Organizaciones civiles, de activistas y defensores, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), vincularon el atentado contra el alcalde de Choix con amenazas, asesinato y hostigamiento que han sufrido dirigentes de los desplazados en ese municipio y Salvador Alvarado.

El organismo internacional resolvió el lunes 28 de abril pedir al Estado mexicano que proteja a dos mujeres activistas, defensoras de los derechos humanos y líderes de las familias desplazadas en estos municipios sinaloenses, identificadas como Esperanza Hernández Lugo, con domicilio en Guamúchil, y Nayeli González.

Esta es la primera vez que la comisión interamericana interviene en un caso de desplazamiento por violencia en el país, de acuerdo con organismos de derechos humanos mexicanos.

Ambas —Esperanza y Nayeli— fueron protegidas por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMPDDH) y sacadas de esta entidad. Actualmente se encuentran en un lugar seguro, pero la CIDH y organismos de México y Estados Unidos —entre ellos la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), el Grupo de Trabajo para Asuntos Latinoamericanos (LAWG) y Refugees International—, piden a los gobiernos federal y estatal garanticen la seguridad de ambas.

Para estos organismos, hay un hilo de violencia que relaciona al menos cuatro hechos entre sí y que coloca a los desplazados y a sus representantes o dirigentes en un ambiente de grave riesgo: la elaboración de un padrón de desplazados en Sinaloa y la decisión de muchas de estas familias de interponer una denuncia por despojo de tierras, el atentado contra el alcalde de Choix, Juan Raúl Acosta Salas, el asesinato de Roberto Rábago —uno de los desplazados que acudió a las reuniones con otras víctimas y activistas nacionales—, y la amenaza de muerte contra Hernández Lugo.

El atentado contra el edil fue el 6 de marzo de 2015 –cuando éste se dirigía con su esposa y miembros de su comitiva a Mochicahui, El Fuerte— y un día después, el 7, Esperanza Hernández recibió un mensaje en su teléfono celular, advirtiéndole que si no se iba de Guamúchil sería asesinada. El asesinato de Felipe Rábago fue el 11 de marzo, en Juan José Ríos, municipio de Guasave, en un atentado donde su esposa, Nayeli, resultó gravemente herida.

El alcalde —quien ha dado recursos para que los desplazados paguen las rentas de sus viviendas, despensas y otros apoyos— fue recientemente dado de alta pero él y seis integrantes de su gabinete fueron heridos y hospitalizados en Los Mochis, cabecera municipal de Ahome.

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) ha informado que tres hombres y una mujer fueron detenidos por este atentado; los presuntos homicidas señalaron que les pagaron por asesinar al presidente municipal, pero se desconoce el móvil y quién ordenó y pagó por ultimarlo.

Ahora, tanto Esperanza Hernández Lugo como Nayeli González, quien acompañaba a su esposo Roberto Rábago cuando fueron agredidos a balazos—, sufren un doble desplazamiento: cuando fueron obligados a punta de pistola a dejar sus viviendas, en las zonas alteñas de la Sierra Madre Occidental, y ahora que tuvieron que dejar Sinaloa luego de los nuevos actos violentos.

“La CIDH observa que el contexto y antecedentes relatados por los solicitantes tendrían como hilo conductor una serie de recientes hechos de violencia que habrían ocurrido, en general, contra personas que han ejercicio un rol protagónico en defensa de los derechos de las comunidades”, advierte.

Entre estos hechos, agregó, se encuentran la denuncia ante autoridades estatales sobre la violencia y los desplazamientos de la zona serrana a la ciudad, y la falta de respuesta de parte del gobierno, el atentado contra el alcalde de Choix —quien habría sido la única autoridad que ha apoyado las peticiones de los desplazados por la violencia—, las amenazas de muerte y hostigamiento contra dirigentes de las víctimas, el atentado sufrido el 10 de marzo por la familia Rábago —días después de reunirse con representantes de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas—, y la publicación en redes sociales de una foto de una de las defensoras con hombres armados que integran un grupo delictivo, vestidos de militares. A esto se agrega un mensaje de texto que llegó a uno de los parientes de Hernández Lugo, en el que le advierten, días después del asesinato del señor Rábago, que debe salirse de Guamúchil o de lo contrario será asesinada.

“La intensidad de los hechos alegados y las llamadas directas a los domicilios de las defensoras sugieren que sus familiares podrían compartir los mismos factores de riesgo”, señala en su documento el organismo.

Sobre las 421 personas desplazadas en Choix, el organismo internacional “toma nota” sobre los hechos ocurridos desde septiembre de 2011 y la supuesta falta de efectividad del gobierno estatal para atender la situación de violencia en la zona serrana.

“La CIDH considera como beneficiarias de las presentes medidas cautelares a las defensoras E y K (así las identifica), así como a sus familiares, quienes se encuentran plenamente identificados en los documentos aportados por los solicitantes y ascenderían a 10 personas”.

Por lo que pide al gobierno de México adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de las defensoras y sus familiares, garantice que ambas puedan desarrollar sus actividades como tales, sin ser objeto de violencia y hostigamiento, e informe sobre las medidas adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a esta medida cautelar y evitar que ésta se repita.

Además, pide al gobierno informe en 10 días sobre las medidas aplicadas y actualizar estos reportes periódicamente.

Antecedentes

Igual que Esperanza Hernández Lugo, en 12 de los 18 municipios, alrededor de 30 mil personas fueron desplazadas de sus comunidades a partir de 2011, debido a los ataques, amenazas y homicidios perpetrados por grupos armados del Cártel de Sinaloa y de los Beltrán Leyva. En medio de las pugnas quedaron muchos ciudadanos y sus familias.

Esperanza Hernández tuvo que dejar su casa y todas sus pertenencias en la comunidad de Ocurahui, municipio de Sinaloa. De este poblado y de San José de los Hornos, unas 2 mil 400 personas tuvieron que salirse de sus viviendas y caminar durante días y noches en busca de refugio. Algunas de ellas permanecieron momentáneamente en Surutato, municipio de Badiraguato, y luego migraron a Culiacán, Navolato y Guamúchil, en Salvador Alvarado.

Se emplearon de pepenadores, en el basurón ubicado en el norte de la ciudad capital, o bien como jornaleros agrícolas. Permanecen en el desempleo o contratados temporalmente, en casas prestadas o de renta, pero igualmente en la miseria.

En Guamúchil, donde se ubicaron cientos de familias desplazadas, Esperanza pidió a los gobiernos municipal, federal y estatal apoyos para empleos y viviendas, así como servicios públicos y alimentación. Lo hizo una y otra vez, y hasta acudió con el gobernador Mario López Valdez, quien la recibió en Culiacán, sin obtener respuesta.

“No lo sentí en ningún momento interesado ni sensible a la situación que le expuse, a nuestros padecimientos. Al final, lo único que me dijo es que no me prometía nada, que iba a ver qué podía hacer. Y eso fue todo”, dijo ella, luego de haber salido de ese encuentro con el mandatario, en octubre de 2013.

De Ocurahui a Washington

Información de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, uno de los pocos organismos que en el país se ha preocupado por el tema de los desplazados ante hechos violentos, hay a nivel nacional por lo menos 280 mil desplazados.

Entre los estados con mayor incidencia de este fenómeno, provocado por operativos gubernamentales o grupos armados ligados o no al narcotráfico, están Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Sinaloa. En total, en 14 de los 32 estados se tiene este problema.

Por eso Esperanza acudió a Guamúchil, ante las amenazas y esos cerca de 30 asesinatos que se tuvieron en la región de Ocurahui, San José de los Hornos. Fue a Culiacán, pero también a Surutato. Luego acudió a la Ciudad de México, primero para exponer su problema ante esta comisión —durante la presentación de un libro sobre el tema, el año pasado—, y luego en busca de refugio. Dos veces desplazada.

Habló ante organismos ciudadanos del país y también con directivos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. No fue suficiente. Apoyada por varias de estas organizaciones que ahora exigen al gobierno su protección y la de otra activista desplazada, acudió a Washington para hablar sobre su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), durante los últimos días de abril.

En febrero, un equipo de defensores y activistas de organismos nacionales realizaron tres reuniones en Sinaloa con desplazados: dos de ellos en Guamúchil —uno con los habitantes de esa ciudad y otro con los de Choix—, y uno más en Culiacán. En el encuentro con choicences, varios asistentes advirtieron sobre la presencia de un hombre conocido por muchos y supuesto integrante de grupos delictivos de la región norte. El hombre, a quien no se identificó, iba en calidad de infiltrado.

Los activistas tenían como objetivo elaborar un padrón de desplazados y que éstos interpusieran una denuncia por despojo de tierras. Fueron Rábago y su esposa quienes se opusieron, por temor, a firmar la denuncia. Días después fueron atacados a balazos.

“Esta situación fue como detonante. Los incidentes se tuvieron dos semanas después: el presidente sufrió un atentado y parece que todo esto se está ligando al tema de la convocatoria que se hizo, a la reunión de los familias”, sostuvo una fuente cercana a los representantes de organismos nacionales que acudieron a Guamúchil.

En esos días, un funcionario de la Comisión de Asuntos Indígenas del gobierno estatal estuvo preguntando a los asistentes por los nombres de los desplazados que firmaron y los datos de los activistas de organismos que acudieron de otras partes del país.

“Nosotros lo tenemos documentado todo esto, a raíz de esto les pedimos a las dos que se salieron inmediatamente para valorar y hacer un análisis de riesgo, y de entrada salvar la vida. Fueron sacadas de Sinaloa desde entonces y siguen fuera de la ciudad las dos, o sea que son desplazadas por segunda ocasión”, dijo la fuente, quien pidió mantener el anonimato por temor a represalias.

Ahora Esperanza no puede regresar. Sigue protegida, guarecida, en espera de garantías para volver… por lo menos a Guamúchil, si no hay condiciones para regresar a su casa, Ocurahui.