Convenios encubiertos

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Santamaría presa 2

 

El Gobierno del Estado y la Procuraduría Agraria ocultan información a comuneros en Presa Santa María

 

 

Diez comisiones a Culiacán se han hecho y no hay respuesta a la petición de que las autoridades estatales otorguen copias de los acuerdos hechos con la Mesa Negociadora para la construcción de la presa Santa María.

“Es desesperante, ya se habló con ellos, de la Unidad de Inversiones, la gente de (la Secretaría) Finanzas, la Procuraduría (Agraria) y todos es la respuesta que dan… que de acuerdo con la ley es lo que hay… y así se la llevan, en nada”, explicó Reyes Ávila Ortega, representante legal de la Asociación de Gestión del Proyecto de la Presa Santa María, que aglutina 48 comuneros.

La falta de transparencia que el Gobierno del Estado y la Procuraduría Agraria mantienen respecto a la información de los convenios firmados con un grupo de habitantes de la comunidad, podría detonar manifestaciones públicas para ejercer presión.

Reyes Ávila Ortega declaró que desde hace un año empezaron las gestiones ante la Unidad de Inversiones del Gobierno del Estado y la Procuraduría Agraria, ambas con sede en Culiacán, para obtener información, sin que a la fecha se les haya otorgado.

Principalmente, dijo, se está solicitando el contrato que para la renta de las tierras firmaron los integrantes de la Mesa Negociadora con el gobierno estatal, pues son decisiones que se tomaron sin considerar la opinión de quienes viven fuera.

Los comuneros que integran esta asociación y que actualmente se encuentran distribuidos principalmente en Mazatlán y constituidos desde marzo del 2014, decidieron agruparse por su cuenta al no poder asistir de manera constante a las asambleas que se organizaban en Santa María, para la toma de decisiones respecto a la construcción de la presa.

Reyes Ávila expuso que ante las decisiones que tomó la Mesa Negociadora con el gobierno del estado, se ha dado a la tarea de investigar a fondo cómo se hizo y los instrumentos legales a los que se recurrieron para sustentarlo, pero se les ha negado la información.

“Acudimos a la Secretaría de Administración y Finanzas y presentamos un oficio en el que manifestamos el por qué no asistíamos a las reuniones (…) queremos saber cómo está el contrato que firmaron los compañeros para el arrendamiento de las tierras, pero hasta ahorita que ya llevamos un año y no hemos conseguido que nos lo den”, expuso.

Las solicitudes para obtener la copia del contrato de arredramiento también se han hecho a la Unidad de Inversiones y la Procuraduría Agraria, indicó, y ambas instituciones han hecho caso omiso.

El comunero mostró a Ríodoce copias de los documentos que fueron recibidos en las dependencias.

Otro recurso fue ejercido a través de la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa (Ceaipes), pero las dependencias mantuvieron resistencia para responder, con todo y el recurso de revisión.

Una opción que está buscando esta asociación civil, mencionó, es tener un acercamiento con los integrantes de la Mesa Negociadora para exponer en buenos términos las observaciones y desacuerdos con las decisiones ya tomadas, y proponer unidad de esfuerzos para un solo fin: indemnizaciones justas, transparencia en la firma de contratos y avalúos acordes con los predios, construcciones y árboles frutales existentes.

No es justo, consideró, que 30 comuneros decidan por 278, porque el patrimonio de los comuneros y su familia quedó allá arriba.

“Nosotros nos amparamos ante el Juzgado Cuarto de Distrito con sede en Culiacán para ver si por medio de esto obteníamos la copia del contrato, pero no hemos tenido respuesta ni nada, ya he ido en cuatro ocasiones y nada, solo posponen la fecha”, lamentó.

Si la reunión que proponen con la Mesa Negociadora para exponer su desacuerdo por la firma de Ocupación Previa que le cedieron al gobierno del estado no es fructífera, se tomarán otras medidas, expuso.

“Si el gobierno no nos proporciona la información que les estamos solicitando vamos a ir a manifestarnos a Culiacán”, aunque “antes se agotará el recurso de la reunión que de buena fe se buscará con la Mesa Negociadora, advirtió.

Cada comunero tiene su familia que se verá afectada, se sabe que está mal que vayan niños, no está bien, pero en estos términos si no nos proporcionan lo que se pide, se llegará a ese punto, sostuvo.

“Sabemos que hay cosas que no tenemos a la mano, transporte y lo que ocupemos, vamos a pedir apoyo, no sé a quién, pero lo vamos a hacer”, aseguró.

En la comunidad puede ser que los 48 comuneros que integran esta asociación no tienen voz ni voto, por acuerdos que hayan tomado de que así debe ser, expuso, pero el derecho que se tiene por la propiedad es irrefutable y a eso se está apelando.

“No nos pueden quitar el derecho que tenemos por el certificado de tierra de uso común  y los derechos no se pierden aunque no asistamos a las asambleas”, mencionó.

 

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