En una resolución inédita, autoridades mexicanas reconocieron el miércoles pasado que elementos del Ejército Mexicano ejecutaron a balazos a por lo menos 12 de las 22 personas muertas el 30 de junio de 2014, en la comunidad de San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, Estado de México.

De esta forma, el gobierno federal se comprometió a indemnizar con 3.3 millones de dólares (más de 50 millones de pesos mexicanos), a los familiares de las víctimas, según la recomendación CNDH/2/21014/5390/Q, emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la cual se determinó que en el caso Tlatlaya sí hubo una serie de “Violaciones Graves” a los Derechos Humanos.

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Gobierno Federal (CEAV), precisó desde el viernes pasado que “ya iniciaron las acciones para la reparación integral a los 28 familiares de las víctimas de lo acontecido en Tlatlaya, lo mismo que las tres mujeres sobrevivientes”.

“De acuerdo a la Ley General de Víctimas, las personas en situación de víctimas tienen el derecho a ser reparadas integralmente por el daño que han sufrido como consecuencia de un delito o violación a los derechos humanos, comprendiendo medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y medidas de no repetición”, se lee en el comunicado, fechado el pasado jueves 14 de mayo.

No obstante, el CEAV determinó no revelar detalles sobre montos y fechas de pagos por concepto de indemnización, como una medida de protección y seguridad de las familias, como tampoco revelarán los nombres de las personas ni las medidas adoptadas para la entrega del dinero.

Martha Tagle Martínez, profesora en Ciencias Políticas y defensora de Derechos Humanos por el partido Movimiento Ciudadano, dijo que lo acontecido en Tlatlaya, y que el gobierno federal lo reconozca, demuestra la grave situación en materia de derechos humanos que se vive en México.

“La mayor crisis que vivimos en nuestro país no es política, ni es económica, sino es derivada de la violación a los derechos humanos de los mexicanos, y un botón de muestra es la masacre ocurrida en Tlatlaya”, opinó la ex diputada, durante un foro sobre Derechos Humanos e Impartición de Justicia realizado en la ciudad de México.

No obstante, ni la PGR ni la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) han determinado qué va pasar con los elementos castrenses agresores, y sólo se informó que existen un proceso penal en contra de 3 elementos militares, quienes aparentemente fueron quienes dispararon sin “justificación alguna”, informaron fuentes de la PGR.
La masacre

El 1 de julio de 2014, el departamento de comunicación de la Sedena publicó un comunicado en donde describía cómo la noche del 30 de Junio de 2014, personal militar realizaba patrullajes de reconocimiento en Tlatlaya, cuando ubicaron una bodega en la localidad de San Pedro Limón, que era custodiada por civiles armados.

“Al ver a los elementos castrenses, los civiles abrieron fuego contra las tropas, quienes repelieron la agresión, resultando los 22 agresores muertos, entre ellos una mujer. En el lugar fueron incautadas 38 armas, municiones, y se liberaron a tres mujeres”, narraba el comunicado, el cual actualmente se encuentra eliminado del portal de la Sedena.

Ese mismo día, al conocerse la masacre, el gobernador del Estado de México Eruviel Ávila Camacho dijo en una entrevista con medios de comunicación que “el ejército en legítima defensa había abatido a los delincuentes”.

No fue sino hasta que la agencia de noticias AP logró entrevistar a una de las sobrevivientes de la masacre, a quien sólo identifican con el nombre ficticio de “Julia”, quien reveló que, efectivamente, hubo un enfrentamiento entre civiles y elementos castrenses, en donde un civil murió, y un soldado resultó herido, pero entonces los militares metieron a los 21 civiles a una bodega, y ahí los fusilaron a todos.

Según la narración de la mujer, los muchachos decían que les perdonaran la vida. Entonces los soldados les dijeron “¿no que muy machitos, hijos de su puta madre? ¿No que muy machitos?”.

“Entonces les preguntaban cómo se llamaban y los herían, no los mataban. Yo decía que no lo hicieran, que no lo hicieran, y ellos decían que “esos perros no merecen vivir’. Luego los paraban así en hilera y los mataban”, dijo la mujer.

Manuel Hurtado, profesor de la preparatoria Emiliano Zapata, en Ecatepec Estado de México, dijo que los abusos de las autoridades tanto civiles como militares, entran con total salvajismo a las comunidades más marginadas o alejadas de la ciudad, y cometen todo tipo de abusos, incluso, plantan evidencias.

“Hay abusos, pero también desinformación, porque hay ocasiones en que hay enfrentamientos, e informan que hubo tres muertos, cuando en realidad se sabe que fueron hasta cinco veces más”, reveló el docente, quien además está involucrado en actividades relacionadas con la defensa de los derechos de la mujer.

Según la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en el Estado de México, en esa entidad se han recibido 25 quejas por hechos relacionados con actos de tortura o abuso cometido por elementos militares o policiacos.

En Sinaloa se tienen registrados abusos graves cometidos por elementos de la Armada de México, sobretodo en la sindicatura de Eldorado, donde a principios de noviembre de 2014 mataron a tiros a un menor, a quien sólo se identificó con el nombre de Miguel Ángel, según consta en la edición de Ríodoce del 9 de noviembre.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) inició de oficio una investigación sobre la muerte del menor, pero hasta el momento no se ha determinado un dictamen sobre esa averiguación.

Para la organización internacional Human Rights Watch (HRW), el asesinato por parte de elementos del Ejército Mexicano a un grupo de 22 “presuntos delincuentes” es la peor masacre de civiles del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto.