Reinicia ICA la obra de la presa Santa María sin permisos municipales
Con la sola gestión y cabildeo del director de la Unidad de Inversiones estatal, José Luis López Montiel, el gobierno del estado marcó un parteaguas en El Rosario, al obtener el beneficio de la exención del pago de impuestos por el trámite, a cambio de nada.
“Se salieron con la suya, se va el gobierno del estado con las manos llenas y deja al municipio con las manos vacías”, sostuvo Gilberto García Echeagaray, regidor del PAN que votó en contra del acuerdo que en sesión extraordinaria de cabildo mayoriteó el PRI para firmar un convenio que otorgaba la exención del pago por la licencia de construcción.
Se espera, dijo, que en la sesión ordinaria de este lunes 29 de junio que se ratifique el acuerdo, se aclaren las dudas y proporcione más información, como el hecho de que el dictamen del Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) no está vigente, por lo que no procedería la emisión del permiso de construcción.
Aunado a ello, agregó, espera ver el convenio final que firmarán y en el que, según el primer borrador entregado a los regidores, está incluido como presidente de la coordinación de Obras Públicas, al igual que su homólogo del PRD, Martín Alcaraz, aunque ambos ya adelantaron que no lo firmarán por su desacuerdo.
Trascendió que el 23 de junio de 2015, López Montiel y dos representantes de ICA se reunieron en privado, fuera del Ayuntamiento, con los ocho regidores que aprobaron la firma del convenio, el alcalde y el síndico procurador.
De manera sigilosa y sin la presencia de los medios de comunicación, el funcionario estatal y los representantes de la constructora escucharon algunas de las peticiones que los funcionarios municipales hicieron para que apoyaran al municipio con obras y maquinarias.
Pero ante la falta de compromiso por parte de los representantes de ICA, López Montiel expuso que sería él el enlace ante la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para que la paraestatal contratara a la constructora para la ejecución de las obras.
Sin más compromiso que la palabra del titular de la Unidad de Inversiones y el párrafo del convenio en el que se indica en la cláusula segunda que: “el Estado se obliga en la medida de sus posibilidades, a apoyar a el Municipio para la prestación de los servicios públicos que requieran”, se espera que esta semana el Ayuntamiento libere la licencia de construcción.
El convenio lo firma el Secretario General de Gobierno, Gerardo Vargas Landeros; Armando Villarreal, Secretario de Administración y Finanzas; Juan Pablo Yamuni Robles, titular de la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas; López Montiel; Arturo Flores, alcalde; Teresita de Jesús Benítez, Secretaria del Ayuntamiento y Amílcar Crespo, Síndico Procurador.
Aunque se incluye a los integrantes de las comisiones de Obras Públicas y de Hacienda, extraoficialmente en la reunión privada los asistentes habrían acordado excluirlos de la firma, toda vez que forman parte de éstas quienes votaron en contra: Gilberto García y Martín Alcaraz.
Gilberto García sostuvo que desconocía la celebración de esa reunión así como el haber sido excluido de la firma, “de cualquier manera no iba a firmar, lo que espero es que se integre el expediente con información completa: proyecto ejecutivo, costos, MIA vigente e insistir en la definición de proyectos para El Rosario”.
Cuestionó que desde el 16 de junio pasado ICA haya reiniciado las obras sin que se hubiera celebrado la sesión de Cabildo, y continúe ahora, aun y cuando la licencia de construcción no se ha elaborado.
“No estamos dormidos”: Comuneros
“Estamos en el olvido, están reprobados los del gobierno del estado, el gobernador sólo nos está utilizando, yo le aseguro que no ha vuelto a ir a Santa María, estuvo en un lugar conocido como Charco Amarillo, pero no en la comunidad”, señaló Víctor Ávila Osuna, comunero de Santa María de Gracia y regidor del PRD en El Rosario.
El gobernador estuvo en ese lugar, pero no en la casa donde lo esperaban los comuneros, agregó.
“¿Qué pasó gobernador?, no estamos en contra de usted, queremos que nos ayude, que se comporte como ejecutivo, como lo que es…no estamos dormidos nosotros, yo al menos, conozco la ley agraria. Con respecto a este mega proyecto, nosotros nos hemos sentido sorprendidos por un equipo del gobernador que no ha hecho las cosas conforme a la ley, como debe de ser”, señaló.
“Presionaron para que se firmara la Ocupación Previa, pero la Procuraduría Agraria jamás le habló a los comuneros respecto a los compromisos que tiene ante éstos porque se le “olvidó” y no han sido asesorados ni asistidos en materia legal agraria”, indicó.
El Registro Agrario Nacional (RAN) está por las mismas, acusó, porque tampoco brindó asesoría a los comuneros, donde además hay una comunidad indígena donde se habla Tepehuano y debieron haber recibido asesoría en su dialecto.
Con respecto al avalúo de sus propiedades, indicó que nadie se ha presentado en la comunidad para hacer ningún levantamiento y “ni siquiera se ha llevado a cabo la primera reunión en serio, con un notario público para la negociación de la indemnización”.
La petición para el gobernador del estado Mario López Valdez es que se comporte como tal: como un mandatario y se apegue a las leyes.
Desconoció a los integrantes de la mesa negociadora que ha firmado acuerdos con el Gobierno del Estado en nombre de la comunidad, por carecer de personalidad jurídica para hacerlo.
El dinero que han estado recibiendo se mantiene escondido, sin transparencia, y los acuerdos que haya firmado por esto, no tienen validez.
“Hay dinero de por medio, pero no se han hecho cuentas, no estoy golpeando a nadie, simplemente queremos que las cosas se aclaren para que esto llegue a feliz término”, aseguró.
En peligro el Huizache-Caimanero por impacto ambiental
Como el más vulnerable de sufrir el impacto ambiental que cause la construcción de la presa Santa María, calificó Francisco Figueroa Plancarte, presidente de la Federación de Cooperativas Pesqueras Guerreros del Sur de Sinaloa, a este sector productivo.
“Estamos conscientes de que somos el sector primario más afectado, sabemos que la agricultura va a ser beneficiada, la ganadería, comercio, todos van a ser beneficiados, y el más impactado va a ser el pesquero, por eso antes de que se haga la presa Santa María estamos en pláticas con la autoridad y dándole a conocer cuál va ser el impacto que va a tener”, asentó.
Ya se ha expuesto ante las autoridades la inquietud de que va a haber un impacto negativo hacia la laguna, y (ellos) dicen que sus drenes agrícolas van a ser entubados, pero se prevé que habrá impacto ambiental en los sistemas laguneros, reiteró el líder pesquero que representa a alrededor de 900 familias de pescadores.
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) de la Cuenca Pacífico informó que se tiene proyectado soltar 14 millones de metros cúbicos anuales de cada presa, que estaban diseñadas ecológicamente y que iban a cuidar el medio ambiente, expuso, pero aun así la percepción es que afectará negativamente los sitios pesqueros.
“Los pescadores sentimos que va a haber impacto negativo hacia la laguna porque el aporte de agua y de nutrientes ya no va a ser el mismo, nosotros estamos conscientes de que se debe desarrollar el sur de Sinaloa, pero también que se deben tomar en cuenta los sectores establecidos como lo es el pesquero, y darles su cuota de agua para que mantenga sus niveles”, indicó.
Figueroa Plancarte agregó que las lagunas están azolvadas porque no se les ha dado mantenimiento por parte del gobierno federal, no obstante no se llenan con el agua de mar, por lo que forzosamente requieren del aporte del agua de los ríos.
“Estamos platicando con las autoridades que el impacto sea lo menos posible hacia los sistemas laguneros, aunque toda nuestra gente está consciente de que los va a impactar de una manera muy seria y fuerte”, dijo.
Mientras la incertidumbre prevalece entre los pescadores y sus familias, Conagua insiste en que habrá un aporte de agua anual.
“Nosotros consideramos que no va a ser el aporte suficiente porque al final sabemos que el agua va a ser un recurso que va a ser muy peleado y los más poderosos son los que más se sirven pagando las cuotas más baratas de agua, mientras que los más necesitados y pobres, son a los que les dan el agua más cara”, indicó.
Como sector social productivo del sur de Sinaloa existe el acuerdo de que se desarrolle la infraestructura para la presa y detone económicamente a la región, pero también quieren ser tomados en cuenta, aseguró.
“Que tomen las medidas de mitigación para que los sistemas lagunares no sean tan impactados”, agregó.
Por el momento se va a seguir el diálogo con las autoridades, aseguró, para que den el aporte de agua que realmente se necesita, y de no ser así, “sobre la marcha y el tiempo se tomarán medidas”.
Cronología
3 de agosto 2011. Malova aseguró durante una gira de trabajo por El Rosario, que la Presa Santa María se haría.
19 de mayo 2013. El Diario Oficial de la Federación publicó el convenio de Coordinación que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a través de la Conagua, firmó el gobierno del estado para la construcción de la presa.
Octubre 2014. Conagua publicó la licitación de la presa Santa María.
13 enero de 2015. ICA firmó contrato por 3 mil 989 millones de pesos para la construcción de la presa Santa María.
20 de marzo de 2015. Mario López Valdez, acompañado del hoy ex titular de Conagua, David Korenfeld encabezó el “banderazo” de inicio de la obra.
16 de junio de 2015. Reinicia la obra ICA. El mismo día López Montiel se reunió en privado con regidores, alcalde y síndico procurador de El Rosario en un hotel de Mazatlán, donde aclaró dudas, durante más de tres horas, con miras a que en la sesión de Cabildo del 19 de junio se aprobara la exención por la licencia de construcción.
19 de junio de 2015. En sesión extraordinaria el Cabildo aprobó, con el voto a favor de ocho regidores del PRI, el del Síndico Procurador y el del Alcalde, la celebración de una firma de convenio de colaboración entre el gobierno del estado y el Ayuntamiento para la exención de pago por la expedición de la licencia de construcción. Tres regidores votaron en contra; dos del PRD y uno del PAN.
23 de junio 2015. López Montiel y representantes de ICA se reúnen en privado con los ocho regidores que aprobaron la firma del convenio, el Alcalde y el Síndico, sin haber compromiso firme por parte del gobierno del estado.
26 de junio 2015. El convenio para la exención del pago no había sido firmado aún ni se había elaborado la licencia de construcción.
