Se supone que el revés les debió provocar, al menos, un poco de desagrado, contrariedad, molestia… pero lo que hubo en el Congreso del Estado fue bailongo, festejo, choque de copas. La Suprema Corte de Justicia de la Nación echó abajo la fórmula con que esta Legislatura calculó el financiamiento de los partidos, pero con la salvedad de que podrá usarse en el proceso electoral que ya está en marcha.
La fórmula, que beneficia sobremanera al PRI e incrementa el monto total a gastar —cuando la demanda ciudadana es que se gaste menos— fue cuestionada en diversos aspectos por los partidos Sinaloense, Nueva Alianza, de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano y Morena. Ganaron la acción de inconstitucionalidad, pero perdieron la batalla respecto al proceso de 2016, clave para las luchas de poder que se dan a partir de que se emite la convocatoria para la elección constitucional, en la que se elegirán alcaldes, regidores, diputados y, la cereza del pastel: nuevo gobernador.
Por eso la fiesta. En realidad muchos de los que participaron en este entramado de intereses que culminó en el dictamen que fue discutido el 28 de junio pasado, son parte, abierta o cerradamente, del partido más beneficiado, el PRI. Y se justifica de los que en el partido laboran, incluso del propio Jesús Enrique Hernández Chávez, que no está en el Congreso para representar a otros partidos sino al suyo.
Sin embargo, fue evidente —y hay en el propio Congreso y en el partido tricolor mucha gente que lo constató— que en la elaboración del dictamen para aprobar el financiamiento de los partidos participó Jacinto Pérez Gerardo. Y no hubiera sido condenable salvo por el pequeño detalle de que, cuando lo hizo, fungía aún como presidente del Consejo Estatal Electoral.
Jurista de profesión, había trabajado antes en el Congreso estatal como Secretario General, de tal forma que si alguien de los que participaron en la elaboración del dictamen conocía el tema, fue él. Así, Jacinto estuvo en este enjuague como priista sin ser militante, como congresista sin laborar en el Congreso y como presidente del Consejo Estatal Electoral sin que fuera legal ni moral.
Otro personaje que participó activamente en la propuesta que se aprobó el 28 de junio y que rechazó la Suprema Corte, es Jesús Ricardo Salazar Leyva, jefe del departamento de proyectos y dictámenes del Congreso, pero al mismo tiempo presidente de la Comisión de Justicia Partidaria del PRI.
Se supone, en estricto apego a la Ley, que los dictámenes deben elaborarse en el Congreso del Estado, pero éste se diseñó, elaboró y afinó en el PRI. No pasó por el departamento jurídico de la Legislatura más que para firma sin ver y del ahí al pleno. El resto lo hizo la aplanadora priista en contubernio con el PAN.
Pero, aun conocedores del derecho, hicieron las cosas con las pezuñas. Ganaron, sí, porque la Corte les permitió que la fórmula se aplique en esta elección, pero el revés queda ahí como uno más de los yerros de un Congreso que se ha esmerado en acumular pifias de gran calado, aparejado con un ejecutivo no menos torpe.
Por eso la fiesta en el Congreso el día que la Suprema Corte resolvió. Era medio bizarro el momento, pero tenía su explicación. En realidad los que diseñaron el dictamen tenían calculado un resultado así, que le diera al menos la posibilidad de jugar con esta fórmula en una elección estratégica, la de 2016.
Parte de la misión se había cumplido. La otra parte le correspondía a Jacinto Pérez Gerardo, pero ya como presidente del Consejo Estatal Electoral. En sesión extraordinaria del 27 de agosto, el Consejo aprobó el gasto de los partidos y el presupuesto de egresos del Instituto Estatal Electoral (INE), dando ambos una cifra total de 583 millones 192 mil pesos. Más de 207 millones de pesos serían para los partidos, distribuidos, en su mayor parte, entre el PRI y el PAN.
Bola y cadena
CLARO, COMO AMOR CON AMOR SE PAGA, en la partida para la operación del Instituto Estatal Electoral, estaba incluida, por supuesto, la liquidación del presidente y de seis consejeros, cuantiosa, lucrativa, impune. Solo Jacinto Pérez se llevó casi medio millón de pesos. Fue legal, eso sí, porque el Congreso había contemplado esta liquidación en un artículo transitorio al aprobarse, el 30 de junio, la Ley de Instituciones Electorales del Estado de Sinaloa, que dice que a los consejeros debía liquidárseles de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo.
Sentido contrario
EL COMAL LE DIJO A LA OLLA… Llama el gobernador Malova a los ayuntamientos a dejar finanzas sanas y a no dejar obras inconclusas. Los nuevos hospitales, entonces, serán puestos en marcha antes de que se vaya. Y las finanzas, como por arte de magia, serán ordenadas, las deudas pagadas, las observaciones aclaradas. Buen chiste, gobernador, pero el buen juez por su traspatio empieza.
Humo negro
SI PARTIMOS DE QUE EL CHAPO se fugó con la complicidad del gobierno mexicano y la complacencia del gobierno gringo, su búsqueda se antoja ahora como el siniestro juego del gato con el ratón. La gente se pregunta en la calle ¿si ellos lo dejaron ir por qué ahora lo andan buscando? ¿Cuál es la explicación? Peligroso el juego, por cierto: el gato se ha mostrado más bien torpe y el ratón puede ser más infecto de lo que parece.
