Aspirantes a Ceaipes con conflicto de intereses

No pocas personas le cuestionaron a la periodista Ángeles Moreno Vargas el haberse inscrito como una aspirante a comisionada de la Ceaipes.

“Ya todo está amarrado”, le dijeron sus conocidos.

A ella la integración de la Comisión Ciudadana de Acompañamiento le dio certeza de participar en el proceso, y acudió a su comparecencia a nombre de la sociedad civil. Un organismo como la Ceaipes debe estar alejado de intereses políticos, dijo a los diputados.

“No puede un organismo de este tipo ser palero, ser comparsa, de un gobierno en turno. La sociedad está cansada de eso”.

Moreno Vargas es parte de la mitad de aspirantes que no ocupan algún cargo directivo dentro de las estructuras de poder gubernamental. La otra mitad tienen o han tenido en el pasado reciente nexos con los aparatos operativos de gobierno, de la Ceaipes o gobiernos municipales, todos ellos sujetos obligados por la ley de transparencia.

En una revisión de los currículums de los aspirantes realizada por Ríodoce, se encontró que siete de los aspirantes pudiesen tener un conflicto de interés en caso de resultar electos como comisionados de la Ceaipes o Ceaip, como ahora se le llamará.

No resulta complicado pensar cuáles criterios  o lealtades seguirían estos aspirantes a la hora de resolver una controversia de una solicitud de información sobre una entidad obligada, de la que actualmente forman parte.

Por ejemplo, Gabriel  Avelino Morales Zazueta se ha desempeñado como secretario técnico de la Secretaría de Innovación Gubernamental del Gobierno del Estado de Sinaloa. Ha sido el responsable de la planeación, ejecución, supervisión, coordinación jurídica, acceso a la información y administración de los proyectos sustantivos de la Secretaría, desarrollo de proyectos como Sinaloa Digital, Gobierno en Movimiento, Reingeniería Administrativa, conceptualización de sistemas, como preinscripciones en línea, Sistema de Evaluación y Seguimiento de Metas y canje electrónico de uniformes y útiles escolares, entre otros.

Arturo Ordoñez Mondragón es otro caso. Es el coordinador de Acceso a la Información Pública del Poder Legislativo desde enero de 2014. Pidió licencia a su cargo dos horas antes de registrarse como un aspirante a comisionado el pasado 19 de agosto. Fue director de Incubadoras de Empresas “Sinaloa Emprende” del 15 de mayo de 2013 a 20 de enero de 2014. Delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor en Sinaloa del 1 de septiembre de 2005 al 31 de marzo de 2013.

Osvaldo Enrique Ramírez ha sido el encargado de la Sección de Sustanciación de la Dirección de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del H. Ayuntamiento de Culiacán. De 2015 a la fecha es auxiliar jurídico en la Dirección de Defensa Jurídica del Ayuntamiento de Culiacán.

Gustavo Reyes Garzón, un estudioso y especialista del derecho de acceso a la información, se ha desempeñado como director jurídico consultivo de la Ceaipes del 11 de agosto de 2009 a la fecha.

José Ramón Bohon Fierro es el coordinador de organismos descentralizados y miembro del Comité de Información de la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Estado de Sinaloa. Aunque no especifica fechas en su currículum, su nombre puede encontrarse en el directorio de funcionarios públicos del Gobierno del Estado de Sinaloa.

Anastacio Pineda Mendi fue el encargado de la Coordinación de Enlace de Acceso a la Información Pública del Municipio de Culiacán 2009-2013. Actualmente es consultor especialista en Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares desde marzo de 2014.

Carlos Jaime Beltrán Valdez ha sido el delegado sur de la Ceaipes de 2011 a 2014.

César Miguel Valenzuela Espinoza no ocupa actualmente ningún cargo gubernamental, aunque se consigna en su currículum una carrera como funcionario público de más  de 20 años en diversos puestos dentro del Gobierno del Estado de Sinaloa, desde director hasta subsecretario, siendo el último de ellos en 2010 en la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo del Gobierno del Estado.

De acuerdo con la convocatoria emitida por el poder legislativo, entre los requisitos de elegibilidad figura el no ser titular de algún órgano centralizado, descentralizado, paraestatal de la administración pública federal, local o paramunicipal, durante los tres años previos al día de su nombramiento.

En el artículo 38 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se señala que en los procedimientos de selección de los Comisionados se debe garantizar la transparencia, independencia y participación de la sociedad.

La Comisión Ciudadana de Acompañamiento lanzó un exhorto público a los aspirantes para que en aras de contribuir a la transparencia y generar confianza ciudadana, presentaran su declaración patrimonial y de posible conflicto de interés, el cual no constituyó un requisito formal y era totalmente voluntario.

La organización Iniciativa Sinaloa, cuya presidenta participó en el Comité de Acompañamiento, señala en una evaluación realizada a los aspirantes a comisionados la importancia de la independencia.

“Es fundamental garantizar perfiles capaces de tomar decisiones independientes e imparciales de los partidos políticos, gobernante en turno, titulares de la administración pública que pudieran entorpecer o afectar sus decisiones imparciales”, se lee en el informe que se hizo llegar a los coordinadores de los grupos parlamentarios y a legisladores de las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Comisionada leal al gobierno

Cuando Rosa del Carmen Lizárraga fue nombrada por el Congreso del Estado como nueva comisionada de la Ceaipes, el académico  Ernesto Villanueva calificó el procedimiento de elección como “el tiro de gracia para la Ceaipes”.

El investigador del Instituto de Investigadores Jurídicas de la UNAM, aseguró entonces:  “La Ceaipes va de mal en peor”.

Quien participara como consultor en la creación de la Ceaipes y la legislación en la materia en Sinaloa, hace 13 años, cuando fue creado el marco legal, dijo también en referencia a Rosa del Carmen Lizárraga que tenía el gran conflicto de su lealtad.

“Su lealtad no es con la transparencia, sino con el gobierno”.

Actualmente es la única comisionada que fue ratificada para el cargo. Si en este momento fuese una aspirante registrada sería inválida su postulación. El texto de la convocatoria señalada por el Congreso del Estado especifica: “que no haya sido titular de un órgano centralizado de la administración pública en los últimos tres años”.

Antes de ser nombrada comisionada era la coordinadora de Acceso a la Información Pública del Gobierno Estatal, como antes lo fue en el sexenio de Jesús Aguilar Padilla, y antes fungía como coordinadora de Comunicación Social con el entonces gobernador Juan Millán Lizárraga.

Otro requisito que no cubriría la actual comisionada de la Ceaipes, de acuerdo con la actual convocatoria, es que no tiene título profesional de licenciatura en derecho u otra rama de las Ciencias Sociales, ya que es licenciada en Contaduría Pública. Su currículum publicado en la página de Ceaipes señala contar con un doctorado en Derecho de la Información, un grado académico obtenido vía fast track con el respaldo de la Universidad de Occidente, sin requerir estudios de maestría previos.

Los primeros comisionados de Ceaipes fueron: Dorangélica de la Rocha Almazán, Alfonso Paéz Álvarez y Vicente Hernández Delgado. Ninguno venía de ocupar un cargo o comisión en las estructuras gubernamentales y todos tenían título profesional en un área de las ciencias sociales. En los tres casos provenían de los entornos académicos de universidades.

Comité de ornato

Aunque fueron nombrados para darle certeza y transparencia en el proceso de designación de los nuevos comisionados de la Comisión de Acceso a la Información Pública, los integrantes del Comité de Acompañamiento no tuvieron voz en el proceso.

Norma Sánchez, presidenta de Iniciativa, señala la necesidad de que en la legislación próxima a discutir por el poder legislativo se establezcan las reglas claras de la participación ciudadana, debiéndose definir  cuáles serían los roles y funciones de un Comité de Acompañamiento en el proceso de designación de comisionados.

La también integrante del referido Comité de Acompañamiento pondera la importancia de generar confianza en la ciudadanía, a medida que en estos tipos de procedimientos se privilegia la transparencia.

Los legisladores no solicitaron al Comité de Acompañamiento  ninguna opinión, evaluación o informe sobre el procedimiento, ni sobre los aspirantes a comisionados. Estuvieron en las comparecencias de los 14 aspirantes solo como testigos. En consecuencia, en el dictamen elaborado por las comisiones unidas de Transparencia y Acceso de la Información Pública, y Gobernación y Puntos Constitucionales, no se integró el punto de vista del Comité de Acompañamiento, el cual tampoco emitió ningún pronunciamiento público para evaluar el procedimiento del que fueron testigos a invitación de poder legislativo.

En un informe detallado que hizo público Iniciativa Ciudadana, se señala que desde la primera reunión de trabajo se solicitó a los diputados que se aclararan los alcances del Comité de Acompañamiento, las funciones y roles del grupo de cinco ciudadanos.

“No quedaron claras, por lo que se fueron improvisando en el camino”.

Pese a que la integración del Comité de Acompañamiento fue concebido para darle más transparencia al procedimiento, los expedientes completos de los 14 aspirantes les fueron facilitados únicamente por seis horas, un día antes de que iniciara la elaboración del dictamen de los legisladores.

La representante de Iniciativa Ciudadana demandó al seno del Comité de Acompañamiento en reuniones con los legisladores, que el procedimiento fuese más transparente, debiéndose publicar la cartas de exposición de motivos que presentaron los aspirantes al momento de registrarse, así como las cartas de recomendación presentadas. Ambas peticiones no fueron aceptadas por los legisladores.

Los más idóneos

Iniciativa Sinaloa realizó una evaluación numérica de los aspirantes, tomando en cuenta trayectoria académica, profesional y desempeño en la comparecencia. La valoración por especialistas en la materia fue realizada con el respaldo y apoyo técnico de Fundar, Artículo 19, Colectivo por la Transparencia y México Infórmate.