La nueva Ley General, un marco ineludible para el nuevo organismo
Con un marco legal todavía en construcción, están despiertos los apetitos por formar parte de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública (CEAIP), el nuevo órgano en materia de transparencia que sustituye a la Ceaipes.
La CEAIPES está en su situación jurídica más aguda desde que se fundó hace 13 años. Tiene declarada ya su extinción legal, menos de un año de vida. De los tres comisionados que integran el pleno, como máximo órgano de decisión, sólo uno, Rosa del Carmen Lizárraga, recibió la ratificación para integrar la CEAIP.
El actual presidente de Ceaipes, Abraham Lugo Salazar ha visto pasar muy cerca la guillotina para separarlo de su cargo de comisionado. Quien también fuese coordinador de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Congreso del Estado de Sinaloa de 2003 a2009, ha luchado en los últimos meses para sostenerse al interior de la Ceaipes. Su mayor fortaleza ha sido su relación cercana con el coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Jesús Enrique Hernández Chávez. Demorar la renovación la Ceaipes ha sido la apuesta a la fecha.
Tomando como base el periodo original para el que fue electo Lugo Salazar, éste debería salir de su cargo de comisionado hasta septiembre de 2016 para así cumplir su ciclo de siete años, como señala el artículo 39 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. Sin embargo, al crear el Congreso del Estado la CEAIP para suplir a la Ceaipes, mediante una reforma constitucional aprobada el 24 de noviembre de 2014, se decretó que los actuales comisionados deberían solicitar formalmente al Poder Legislativo formar parte del nuevo organismo autónomo.
Ante el escenario adverso, trascendió que Lugo Salazar buscaría interponer una controversia jurídica para defenderse, lo que ha demorado la convocatoria para nuevos comisionados y la integración de la CEAIP, conforme a los lineamientos de un nuevo marco legal en materia de transparencia.
El comisionado José Carlos Álvarez Ortega se molestó cuando se enteró del nuevo escenario que significaría retirarse del cargo de comisionado antes de concluir su periodo de siete años. La controversia del también maestro en Derecho Constitucional y Amparo llegó a tal grado que se negaba a asistir a las instalaciones de la Ceaipes.
Sin embargo, Lugo Salazar le insistió y la convenció para seguir adelante, integrando desde entonces una alianza, muchas de las veces contraria a las posiciones de la nueva comisionada, Rosa del Carmen Lizárraga, quien había fungido en su anterior cargo como coordinadora de Acceso de Información Pública en los gobiernos de Jesús Alberto Aguilar Padilla y luego con Mario López Valdez.
Ahora, con los tiempos constitucionales próximos a vencer, en el próximo mes de septiembre se cumplirían los siete años para los que fue nombrado Álvarez Ortega.
En el Congreso del Estado se ve impostergable la necesidad de iniciar los procedimientos para convocar la renovación de los dos nuevos comisionados. Ante el empalme del proceso para elegir a los nuevos comisionados y los tiempos para armonizar la legislación local con la Ley General de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la disyuntiva será con cuál marco legal se inicia el procedimiento.
En Sinaloa a la fecha solo existe la Ley de Acceso a la de Acceso a la Información Pública expedida en el sexenio de Juan Millán Lizárraga, cuando la actual comisionada Rosa del Carmen Lizárraga era su Coordinadora de Comunicación Social.
De acuerdo con la ley que fue presentada hace 13 años como de vanguardia, los comisionados deberían ser electos por el Congreso del Estado tomando como base las propuestas presentadas por el gobernador; sin embargo, en armonización con las reformas constitucionales federales, en Sinaloa ahora la Constitución local en su artículo 109 Bis B, establece que los comisionados serán nombrados por el Congreso del Estado previa convocatoria y realización de una amplia consulta a la sociedad, y solo se le concede al gobernador el derecho de objeción en un término de diez hábiles posteriores a la designación.
De acuerdo con la promulgación, en mayo de 2015, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las entidades federativas tienen un año para armonizar sus leyes locales, por lo que todavía es una asignatura pendiente hacer las modificaciones en Sinaloa a legislación local en materia de transparencia.
La diputada Imelda Castro Castro, integrante con voz y voto en la Junta de Coordinación Política, declara que será un asunto de consensos definir cuál será el marco legal que servirá para el proceso de elegir a los nuevos comisionados, si el recientemente promulgado a nivel federal en mayo pasado que mandata armoniza todas las leyes estatales, o bien la ley local, la cual no ha sido modificada.
De hecho en los últimos días se ha trabajado en una agenda sobre los temas de transparencia, expresa la legisladora, también coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD en el Congreso del Estado. Entre los puntos que han salido en la mesa de legisladores ha estado la integración de una comisión especial para dar curso a la agenda, por ejemplo la de integrar una comisión plural de expertos, organismos y la propia Ceaipes, para revisar las propuestas tras la convocatoria de los comisionados.
A lo anterior se suma la necesidad de trabajar por Sinaloa en una Ley de Archivos, y otra sobre la Protección de Datos Personales.
Aunque incluso ya se planea la creación de una nueva comisión permanente sobre temas de transparencia dentro de la vida orgánica del poder legislativo, por lo pronto se prevé la urgencia de integrar una comisión especial para ver en lo inmediato el tema de la renovación de los comisionados.
Otro de los temas que falta consensuar entre los grupos parlamentarios será si la actual ley de acceso a la información pública se modifica conforme a los preceptos de la ley general expedida en mayo a nivel federal —de la que se declara a favor Imelda Castro—, o bien se elabora una nueva que pueda ser armonizada con el marco federal.
Con la inminente convocatoria a la elegir a los nuevos comisionados, los nombres de los posibles candidatos empiezan a trascender. A la fecha tres nombres comienzan a escucharse con mayores posibilidades.
César Valenzuela Espinoza, quien fuese el primer titular de la Coordinación de Acceso a la Información Pública del Gobierno del Estado, en el sexenio de Juan Milán Lizárraga; Arturo Ordoñez, actual coordinador de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Congreso del Estado y exdelegado de Profeco; y Lizeth Perea Escalante, exfuncionaria de la Ceaipes en la Unidad de Vinculación Ciudadana y quien actualmente se desempeña en la Coordinación Municipal de Acceso a la Información del Ayuntamiento de Ahome.
RECUADRO 1:
CRONOLOGÍA:
7 DE FEBRERO DE 2014
El Congreso de la Unión aprueba reformar el artículo Sexto Constitucional para la integración de una institución autónoma, independiente y ciudadana en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, e incluye un catálogo mayor de sujetos obligados. Se establecen las bases legales constitucionales para la creación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) que sustituye al IFAI.
31 DE OCTUBRE DE 2014
El Congreso del Estado de Sinaloa aprueba incorporar a la Constitución Política del Estado reformas a los artículos 109 Bis B, 130, 132 y 135 para crear la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública (CEAIP), en lugar de la Ceaipes. Se establece que los comisionados serán nombrados por el Congreso del Estado tras una amplia consulta a la sociedad.
28 DE NOVIEMBRE DE 2014
Se publica en el Periódico Oficial de Sinaloa el decreto 163 que incluye las reformas constitucionales para crear la CEAIP, así un artículo transitorio que señala la necesidad de que en un plazo de diez días los comisionados de la Ceaipes soliciten al Congreso del Estado formar parte del nuevo organismo, debiendo obtener la votación favorable de dos terceras partes de los legisladores presentes.
11 DE DICIEMBRE DE 2014
Rosa del Carmen Lizárraga es la única comisionada que recibe la votación favorable del Congreso del Estado para integrar la CEAIP. Las peticiones de los comisionados Abraham Lugo Salazar y José Carlos Álvarez Ortega son rechazadas.
4 DE MAYO DE 2015
Se promulga la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, marco legal que mandata la homologación de principios, criterios y procedimientos en la materia en todas las entidades federativas, así como construir un Sistema Nacional de Transparencia en un plazo no mayor a un año.
