Sinaloa, obligada a cubrir los huecos legislativos en acceso a la información

Los huecos de la legislación local en materia de transparencia, como la ausencia de los sindicatos entre los sujetos obligados, la falta de sanciones al incumplimiento, la independencia de los comisionados del ejecutivo estatal, entre otros, deberán cubrirse por mandato constitucional.

El Congreso del Estado de Sinaloa tendrá como plazo límite mayo de 2016, para armonizar la legislación local con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aunque los legisladores planean que para finales de 2015 la nueva legislación quede lista para la entidad.

Con la instalación del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, se cumplió con uno de los primeros plazos legales tras haber entrado en vigor el decreto del nuevo marco jurídico.

Las diferencias

A diferencia de la legislación existente en Sinaloa, ahora el Poder Legislativo deberá incluir en el nuevo marco legal de Sinaloa, la creación de un consejo consultivo que deberá estar integrado por ciudadanos para observar la actuación de la CEAIP, el nuevo órgano que sustituirá a la CEAIPES. Los consejeros ciudadanos, cuyo desempeño será honorífico, deberán opinar sobre el programa anual de trabajo y su cumplimiento, así como sobre el ejercicio del presupuesto, y expresar valoraciones sobre el trabajo de transparencia.

Ya no podrá clasificarse la información como reservada por ocho años, como sucede hasta hoy con la legislación local, sino por un periodo de cinco años, y solo excepcionalmente, mediante la aprobación de un Comité de Transparencia, podría ampliarse el periodo de reserva por cinco años adicionales.

Cada uno de los sujetos obligados debe integrar un Comité de Transparencia, conformado por un número impar de miembros que no dependen jerárquicamente entre sí, quienes tendrán la facultad de coordinar y supervisar las eficiencias en las acciones y procedimientos en materia de acceso a la información. En la legislación local no contempla la figura de este órgano colegiado al interior de los sujetos obligados, sino de un Comité de Información.

A diferencia de lo que sucede actualmente, la legislación en materia de transparencia en Sinaloa deberá establecer que la información como obligatoria o de oficio permanecerá disponible al público en los portales de internet, al no considerarse propaganda, incluso en tiempos de precampañas y campañas electorales.

El nuevo marco legal en Sinaloa deberá incluir además la posibilidad de que cualquier persona pueda denunciar ante la CEAIP la falta de publicación de la información prevista por la ley de transparencia, siendo actualmente el recurso de inconformidad ante una falta de respuesta, la única vía para expresar un señalamiento ante la opacidad de un sujeto obligado.

La CEAIP deberá desarrollar, administrar y poner en funcionamiento una plataforma electrónica para el cumplimiento de los procedimientos, obligaciones y procedimientos señalados en la Ley General conforme a un Sistema Nacional de Transparencia para atender las necesidades de accesibilidad de los solicitantes.

Transparencia a la sinaloense

“De vanguardia” es el adjetivo que utiliza el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información, y Protección de Datos Personales (INAI) para referirse a la Ley General de Transparencia  Acceso a la Información Pública. Coincidentemente son las mismas referencias que se hacían a la legislación local cuando se expidió en Sinaloa.

Cuando en abril de 2002 se promulgó la Ley Estatal de Acceso a la Información Pública, el entonces gobernador Juan Millán Lizárraga aprovechó todos los foros para pregonar con orgullo que en Sinaloa se había creado una legislación de avanzada en materia de transparencia. Sabía que era un tema que venía a nivel nacional de manera irreversible, por lo que decidió lanzarse por delante.

“Es mejor estar en la cresta de la ola”, había dicho a sus cercanos colaboradores.

A la postre, el marco legal sirvió más para la reserva de información que para la transparencia. Tras 13 años de haber sido expedida la Ley Estatal de Acceso a la Información Pública todavía no es posible que la totalidad de los sujetos obligados cumplan a cabalidad con el marco legal, siendo los gobiernos municipales los más renuentes a transparentar sus gobiernos.

Por ejemplo en el monitoreo que Ceaipes hizo en el primer trimestre de 2015 a los 18 ayuntamientos en Sinaloa, se encontró que sólo Culiacán cumple con los 40 puntos obligados por la ley; el resto, 17 gobiernos municipales, no lo hacen al 100 por ciento.

Los números de los gobiernos municipales obtenidos en 2015 en materia de transparencia han sido los mejores, comparados con los registros de evaluación y seguimiento de la Ceaipes en trimestres anteriores.