abril 19, 2021 12:53 PM

La reforma inconclusa

 

Revocación de mandato y síndicos procuradores, fuera del acuerdo PRI-PAN

 

 

“Vamos a hacer historia por Sinaloa”, dijo desde tribuna la diputada presidenta Yudit del Rincón, poco antes de votar y discutir las reformas político electorales.  Sin embargo, en el dictamen presentado al pleno se habían excluido figuras como la revocación de mandato y la posibilidad de transformar el procedimiento en que los síndicos procuradores son electos.

Ambos temas no estaban contenidos dentro de las reformas que en el ámbito federal requerían ser votadas y discutidas con plazos fatales por los congresos locales, aunque no necesariamente estaban prohibidas.

Tanto la revocación de mandato, como la forma con la cual han sido electos en Sinaloa los síndicos procuradores, fueron temas que habían estado durante semanas anteriores en las discusiones  legislativas de las comisiones.

El Partido Sinaloense y el Partido de la Revolución Democrática habían estado impulsándola al interior de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, así como en la Junta de Coordinación Política.

El argumento disuasivo siempre había sido el mismo. Que aún falta por hacer mucho análisis del tema para incluir figuras como la revocación de mandato en el marco legal de Sinaloa. El mismo día de la discusión en pleno se hizo énfasis en que discutir sobre el tema sería extralimitarse a las normas de la constitución política nacional.

Aunque se hablaba que las reformas en el escenario legal no obligaba a Sinaloa a entrar en la discusión, se argumentó que mejor había temas que serían de avanzada, como el asunto de paridad de género en la postulación de candidaturas. Ese se consideraba un asunto que se podía impulsar más allá del mandato constitucional de reformas político electorales.

“Con esta democracia que tenemos a cuántos quieren que tiremos. Vamos empezando por la revocación de mandato y verán que baile se arma”, expresó el panista Francisco Solano al señalar su rechazo a su posición en contra de la revocación de mandato, argumentado su defensa al voto y la validez del ejercicio del juicio político.

“Yo no tengo elementos que me permitan decir en este momento que estoy a favor de la revocación de mandato”, había dicho la diputada priista Sandra Lara e integrante de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, días previos, en una entrevista al programa de noticias Línea Directa. Dijo entonces también que la reelección en términos reales termina siendo un método revocatorio de alguna manera, porque se le da a la sociedad el poder de decidir mediante el voto, si quiere reconocer el desempeño de un regidor, de un alcalde o un regidor, o si quiere castigarlo porque fue un mal servidor público.

Mediante la revocación de mandato el electorado tiene el derecho de quitar del cargo al servidor público y al representante popular que él mismo eligió. En otras palabras, el pueblo mediante el sufragio decide sobre la continuidad en el cargo de un político en un puesto de elección popular.

Por su parte la diputada del PRD, Imelda Castro, señaló que la revocación de mandato debe entenderse como el castigo ciudadano correlativo al premio que significará la reelección”.

Revocación de mandato

En Sinaloa, la  revocación de mandato no es un tema del todo nuevo. Su discusión ha estado presente en diversas legislaturas, pero no ha llegado al grado de aprobarse para ser incluido en el marco legal como una herramienta para destituir a representantes populares.

De hecho la renovación de mandato está incluida dentro del texto de la Constitución Política del Estado de Sinaloa. Su incorporación fue posible cuando la LIV legislatura aprobó la integración también del referéndum y el plebiscito. Su validez legal entró en vigencia cuando se publicó el decreto 714 en Periódico Oficial del Estado de Sinaloa el 10 de octubre de 2013.

Desde entonces quedó establecido el referéndum, el plebiscito y la revocación de mandato como formas de consulta y participación ciudadana.  De acuerdo con el texto de la constitución local, los ciudadanos tienen el derecho de recusar el nombramiento de autoridades, hecho por el Ejecutivo, por el Supremo Tribunal de Justicia o por los Ayuntamientos.

El tema de revocación de mandato también apareció en los  foros convocados por la mesa plural “Compromisos por Sinaloa” que buscaría promover reformas estructurales para Sinaloa. De acuerdo con las relatorías, en Culiacán hubo diversas propuestas para que la revocación de mandato incluyera a los representantes electos popularmente como alcaldes y el gobernador.

El que no se incluyera en la discusión la revocación del mandato llevó incluso al grupo parlamentario del Partido Sinaloense (PAS) encabezado por Héctor Melesio Cuen a anunciar, desde ante de la celebración del pleno del jueves, que realizarían un referéndum para que la ciudadanía opinara respecto a qué piensa sobre realizar  una “reforma por encimita” en lugar de ir a fondo como ellos propusieron.

“Es una reforma política mocha”, habían dicho los legisladores del PAS, María del Rosario Sánchez Zataraín y Robespierre Lizárraga Otero.

“El pueblo es la esencia de la democracia y, en consecuencia, desde todo punto de vista, es democrática y legal la revocatoria de mandato, y si bien no la aceptan los miembros de la clase política, sí deberían firmarla y votarla a favor, toda vez que el pueblo demanda eficiencia de sus gobernantes y si el pueblo pone, también debe quitar a quien no sirva, aunque algunos vean esto como una amenaza para su comodina forma de hacer política”, señaló el dirigente pasista.

Síndico procurador

El tema de modificar el procedimiento como son electos los síndicos procuradores fue otro de los temas que no llegó al pleno del Congreso local. El asunto se quedó trabado en los acuerdos que se toman en las comisiones legislativas.

Actualmente el marco local establece que dentro de la fórmula que postula al alcalde se integra a los regidores y al síndico procurador. Dos propuestas habían estado merodeando. La primera que se trataba de impulsar por parte de legisladores perredistas fue que la primera minoría fuese quien ocupara el cargo de Síndico Procurador para que se convirtiera en un auténtico contralor de la vida municipal. La otra propuesta, alterna, ha sido la que el Síndico Procurador fuese un cargo de elección popular que se votase por separado.

El tema también había sido un asunto abordado en las propuestas realizadas en los foros ciudadanos a nivel estatal por parte de la mesa plural “Compromisos por Sinaloa”. Ahí se había hablado de la necesidad de que los síndicos fuesen electos de forma directa e individual y no como señala el marco legal, como parte de la planilla de los candidatos a alcaldes.

La otra propuesta había sido que sean asignados a la primera minoría.

Desde la mesa “Compromiso por Sinaloa”, espacio plural creado a convocatoria del gobierno estatal, con la pretensión de impulsar la grandes reformas legislativas que requiere Sinaloa, ningún partido ha propuesto la desaparición del Síndico Procurador de la vida municipal, pero en cambio dos partidos, Acción Nacional y Movimiento Ciudadano, tienen registradas propuestas para que el cargo sea electo mediante una boleta independiente, no junto con la planilla del acalde.

Al desecharse del dictamen de reforma propuesto por la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, se había dicho que aunque no incluyera el tema, se dejaría en los asuntos pendientes y se trabajaría por fortalecer la figura de los síndicos procuradores.

Recuadro:

RENOVACIÓN EN OTROS ESTADOS

CHIHUAHUA

Chihuahua incluyó en 2009 en su marco legal figura de revocación de mandato, con lo cual podía removerse del cargo al gobernador, diputados, presidentes, municipales, síndicos y regidores. Sin embargo, en junio de 2012 fue derogado.

MICHOACÁN

En 2014 el diputado del PT, Reginaldo Sandoval Flores, presentó al Congreso del Estado de Michoacán una iniciativa para reformar el Código Electoral del Estado y la Ley de Participación Ciudadana para incluir la figura de la revocación de mandato. La propuesta incluía retirar la representación política del funcionario electo popularmente.

OAXACA

Existe la figura revocación de mandato aplicable al gobernador. El procedimiento aplica cuando el 20 por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal así los solicitan ante el Instituto Estatal Electoral. De acuerdo al marco legal de esa entidad, para dar trámite a la revocación de mandato deberá haber transcurrido al menos la mitad de la gestión del gobernador y argumentar los ciudadanos en su petición faltas graves a la Constitución del Estado de Oaxaca.

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