Contratos bajo sospecha

 

 

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Mazatlán y Guasave buscan endeudarse con 535 millones de pesos para instalar lámparas Led

 

 

 

 

 

Mazatlán y Guasave, además de ser dos municipios gobernados por el PAN, tienen otras similitudes. Ambos buscan instalar lámparas LED en su alumbrado público, los dos utilizaron el mismo esquema financiero y técnico para el proyecto y también contrataron a la misma empresa con la que firmaron contratos exactamente idénticos.

Equipos y Productos Especializados S.A. de C.V., es la empresa que ganó el pasado lunes 6 de julio la licitación para venderle a Mazatlán 30 mil lámparas LED a un costo de 353 millones 087 mil pesos.

Pero apenas en noviembre de 2014, la empresa propiedad de los guasavenses Hugo Moreno Avendaño y Karla Ponce Leal, había logrado un contrato con el municipio de Guasave por la venta e instalación de 19 mil lámparas LED con un costo de 179 millones 746 mil pesos.

Guasave, gobernado por Armando Leyson Castro y Mazatlán con Carlos Felton González, ocupan también el segundo y tercer lugar estatal entre los municipios con mayor endeudamiento. De acuerdo con información de la Auditoría Superior del Estado, entre 2013 y 2014, Guasave incrementó su deuda en un 40 por ciento, mientras que Mazatlán la elevó en un 17 por ciento.

A pesar de que los negocios millonarios han sido criticados en repetidas ocasiones por legisladores locales y se han calificado como endeudamientos graves, los alcaldes aseguran que se trata de una adquisición autofinanciable a través de los ahorros en la energía eléctrica.

 

Contratos idénticos

Al revisar los documentos públicos que se encuentran en la página de Compranet.com con el número de licitación LA-825012984-N2-2015 para la adquisición e instalación del sistema de alumbrado público con tecnología LED en Mazatlán, se puede acceder a la convocatoria de la licitación en donde se adjunta el modelo de contrato.

Párrafo a párrafo, el modelo de contrato que presenta el Comité de Adquisiciones de Mazatlán, presidido por el Oficial Mayor, Salvador Reynosa Garzón, es idéntico, hasta en puntos y comas, al contrato firmado el 3 de noviembre de 2014 por Equipos y Productos Especializados S.A. de C.V y el municipio de Guasave.

Una de las pocas diferencias en los contratos, se destaca en la cláusula séptima para la garantía de los equipos suministrados. En el primer contrato firmado con Guasave, la empresa ganadora se compromete a otorgar una garantía de calidad del equipo suministrado durante 10 años, a partir de la instalación.

En esa cláusula se explica que esta garantía es sólo contra defectos de fabricación y vicios ocultos, mientras que la empresa deja al municipio la responsabilidad de garantizar el buen estado de la red eléctrica, cableado, infraestructura de postes, brazos, así como contar con seguro para cuestiones meteorológicas, accidentes viales y cualquier otro requerimiento que garantice el buen funcionamiento de los equipos.

Pues bien, la modificación realizada al contrato de Mazatlán en la cláusula séptima, reduce los 10 años de garantía de calidad a sólo un año.

Y es que en el contrato de Mazatlán, la cláusula séptima señala que el prestador le otorga al municipio una garantía de calidad por 10 años pero con el fabricante, sólo el primer año será responsabilidad de Equipos y Productos Especializados la atención a la garantía de calidad. A partir del siguiente año, el municipio tendrá que tratar directamente con el fabricante.

El segundo párrafo de la cláusula séptima en el contrato de Mazatlán se queda idéntico al de Guasave, dejándole al municipio la responsabilidad de garantizar el buen funcionamiento de la red eléctrica, infraestructura de postes y brazos, entre otros requerimientos.

Al igual que Guasave, Mazatlán adquiría un préstamo con una institución bancaria, en este caso por 353 millones 087 mil pesos, y de acuerdo con lo establecido en la cláusula octava “Plazo y Condiciones de Pago”, el municipio le pagaría en una sola entrega la cantidad total a Equipos y Productos Especializados.

A diferencia de otros esquemas financieros gubernamentales en donde la empresa es quien adquiere el préstamo bancario y el gobierno le paga el arrendamiento del servicio durante un plazo determinado, en el caso de Mazatlán y Guasave, los contratos señalan que serán los municipios quienes adquieran la deuda con la banca, paguen en una sola entrega la cantidad total a la empresa y continúen con una deuda durante 10 años con la institución financiera.

Con la institución financiera, Mazatlán firmará un contrato de arrendamiento financiero y un contrato de fideicomiso de garantía y fuente de pago, este último exige poner en garantía un porcentaje de las participaciones federales, que ambos casos, en el de Guasave y Mazatlán, será un porcentaje del Ramo 28.

A pesar de que ambos municipios adjudicaron el proyecto antes de contar con la autorización de la legislatura local, en la cláusula décima sexta de los dos contratos se establecen condiciones suspensivas para concretar el contrato, la principal consiste en que el Congreso del Estado le autorice al municipio la afectación de un porcentaje de las participaciones federales.

Otra condición es que el municipio deberá registrar ante el Registro Estatal de Deuda Pública del Estado de Sinaloa y ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los contratos de arrendamiento financiero y fideicomiso de garantía y fuente de pago adquiridos con la banca.

Finalmente, en el último párrafo de la cláusula décimo sexta se especifica claramente que para que el contrato tenga validez oficial, la institución financiera con la cual el municipio firmó el contrato de arrendamiento financiero, deberá poner a disposición de la empresa la totalidad de los recursos económicos para la adquisición, instalación y puesta en marcha de los bienes.

Los contratos de Mazatlán y Guasave están conformados por 24 cláusulas idénticas, a excepción de la cláusula séptima que se modifica en el contrato de Mazatlán. En el caso de Mazatlán, el contrato aún no ha sido firmado debido a que el fallo se realizó apenas el pasado 6 de julio.

 

La empresa ganadora

Según el portal de transparencia del gobierno de Sinaloa, Equipos y Productos Especializados ha sido proveedor del gobierno estatal por lo menos en los últimos 10 años.

Sin embargo, todos sus contratos están relacionados con la prestación de servicios computacionales y sistemas de videovigilancia, el mismo giro que se detalla en su página web www.epe.com.mx.

De acuerdo con su acta constitutiva, la sociedad anónima de capital variable fue constituida en el Distrito Federal en 1999 por Hugo Moreno Avendaño y Karla Ponce Leal, ambos originarios de Guasave, Sinaloa, pero con domicilio en el Estado de México.

Sólo en el actual sexenio de Mario López Valdez, la empresa ha ganado dos licitaciones del gobierno estatal y una adjudicación directa, entre 2010 y 2012.

El contrato de 2010 consistió en la adquisición, instalación y puesta en marcha de un sistema de videovigilancia para el Centro Estatal de las Consecuencias Jurídicas del Delito en Culiacán, solicitado por la Secretaría de Seguridad Pública y con un costo de 3 millones 995 mil 513 pesos.

En 2012, Equipos y Productos Especializados ganó un contrato con la Secretaría de Innovación Gubernamental para la adquisición de equipo y accesorios de telecomunicaciones para la conectividad del proyecto “Red Estatal de Fibra Óptica para conectar las instalaciones de salud, educación y gobierno”, el cual tuvo un costo de 18 millones 817 mil pesos.

En mayo de 2012, a solicitud del Comité de Adquisiciones del Estado, se adjudicó de manera directa la contratación del servicio de mantenimiento del sistema de videovigilancia de la Unidad del Sistema Estatal de Comunicaciones, solicitado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, que tuvo un costo de dos millones 233 mil pesos.

De acuerdo con la relación de destinatarios de recursos públicos, disponibles en el portal de transparencia del gobierno de Sinaloa, en el 2010, la Secretaría de Administración y Finanzas pagó a Equipos y Productos Especializados once facturas por el concepto de Equipo de Cómputo, con un valor total de tres millones 934 mil 630 pesos.

Según notas periodísticas de diciembre de 2013, Equipos y Productos Especializados fue acusada de haber sido favorecida por el gobierno municipal de Zapopan, en Jalisco, al obtener un contrato para la compra de 200 cámaras de videovigilancia con un costo de 104 millones de pesos.

A la adquisición se opusieron líderes de organismos empresariales como el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, Canaco, Coparmex y regidores del partido Movimiento Ciudadano, quienes acusaban al Comité de Adquisiciones de Zapopan de haber manipulado las bases de la convocatoria para favorecer a la empresa con requisitos que sólo ésta pudo demostrar de entre una lista de 31 participantes.

Según las notas periodísticas de medios como Milenio, El Informador y la Jornada Jalisco, además del propio portal web del ayuntamiento de Zapopan, ante los cuestionamientos la licitación se repuso y finalmente el contrato fue adjudicado a la empresa Hemac Teleinformática con un precio de 88 millones 501 mil pesos.

 

La decisión del Congreso

El pasado martes 7 de julio, el Congreso del Estado dio primera lectura a la solicitud para modificar el decreto 298 aprobado el 31 de enero de 2015 y a través del cual Guasave pretende incrementar al porcentaje de afectación a las participaciones federales de un 8 a un 18 por ciento del ramo 28.

De aprobarse dicha reforma, el Poder Legislativo le estaría dando luz verde al gobierno de Leyson Castro para adquirir el préstamo de 179 millones 746 mil pesos y hacer valer el contrato celebrado con Equipos y Productos Especializados para la compra e instalación de 19 mil lámparas LED.

En el caso de Mazatlán, el gobierno municipal aún tendría que enviar su solicitud para que el Congreso apruebe la contratación de un arrendamiento financiero y un fideicomiso de Garantía y Fuente de Pago con una institución financiera, así como la afectación a sus participaciones federales.

 

 

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