julio 30, 2021 3:06 PM

Atropello a la autonomía del Municipio

  

 

Presiona Malova por permisos para la Santa María, Ayuntamiento no cede

Una semana de jaloneos y presión por parte de la cargada gubernamental del estado se mantiene para que el Ayuntamiento de El Rosario ceda y exente a la empresa ICA de pagar los impuestos de permisos y licencias para la construcción de la presa Santa María.

El regidor Gilberto García Echegaray, quien preside la Comisión de Planeación, Ecología y Obras Públicas, destacó que no hay ningún interés por firmar el Certificado de Promoción Fiscal del Estado de Sinaloa(Ceprofies) por parte de él, si no hay claridad de queno vaya a haber responsabilidad legal en su contra como parte del Cabildo.

Señaló que el gobierno del estado no respeta la autonomía administrativa del municipio y que en todo caso, la ley no contempla que ICA pueda ser beneficiaria de certificados de promoción fiscal porque se trata de una obra pública.

El espíritu de la ley es claro, el municipio no la inventó, y es lógico que después de 60 años de haber planeado la construcción de la presa, el municipio fuera el más beneficiado.



No llega la hora al sur

Durante décadas, la construcción de la presa ha sido bandera de políticos que la han capitalizado como la panacea del sur de Sinaloa, pero la realidad los contradice.

“Ahora sí le llegó la hora al sur por el derecho que le asiste, tiene el derecho de que se le pague el por ciento como lo establece la ley de hacienda estatal, más un por ciento adicional; ahí están los 48 millones de pesos para la primera etapa y 48 más para la segunda”, asentó García Echeagaray.

La constructora no viene a establecerse de manera indefinida como lo hacen las tiendas de autoservicio, tiene que pagar por el permiso de construcción.

“Me llama la atención que se inviertan más de mil millones de pesos y ni quieran pagar 48 millones al municipio; otro punto hace ruido, es ¿por qué dejó el gobierno del estado, al cuarto para las 12 para venirnos a decir que quieren el permiso de construcción?”, cuestionó.

Falta información, expuso otro regidor, porque no hay claridad si los regidores contarán con una sanción administrativa por exentar el pago. Se requiere, dijo, de un soporte legal ampliado, pues aunque no están en contra de que se construya, también quieren que se beneficie al municipio con una mejor calidad de servicios.

Debe estar abierta la posibilidad de que ICA ofrezca pagar, incluyendo en especie, con obras y maquinarias, expuso.

Conagua publicó un documento, dijo, en el que se expone en el apartado de “disponibilidad del sitio”, cláusula octava, que trámites como cambio de uso de suelo, impacto ambiental y permiso de construcción, así como derecho de vía, ya están listos, cuando en realidad, hace unas semanas se informó a la administración municipal la necesidad de que los libere.

Si el contrato lo firmó bajo esos términos, el gobierno del estado debe buscar las herramientas para destrabarlo, amén de que debió de haberse involucrado al municipio antes de la firma, comentó.

Legalmente, agregó, existe un recurso legal para que se ampare ante ese contrato, pero lo que debe hacer es exigir el pago de esos impuestos que le corresponden.



El contexto

El 21 de mayo, el gobernador Mario López Valdez declaró al término del Congreso Nacional de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias que sería a través de Ceprofies que se condonaría el pago de 48 millones de pesos a la empresa y que corresponden al contrato de construcción de la presa Santa María en su primera etapa, más una cantidad similar por la segunda etapa.

Adelantado, Malova sostuvo que el municipio va a poner el permiso de construcción y que no sería para ICA el apoyo, sino “para el proyecto, porque el más beneficiado es el municipio de El Rosario”.

El mismo día, Aarón Rivas, Secretario de Desarrollo Económico, entrevistado aparte, declaró que si el gobernador ya lo dijo, se exentará a ICA a través de los certificados, pues sí aplica.

Contradictoriamente, el secretario indicó que se trata de una obra pública y los certificados fiscales son para obra privada, pero que es un beneficio para los sinaloenses.

Según Aarón Rivas ya se estudió el proyecto, e ICA hará la solicitud del permiso de construcción como iniciativa privada, aunque si Malova ya lo dijo “es porque está seguro que sí pasa”.

Agregó que es tema revisado con el alcalde Arturo Flores y que éste no tiene ningún problema en apoyar este procedimiento, pero en la semana posterior a esta declaración, trascendió que el primer edil no está de acuerdo.

Reservado, el alcalde no ha declarado sobre el tema. El martes 26 de mayo se reunió con el gobernador donde habrían revisado la exención del pago a la constructora, pero sin concretarlo.

El viernes 29 de mayo se reunió con José Luis López Montiel, titular de la Unidad de Inversiones y Aarón Rivas, para revisar bajo qué criterios se llevaría a cabo una próxima reunión.

Las fricciones salieron a lo público luego de que el secretario de Innovación Gubernamental, Karim Pechir Espinosa de los Monteros se reunió en privado con los Regidores, Alcalde y Síndico procurador en El Rosario, el pasado 8 de mayo.

Parte de la molestia que prevalece entre algunos de los asistentes a la reunión, es la manera en la que planteó la situación, pues alertó sobre la posibilidad de que los recursos económicos se regresen ante la falta de trámites para que se apliquen.

La intención de querer fincar —de manera velada—responsabilidad en ellos, molestó a algunos ediles por la presión de un funcionario ajeno al tema, que nada tiene que ver con el proyecto.

Sin avance de obra y con proceso abierto ante Profepa

El pago de 11 millones 950 mil pesos que hizo el Gobierno del Estado ante la federación para la obtención del cambio de uso de suelo no se ha concretado.

Entre la última semana de febrero y la primera de marzo, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) levantó acta por la tala de árboles e impacto ambiental que causó el gobierno del estado; derivado de ello, la obtención del trámite para el cambio del uso del suelo se le complicó a la administración estatal.

Aunque el trámite está pagado, aún no se cuenta con el documento, pues su obtención, por proceso, tarda hasta 12 semanas, y aunque al solicitante lo respalda la ley para iniciar con movimiento de tierra diez días después de hecho el pago, no lo han hecho.

Extraoficialmente trascendió que ICA tampoco entrará a trabajar de nuevo en la obra, si el Ayuntamiento de El Rosario no libera el Contrato de Construcción.

A través de una solicitud de información, la Profepa informó el 25 de mayo, que mantiene abiertos dos expedientes: PFPA/31.3/2C.27.2/00030-15 y PFPA/31.3/2C.27.5/00024-15 a nombre del Gobierno del Estado de Sinaloa.

El primero de ellos en materia forestal y el segundo en materia de impacto ambiental, mismo que no han causado estado porque se encuentra transcurriendo el plazo para que el estado pueda impugnar.

El procedimiento de inspección sigue abierto, se agrega, ya que deben desahogarse diversas actuaciones por parte del Gobierno del Estado que permita a la Profepa emitir una resolución que ponga fin al procedimiento.

La respuesta de la procuraduría federal contradice la declaración que López Montiel hizo a Ríodoce la última semana de abril, en la que aseguró que el procedimiento ante esta dependencia ya había concluido.

No se lo voy a esconder, el Gobierno del Estado tomó la decisión de ampliar la brecha y efectivamente eso, en una visita de Semarnat y Profepa, en cumplimiento de su deber, hicieron la observación de que no se había otorgado el uso de suelo, y que se había hecho un desmonte”, expuso hace casi un mes.

La Profepa instauró el procedimiento, mismo que ya llegó a su culminación, dijo entonces, y el gobierno del estado fue sancionado con 120 mil pesos por eso, ya se pagó esa multa y ya quedó todo resuelto para que a la brevedad posible ya pueda ser otorgado ese cambio de uso de suelo y ya se inicien los trabajos de la presa.

A este escenario se suma que a ICA le urge contar con el 100 por ciento de permisos y licencias liberadas para cumplir con el programa de obra que tiene proyectado, y que debió de haber continuado en abril, antes de que la temporada de lluvias le impida iniciar con la primera etapa, que consiste principalmente enel desvío del río Baluarte.



Cronología

13 enero de 2015 ICA firmó contrato por 3 mil 989 millones de pesos para la construcción de la presa Santa María.

20 de marzo de 2015 Mario López Valdez, acompañado del hoy ex titular de Conagua, David Korenfeld, encabezó el “banderazo” de inicio de la obra.

3 de mayo Ríodoce da a conocer públicamente que la obra está suspendida por violaciones a la ley ambiental.

8 de mayo El secretario de Innovación Gubernamental, Karim Pechir Espinosa de los Monteros, se reunió en privado con el alcalde y regidores de El Rosario y representantes de ICA para exponer la importancia de la obra y de facilitar lo que se requiera para “no dejar ir la obra”.

10 de mayo Comuneros disidentes manifiestan su enojo por las amenazas y falta de respuesta del gobernador a sus demandas, desconocen la figura legal de la Mesa Negociadora con la que trabaja el mandatario y exigen ser tomados en cuenta como mayoría.

21 de mayo, el gobernador declaró que sería a través de Ceprofies la exención del pago del contrato de construcción para que ICA inicie la obra.

 

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