GUATEMALA (apro).- La Corte Suprema de Justicia (CSJ) aceptó ayer la solicitud promovida por el diputado Amílcar Pop Ac, del partido indígena Winaq, de retirarle la inmunidad al presidente Otto Pérez Molina para que enfrente un proceso penal por su posible involucramiento en dos casos de corrupción que han provocado siete semanas consecutivas de protestas multitudinarias, la renuncia de la vicepresidenta Roxana Baldetti y la remoción de varios ministros.
El futuro de Pérez Molina queda ahora en manos del Congreso, el cual deberá integrar una comisión investigadora conformada por cinco diputados que examinarán las pruebas y decidirá si existen razones suficientes para retirarle la inmunidad al mandatario.
Los diputados deberán conocer los argumentos expuestos por el diputado Pop, cualquier documento o prueba que los respalde y escuchar la versión de Pérez Molina.
La comisión será conformada mediante un sorteo que se realizará entre todos los diputados, salvo el presidente del Congreso. Ninguno de los diputados electos puede negarse a integrar la commisión, hacerlo constituiría una falta grave sujeta a sanciones.
