No garantiza impartición de justicia, relación entre Malova y el Procurador

La relación de subordinación y obediencia del procurador Marco Antonio Higuera Gómez con el Gobernador Mario López Valdez, es suficiente razón para que la autoridad local no sea la responsable de investigar y resolver la denuncia penal por fraude, asociación delictuosa, destrucción y falsificación de documentos del Fideicomiso Sistema de Ahorro y Préstamo (SIAP), presentada por 750 maestros del SNTE 27.

Francisco Higuera Castro, doctor en Derecho Constitucional, argumentó que la Procuraduría General de la República (PGR), instancia ante la cual se presentó la denuncia penal el 26 de junio y que derivó en la averiguación previa AP/PGR/SIN/CLN/788/2015/MII, debió haber considerado dicho conflicto antes de declinar su competencia y remitir el caso a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), debido a que Malova es uno de los demandados.

“Habría que tener más elementos sobre lo que motivó la PGR, pero verdaderamente es cuestionable el hecho de que no haya querido proceder… porque hay un problema de fondo muy fuerte; el Procurador sigue siendo en el esquema de la administración pública centralizada, un colaborador del Gobernador, y él puede removerlo, incluso sin necesidad de motivar o fundar la remoción”, argumentó.

“Esta parte que tiene que ver con la relación jerárquica y el deber de colaboración y obediencia que tienen el Procurador y toda la estructura de la Procuraduría (PGJE) para con quien está siendo imputado como posible responsable de la comisión de un delito, por sí sola tiene suficiente peso, para efecto de que se busquen, digamos, alternativas en materia de competencias”.

Agregó que bajo dichos argumentos, la autoridad local pudo declinar su competencia.

“La PGR no tiene facultad jerárquica hacia las procuradurías locales, porque en un momento determinado está bien, puede ser que la remitan, pero eso no quiere decir que en automático tengan que aceptar esa competencia porque así se lo señala la PGR”, reiteró.

La Procuraduría, agregó, podría “hacer valer argumentos como los que señalo, porque en ¿qué condición queda? y hasta donde se violentan o no derechos fundamentales de alguien que tiene el derecho al acceso a la justicia y que además esto debe ser con determinados principios constitucionales, y resulta que quien va a llevar a cabo las indagatorias, jerárquicamente tiene el deber de obediencia y subordinación a quien se está imputando una posible realización de conductas delictivas”.

El investigador visitante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y catedrático de las facultades de Derecho y de Estudios Internacionales y Políticas Públicas de la UAS, agregó que las  circunstancias del caso no garantizan el derecho a la impartición de justicia de los maestros.

“Aquí no quedaría garantizada ni la objetividad, ni la imparcialidad de tener acceso a la justicia”, puntualizó… vendría una verdadera complicación que fuese la autoridad local quien realice estas averiguaciones ¿Cuál es la garantía que tienen los denunciantes de que efectivamente va a intervenir con imparcialidad a la hora de investigar y eventualmente perseguir el delito?”.

Luego de dos semanas de haber recibido la denuncia, la PGR se declaró en incompetencia y turnó la averiguación previa a la Procuraduría General de Justicia del Estado.

Atanacio Loza Bazán, integrante del Frente de Defensa del Magisterio Sinaloense, aseguró que quien remitió la indagatoria a la instancia local, fue el ex Procurador sinaloense Gilberto Higuera Bernal, actual subprocurador de Control Regional de la PGR.

“Hay que recordar que él fue Procurador y tiene intereses políticos aquí en Sinaloa, y es muy coincidente que él se haya encargado de ese documento”.

La denuncia penal contra el gobernador Malova; Armando Villarreal, secretario de Administración y Finanzas; Francisco Frías, titular de la Sepyc; Gildardo Amarillas, subsecretario de la SAF; Salomé Rodríguez y Jorge Cota, ex dirigente y delegado del SNTE 27, se presentó por las irregularidades en la disolución y reparto de 854 millones 90 mil 814 pesos del Fideicomiso SIAP, el 18 de diciembre de 2014, y donde se presume había más de 2 mil millones.

Luego que la PGR declinara la investigación, el 2 de septiembre los demandantes presentaron un amparo, para que la indagatoria sea retomada por la dependencia federal.

Resolverá la PGJE: Higuera

Pese a que el amparo aún está en proceso, Marco Antonio Higuera Gómez aseveró que la Procuraduría General de Justicia del Estado será la responsable de resolver la indagatoria.

“Yo creo que nosotros no pedimos ese expediente, la Procuraduría resolvió con base en una plenitud de competencia, y al hacerlo, ella estableció las causas por las cuales no era su facultad la investigación de esos hechos con base en el artículo 21 constitucional y estableciendo las razones que nosotros no podemos revelar, mientras esté en periodo de investigación”, dijo.

“Nosotros no podemos regresarla, porque al declinar la competencia, aceptamos el conocimiento ya de los hechos; nosotros vamos a integrar y resolver”.

—Se menciona que serían juez y parte.

—Yo creo que ustedes son los primeros en saber quién es el que nombra al Procurador, al Procurador lo nombra el Congreso del Estado.

Higuera Gómez no mencionó que el Congreso estatal lo designó a partir de una propuesta del Gobernador.

El funcionario estatal adelantó que como parte de la indagatoria se realizarán las diligencias necesarias y se llamará a declarar a los imputados.

Niega Malova conflicto

Mario López Valdez negó que al resolver la dependencia estatal el caso, genere un conflicto.

“No, yo creo que estamos abiertos, ayer (14 de septiembre) recibí a una comisión de la SNTE para ver ese tema y muchos más; estamos con toda la voluntad de ser abiertos, transparentes y dar toda la información”.

A dicha reunión, Atanacio Loza Bazán aseguró que no se invitó a los integrantes del magisterio que presentaron la denuncia, y hasta el momento sólo los ha recibido Gustavo Zavala, jefe de la Oficina del Gobernador.

El Mandatario estatal aseguró que ningún funcionario se quedó con recursos del Fideicomiso SIAP y que toda la información que ha sido negada a través de Infomex, está disponible para quien lo solicite.

“Lo que ocurrió es que una vez que pasó la nómina de los maestros federales a la federación, pues ya no tenía razón de ser ese fideicomiso, además un fideicomiso funciona donde todas las partes tienen que mostrar la voluntad para que eso pueda extinguirse”, manifestó.

Además, agregó, había un fondo que se les repartió a los maestros, entonces “no es un dinero que se haya quedado el estado con él, que se hayan quedado los funcionarios, y está muy claro cuál es el propósito de un fideicomiso, pero estamos abiertos, insisto a acudir ante cualquier autoridad u ofrecerles a los maestros o a quien tenga interés de cómo fue distribuido ese fondo”.

El Fideicomiso se disolvió al repartirse a alrededor de 30 mil trabajadores, sin que hasta el momento se conozca el informe financiero, el total de recursos entregados, los criterios para su distribución, auditorías realizadas, y el convenio firmado con el SNTE 27 para su implementación desde 1996, cuando se le conocía como CEBE o Plan Ibarrola.

El argumento para la disolución del fondo, que era operado por un Comité Técnico integrado por la sección sindical y gobierno del estado, fue la centralización del pago de la nómina del magisterio.

La falta de transparencia y la sospecha de que se conformó de un monto de más de 2 mil millones de pesos, llevó a diversas protestas de docentes, lo que generó a su vez que en mayo, el Comité Nacional de Vigilancia, Transparencia y Rendición de Resultados y el Colegio Nacional de Asuntos Jurídicos del Comité Ejecutivo Nacional del SNTE iniciaran una investigación.

El 10 de agosto, el gobierno estatal accedió a instalar módulos de información en diferentes municipios para aclarar las dudas de los trabajadores, pero sólo ha entregado datos a partir de 2005, pese a que el fideicomiso se creó en 1996.

Además hay al menos 11 casos de trabajadores y/o familiares de empleados que han fallecido, que reclaman falta de pago o cantidades menores a las que se encuentran en la base de datos.

Para exigir atención a sus demandas, el Frente de Defensa del Magisterio Sinaloense se reunirá en los próximos días para definir la posibilidad de un plantón en la Unidad Administrativa.