Durante un año la gran mayoría de medios de comunicación, columnistas y periodistas en México se plegaron a la versión oficial dada por el gobierno de Enrique Peña Nieto sobre el caso del ataque perpetrado contra más de 100 estudiantes de la escuela normal rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, el 26 de septiembre de 2014.

Sin siquiera cuestionar lo que afirmaba la PGR, lo repetían aunque no tuviera sentido ni pruebas. Lo repetían reproduciendo los pedazos de expediente que la PGR, encabezada por Jesús Murillo Karam, dispersó por aquí y por allá, envenenando la verdad, para que nadie pudiera hallarla.  Aunque la gran mayoría de los testimonios con los que la Procuraduría fabricó la “verdad histórica” incluían quejas de los supuestos perpetradores confesos o sus confesiones, no tenían ningún sentido ni conexión unas con otras.

Se lanzó incluso una campaña para criminalizar a los estudiantes, repitiendo testimonios obtenidos bajo tortura de que los estudiantes habían sido pagados por un grupo criminal para ir esa noche a Iguala, con supuestos integrantes del grupo criminal de Los Rojos en los autobuses. Muchos medios repitieron y repiten esa versión que se contradice absolutamente con el testimonio de los choferes de los cinco camiones en los que viajaron los estudiantes.

En el estilo de periodismo más lacayo, los principales periódicos, noticieros de radio y televisión del país omitieron ir directamente al lugar de los hechos y verificar si la información de la que los alimentaba afanosamente la PGR, era auténtica o no. Prácticamente nadie fue al lugar de los hechos a investigar ¿A qué iban los estudiantes a Iguala?, ¿A qué hora terminó el evento político del alcalde José Luis Abarca y su esposa? La clave A5 con la que según la PGR se usaba para identificar a Abarca  ¿Era una clave del mundo criminal, o es la clave que obligatoriamente usan todas las policías municipales del país, para referirse a quien ocupe la presidencia municipal?, ¿Era la policía municipal la única y principal fuerza pública en Iguala o era sólo un apéndice de otras fuerzas que están en Iguala, como la base de Operaciones Estratégicas de la PGR, la base de la Policía Federal, el 27 Batallón de Infantería y la base de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal?

Como en los tiempos de 1968, tras la masacre estudiantil del 2 de octubre, la gran mayoría de los medios de comunicación han sido cómplices de la impunidad que persiste en el caso.

Hace una semana, después del aniversario del ataque, la PGR abrió la versión pública de los expedientes. Desde entonces han ocurrido dos fenómenos. Los medios y periodistas más oficialistas se asoman al expediente, toman pedazos y repiten las historias falsas de las que está plagada la averiguación previa. Por ejemplo, hay quienes insisten en la existencia de los supuestos poderosos bélicos, un presunto grupo omnipotente de la policía municipal de Iguala que supuestamente hacía temblar de miedo a la sociedad y seguramente a todos los elementos de las bases de la PF, PGR, CISEN y el 27 Batallón de Infantería que estaban en la misma ciudad.  El grupo de los bélicos fue disuelto hace más de dos años y todo el equipo antimotines de los policías municipales que prácticamente no tenían entrenamiento, fue quemado.

O por ejemplo hay quienes, para alimentar la idea de que los estudiantes iban acompañados de criminales y entonces justificar la infamia, especulan que unas supuestas camionetas Urban blancas iban custodiando los camiones durante su trayecto, y vuelven a repetir que los criminales arrojaron en la central de autobuses tres cuerpos sin vida. Todo esto siempre citando  las declaraciones de personas torturadas.

Desde el comienzo de este caso toda esa información falsa la fui desechando parte por parte. Desde el mes de noviembre tuve acceso al expediente abierto por la Procuraduría General de Justicia de Guerrero y de la PGR. Hubo que ir a Iguala a preguntar a la Central y en las calles, ni cadáveres ni Urban blancas con sicarios a bordo. Ahí en las calles era claro desde un inicio que había sido un operativo de estado.

Otros medios, como si descubrieran el hilo negro,  tratan de sorprender a sus lectores o audiencias y señalan como nueva información que desde diciembre al 18 de septiembre esta periodista publicó en la revista Proceso, Telemundo, Univisión y The Huffington Post, entre otros medios.  Para no reconocer sus errores en la cobertura del caso ni siquiera hacen referencia a que esa información ya fue publicada.

Esos medios dijeron esta semana que termina, como novedad, que los militares del 27 Batallón declararon ante la PGR y admitieron el monitoreo a los estudiantes. Otros señalan que Patricio Reyes Landa, Jonathan Osorio, Sergio Reyes y Felipe Rodríguez Salgado fueron brutalmente torturados antes de confesar que habían matado y quemado a los estudiantes en el basurero de Cocula. Cremación que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independiente (GIEI) ya descartó que hubiesen siquiera podido ocurrir.

El periodismo de investigación requiere no solo de disciplina sino paciencia. En casos como el de Ayotzinapa significa ir contracorriente no solo respecto al poder del estado sino de los mismos medios que se convierten en sus voceros.  La búsqueda de la verdad es la esencia del periodismo y quien no la busca, no tiene justificación.

En el expediente de la averiguación previa de la PGR hay pistas de lo que pasó en Iguala esa noche, pero las respuestas no están ahí en los papeles, las respuestas siguen estando en la calle, en los cientos de personas que los presenciaron y el gobierno de Peña Nieto lo sabe. Es por eso que a mediados de septiembre la PGR se presentó en las principales calles donde ocurrió el ataque para hostigar a los vecinos, intimidarlos y obligarlos a presentarse a declarar y que si no se presentaban iban a girar una orden de presentación o de arresto en su contra. Eso provocó que asustados algunos comenzaran a borrar videos o fotos que tenían, o preferir decir que no sabían nada. Para ellos más que para nadie es peligroso declarar ante una autoridad que representa al mismo gobierno que encabezó los ataques  esa noche.

Rebelión en Almoloya

La protesta en el Cefereso No. 1 El Altiplano, encabezada por los internos del módulo 1, dada a conocer en esta columna el domingo pasado, fue reventada el miércoles 30 de septiembre con un operativo en el que intervino la PF, el Ejército y la Marina.  Sin reconocer abiertamente la crisis que estuvo a punto de convertirse en motín, el gobierno federal extraditó o cambió de prisión a los presos más peligrosos. Extraditaron a Estados Unidos a Edgar Valdez Villarreal, alias la Barbie, veterano en las revueltas dentro del penal, y a 12 presos más. Y cambiaron a otros penales a Mario Cárdenas Guillén, Omar Treviño Morales, Teodoro García Simental,  Miguel Guzmán Loera (hermano del Chapo), y a Juan José Esparragoza Jiménez, hijo de Juan José Esparragoza Moreno, alias el Azul.

El operativo en el que se afirma hubo violencia no sólo fue un escarmiento a los internos, sino el reconocimiento tácito de que El Altiplano no es más un penal de máxima seguridad. El Chapo vulneró toda la prisión unas semanas después de que ingresó en febrero de 2013. Ojalá el gobierno de Enrique Peña Nieto hubiera querido controlarlo como controló en un solo día a más de 20 presos de alta peligrosidad.