Entre 18 naciones de América Latina, México es el país menos satisfecho con el desempeño de su democracia, de acuerdo con la investigación realizada por Latinobarómetro (2015). Apenas 19 por ciento de los entrevistados se muestran complacidos con el funcionamiento de su sistema de gobierno, lo cual representa la mitad del promedio de la región (37 por ciento) y menos de la tercera parte del aprecio que tienen Uruguay (70 por ciento) y Ecuador (60 por ciento) por el suyo. ¿Qué consecuencias puede acarrear la decepción —o indignación— del 81 por ciento restante?

Tal frustración se traduce en que menos de la mitad de los mexicanos (48 por ciento) piensa que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno. Junto con El Salvador, México es el país latinoamericano que menos apoya dicha postura, lo que pone en riesgo la gobernabilidad democrática, así sea tan defectuosa como la que tenemos.

Sobre todo porque nuestra nación también ocupa el deshonroso último lugar respecto a la percepción de limpieza en los procesos electorales. Sólo una cuarta parte de los votantes (26 por ciento) piensa que los comicios se ajustan a la integridad estipulada en la Constitución y las leyes sobre la materia. Estamos muy por debajo del promedio latinoamericano (47 por ciento) y penosamente distantes de Uruguay (82 por ciento). Ello revela el descontento social ante lo que se considera una traición a las instituciones y normas creadas para fortalecer la democracia electoral.

Además, el estudio muestra que cuatro quintas partes de los mexicanos están convencidos de hallarse dirigidos por una oligarquía rapaz. A la pregunta: ¿Su país está gobernado por unos cuantos poderosos en beneficio propio o está gobernado para el bien de todo el pueblo?, sólo 21 por ciento respondió que para provecho de la sociedad. La ciudadanía se da cuenta de la corrupción rampante de sus gobernantes y del cinismo que les garantiza la impunidad, sin distinción de filiaciones partidarias: La complicidad protege a todos los truhanes por igual.

Es evidente que las instituciones nacionales responsables de prevenir, combatir y sancionar la corrupción no han cumplido con su función. De acuerdo con la encuesta, México, Brasil y Paraguay son los países donde más actos de corrupción se cometen y, junto con Argentina, donde menos personas perciben que se haya progresado en el combate del fenómeno. Pero a diferencia de naciones como Brasil y Guatemala, donde han juzgado y encarcelado a altos funcionarios corruptos, aquí son intocables.

Menos de una quinta parte de los ciudadanos (17 por ciento) considera que existe una justa distribución de la riqueza, y sólo 18 por ciento piensa que la nación está progresando. México ocupa el antepenúltimo lugar en la evaluación acerca de la situación económica interna, y únicamente 11 por ciento cree que la hacienda pública goza de buena salud. Además, la percepción de vivir en un país cada más inseguro afecta a 70 por ciento de los connacionales.

El resultado del estudio es devastador pero verídico. Latinobarómetro es una ONG independiente, sin fines de lucro, que cumple dos décadas de encuestar a las sociedades de la región y cuenta con el reconocimiento internacional de especialistas y medios de comunicación. La percepción de nuestra ciudadanía sobre el funcionamiento de su democracia se ajusta a la realidad y no da lugar a complacencias.

Los defectos y trampas de la democracia electoral están a la vista, salvo para sus beneficiarios y algunos otros ciegos voluntarios. El INE es buen organizador de elecciones: cuenta bien los votos y da resultados precisos y expeditos. Sin embargo, en casos conflictivos no siempre aplica la ley con el rigor y la independencia propios de una institución con autonomía constitucional, sino que suele favorecer al partido que dejó de ser hegemónico pero que no ha perdido el poder de presionar y cooptar tanto a consejeros como a magistrados electorales.

Así ocurrió en la elección presidencial de 2012 ante la violación flagrante de los artículos 41 y 134 de la Constitución y otros tantos del Cofipe. De igual forma, el instituto y el tribunal electorales exoneraron al PRI de haber incurrido en el rebase de tope de campaña y compra de votos mediante las tarjetas Monex. Más recientemente, ambas instituciones se hicieron de la “vista verde” ante las tropelías del partido-franquicia para garantizar la mayoría al tricolor en la Cámara de Diputados.

La crisis de credibilidad de un sistema de partidos políticos pulverizado es tan grave como la falta de representatividad de un Congreso proclive a los moches. En América Latina sólo 23 por ciento de los adultos se sienten representados por el Congreso de su país. Esa cifra disminuye a 17por ciento en el caso de México. Latinobarómetro sostiene que la desconfianza y la lejanía tanto de partidos como de diputados, senadores y gobierno frente a la sociedad a la que debieran representar y servir han dado lugar a formas de participación ciudadana “desarticulada, circunstancial, pasajera” y a veces violenta, no sólo fuera, sino en contra de las instituciones. “Del hiperpresidencialismo de la década del 2000 pasamos a la hipermovilización de la década de 2010”, afirma el estudio (página 55).

En México ha surgido una sociedad mejor informada y más demandante que exige una democracia auténtica y eficaz. No sólo elecciones limpias y equitativas, sino empleos bien remunerados, educación de calidad, servicios de salud, vivienda digna, mejor distribución del ingreso; así como seguridad, justicia, igualdad ante la ley y respeto a los derechos humanos.

La respuesta del Estado ha sido insuficiente e incapaz de asimilar esos reclamos, a la vez que de convocar e incorporar a una ciudadanía empoderada y cada vez más participativa. Por el contrario, el gobierno actual ha llevado la desconfianza en las instituciones a niveles sin precedente debido a los casos de corrupción en los que el presidente está directamente implicado. El encubrimiento de atrocidades en las que pudieran estar involucradas la Policía Federal y las Fuerzas Armadas ha profundizado la indignación social. Ello ha desatado una crisis del Estado cuyas consecuencias pudieran ser nefastas: A río revuelto, ganancia de vivales. El clamor social por la honradez, la verdad jurídica y la aplicación de la ley debe ser atendido con inteligencia y prontitud.