Emplaza el obispado de Culiacán a que Alberto Athié se retracte, pero afloja

En Culiacán, la Diócesis católica guardó una semana de silencio tras la noticia que causó revuelo a nivel nacional. La información, en la revista Proceso, señala al obispo Jonás Guerrero Corona, junto con otros cinco jerarcas eclesiásticos, de encubrir a sacerdotes que han abusado sexualmente de niños y niñas en diferentes partes del país”. En su caso particular, de proteger al cura Carlos López Valdés. La acusación fue del ex sacerdote Alberto Athié Gallo, quien aseguró que hay una lista deobispos y arzobispos bajo investigación interna de la Iglesia.

Luego de evitar el contacto con los medios de comunicación, en improvisada rueda de prensa realizada el domingo 5 de julio, el obispo Jonás Guerrero negó los señalamientos al afirmar que “es una calumnia sin precedente, porque se hace un juicio de valor sin juicio, se les condena como si se tratara, dicen los titulares, encubridores de pederastas, obispos encubridores y es una gran mentira”. Y le dio un plazo de 48 horas a su acusador a “que se retracte o se atenga a las consecuencias jurídicas y a ser desenmascarado”.

La información sale a la luz luego de que El Vaticano creó un tribunal especial para investigar y  sancionar a los nuncios apostólicos que hayan protegido a sacerdotes pederastas.

Denuncias en proceso

Y es que los abusos sexuales de niñas y niños por sacerdotes de la Iglesia católica (pederastia clerical) no son recientes. El tema fue ocultado por el Vaticano. Hasta que en 2012, en Estados Unidosse desató un escándalo con múltiples denuncias de violaciones y otros abusos contra menores cometidos por sacerdotes y tolerados por algunos obispos.

En México, estos crímenes vienen de más atrás. A partir de 1994, el cura Nicolás Aguilar Rivera fue denunciado por violar a más de 60 niños en la Sierra Negra de Puebla. En Los Ángeles, Estados Unidos, de donde fue removido, estaba acusado de abusar de otros 28 menores. A pesar de la solicitud de extradición, México nunca lo entregó.

Este sacerdote fue el agresor de Joaquín Aguilar Méndez, de 13 años, cuando era monaguillo de la iglesia de San Antonio de las Huertas, en el Distrito Federal.

Ahora, Joaquín Aguilar tiene 34 años y es director de la Red de Sobrevivientes de Abusos Sexuales de Sacerdotes (SNAP, por sus siglas en inglés) en México. A través de esta organización, acusa abiertamente que “México se ha convertido en un refugio para los curas pederastas debido a la impunidad que existe y a que policía, ministerios públicos, jueces y el propio Estado funcionan como tapaderas de los crímenes sexuales del clero”.

Por eso presentó una denuncia en Estados Unidos contra el cardenal Norberto Rivera por encubrimiento de pederastas, al haber trasladado de templos y país a su agresor, el cura Nicolás Aguilar.

La Arquidiócesis de México desestimó la denuncia: “No nos preocupa en lo más mínimo, porque es una más de sus demandas, ya les ganamos dos ante esa Corte estadunidense porque no tiene jurisdicción, mienten. En su momento responderemos”.

Más aún, acusó a la SNAP de ser una organización que se ha “dedicado a lucrar con los abusos sexuales y en Estados Unidos han obtenido cifras millonarias por esas denuncias”.

La lista protegida

En 2010 —gracias a los archivos abiertos en Estados Unidos por orden judicial—,la SNAPpresentó una lista de 65 sacerdotes que han abusado sexualmente de menores, informó Éric Barragán, presidente para América Latina de este organismo.

Y dijo que de esta relación se pudo localizar a 16 curas en activo —registrados en el Directorio Eclesiástico de la República Mexicana —en las Arquidiócesis de Guadalajara, San Luis Potosí, Xalapa, Tlalnepantla, Yucatán, México, Querétaro y Tijuana, así como en las Diócesis de Colima, Aguascalientes, Ciudad Guzmán, Ciudad Obregón, Cuernavaca y Culiacán.

Esta indagación fue entregada al cardenal Norberto Rivera Carrera, en la Arquidiócesis de México, donde se le solicitó intervenir para evitar que esos sacerdotes dañaran a otros niños. Pero simplementeminimizó los hechos:

“En México tenemos un caso clamoroso, por desgracia, que fue el padre Maciel y algún otro abuso aislado, pero no es una situación gravísima”, respondió.

En México, el segundo país con la mayor cantidad de católicos después de Brasil, nadie sabe aún con certeza la cantidad total de religiosos acusados, pero la Iglesia afirma que son sólo unos cuantos casos aislados.

Línea desde el Vaticano

A partir de la presión de organismos civiles como la SNAP y la propia Organización de Naciones Unidas (ONU) a través de sus Comités sobre los Derechos del Niño y contra la Tortura, el Vaticano empieza a tomar medidas. Dijo haber apartado del sacerdocio a 400 religiosos por denuncias de abusos sexuales durante 2011 y 2012, y a siete más (de la Arquidiócesis de Tijuana) en 2014, mientras se realiza la investigación desde Roma.

Pero la SNAP consideró insuficientes estas medidas disciplinarias: “El papa tiene que empezar a expulsar del sacerdocio a los eclesiásticos que cubren crímenes sexuales, no sólo a aquellos que los cometen”, porque “es más una estrategia de defensa que un modo de proteger a los niños”.

En una carta dirigida al papa Francisco, las víctimas señalaron que “con palabras no alcanza” y exigieron que tome acciones efectivas y someta a la justicia civil a los responsables: “Establezcaclaramente en todas sus normas y su jurisdicción, que el abuso sexual y su encubrimiento son delitos penales graves y, ante cualquier caso de abuso o protección de abusadores, anteponga la obligación de denunciar y colaborar con las autoridades civiles competentes, por encima de cualquier procedimiento interno”.