguilar Iñiguez, pero el jefe de la corporación ministerial no es el único no apto para su puesto.

Según la información proporcionada por la Procuraduría General de Justicia como respuesta a la solicitud de acceso a la información correspondiente al número de folio 00421015, durante el año 2014 fueron evaluados 137 elementos de la Policía Ministerial de Sinaloa, de los cuales 104 fueron aprobados y 33 resultaron no aptos; y de enero a julio de este año de 24 evaluaciones  fueron aprobados 19 elementos resultando 5 como no aprobados.

De los 33 agentes  de la policía ministerial que resultaron no aptos durante el 2014 tan solo habían sido destituidos dos elementos por no aprobar las evaluaciones de control de confianza.

Durante el 2014, la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió un total de 30 recomendaciones a la PGJE, en su mayoría  por actos cometidos por elementos de la Ministerial. En las recomendaciones se señalan detenciones arbitrarias, retenciones ilegales, malos tratos, allanamiento de morada, hasta  tortura, a pesar de que desde el programa de formación inicial para los policías ministeriales se les brindan asignaturas, como derechos humanos y actuación policial.

JESÚS AGUILAR ÍÑIGUEZ. Chuytoño, reportado como “no apto”.
JESÚS AGUILAR ÍÑIGUEZ. Chuytoño, reportado como “no apto”.

 

 

 

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