viernes, septiembre 24, 2021
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Migrantes centroamericanos marchan en México exigiendo respeto a los derechos humanos

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Francisco Sarabia

Ciudad de México.-El éxodo masivo de migrantes centroamericanos que huyen de sus países de origen hacia los Estados Unidos, abortados por la pobreza alarmante y  la inseguridad en esta área considerada una de las más pobres del mundo, documenta el drama humano de millones de latinoamericanos que sufren los efectos de un modelo económico obcecado en minar sus derechos más elementales, sembrando escenarios de violencia extrema, corrupción, desempleo, muerte y el desmantelamiento del tejido social, económico y cultural que los condena a emprender un desplazamiento forzado a lugares ajenos en busca de aquello que les fue arrebatado en su espacio natal.

La semana pasada, una caravana de expulsados provenientes de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, concluyeron en la Ciudad de México una marcha de protesta y resistencia iniciada en Tapachula contra el Plan “Frontera Sur”, para denunciar ante la comunidad internacional la violación de derechos en que incurren las autoridades mexicanas en contra de miles de familias centroamericanas que cruzan cada semana el territorio, en su ruta hacia Estados Unidos.

En sus relatos, los migrantes acusan y justifican la salida forzada de sus países ante la pobreza endémica  que asfixia y destruye a las familias y la inseguridad asociada con la presencia de narcotráfico y pandillas dedicadas a extorsionar, secuestrar y a asesinar, a quienes rehúsan someterse a sus designios.

Sus rostros reflejan dolor, incertidumbre y desesperanza por el destierro; la separación de sus familias; de sus hijos, cónyuges, padres, hermanos; por duelos y pérdidas que se suman a una carga de compromisos que llevan a cuesta en ese deseo noble de cambiar el destino de aquello que aman y ahora dejan atrás.

Intereses multinacionales aceleran la migración: ONG’S

Estas prácticas neoliberales, promovidas desde los Estados Unidos, Francia, Inglaterra, España, Italia, Alemania, Canadá y los Países bajos, entre otros, y que son señaladas como causales  que propician la pobreza y la inseguridades en esta zona, y alientan el éxodo masivo de centroamericanos en busca de oportunidades, han sido objeto de recientes denuncias ante la comunidad internacional por Organismos No Gubernamentales (ONG’s) que responsabilizan a las empresas  multinacionales de los daños colaterales y la desestabilización en la región.

Global Witness pidió recientemente al Consejo de Derechos Humanos de la ONU y a sus países miembros, a vigilar, investigar y en su caso sancionar la violación sistemática de los derechos humanos en Honduras —principal expulsor de migrantes—, país que además aparece con el mayor número de ambientalistas asesinados—111— entre el 2002 y 2014.

Lo grave del caso es que son ambientalistas que se oponen al “desarrollo” los más afectados por esta ola de asesinatos, secuestros o amenazas que denuncian los ONG’s.

Estas denuncias coinciden con los testimonios de los migrantes recluidos en albergues de la capital mexicana, quienes narran esta diáspora, argumentando que en Honduras, el Salvador, Guatemala y Nicaragua, el binomio pobreza-violencia social ya se salió de control de los gobiernos.

Los crímenes a luz del día están a la orden, dicen. Y sostienen haber dejado sus poblaciones de origen movidos ante el horror de haber perdido un ser querido a manos de pandilleros o narcotraficantes, que lo mismo extorsionan o secuestran y amenazan a familiares o personas ajenas para hacerse de dinero y ejercer mediante el miedo el control en los territorios y poblaciones vulneradas por la marginación y la exclusión social.

Durante esta gira se verificaron también casos de crímenes económicos y ecológicos cometidos por las empresas multinacionales que operan las minas “Marlin” y “Barillas”, en Guatemala, y “Pacific Rim” en El Salvador.

En las observaciones hechas destaca la impunidad de que gozan estas empresas en ambos países para arrebatar —con la anuencia de los gobiernos— los derechos y bienes de propiedad comunal a los pueblos originarios mediante reformas legales y firmas de acuerdos comerciales.

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Vallas que no detienen: la caravana de Solalinde

José García es un joven de 30 años que salió de El Salvador hace un mes. Vivía en un departamento del municipio de Chiltiopan conocido como La libertad. Era agricultor y junto a sus cuatro hermanos alquilaban una tierra para sembrar frijol o maíz que les permitiera “mediocomer”, porque cuando sembraban, el gobierno les vendía la semilla cara y al cosechar era tan barato que terminaban almacenándolo porque no había más opción, dice.

Cuando pisó territorio mexicano se enteró que en la frontera con Guatemala había un fuerte rumor de que había migrantes dispuestos a iniciar un “viacrucis” que implicaba peregrinar a pie desde Tapachula al Distrito Federal, para exigirles a las autoridades mexicanas un alto a las vejaciones de las patrullas fronterizas y agentes del Instituto Nacional de Migración.

Al principio sintió temor al pensar que podrían ser detenidos y recluidos en los centros de migrantes, pero decidió enrolarse en la caravana cuando escuchó que un padre llamado Solalinde guiaría este ejército de 300 peregrinos que, además de llamar a la comunidad internacional a solidarizarse con sus demandas de justicia, tendría la posibilidad de llegar a buen término “con la ayuda del Señor”.

Así, se incorporó en Arriaga, Chiapas, una mañana lluviosa y desde entonces jamás se separó del contingente, hasta el pasado jueves que reanudó su travesía con rumbo a Huston, Texas.

La caravana estaba integrada mayormente por jóvenes entre 15 y 35 años. Algunos infantes entre uno y cinco años y una mujer de 54 años, que viajaba junto a sus nueve hijos y tres nietos, con rumbo a Monterrey, Nuevo León.

Los primeros dos días fueron caminatas intensas de todo el día. El viacrucis empezó con un tramo de 30 kilómetros que conectaba a Arriaga con el poblado Corazones. Fue la prueba más dura para mujeres y niños que a ratos pedían apoyo de los hombres adultos, quienes cargaron en hombros a unos diez menores que se agotaron en los primeros tramos de camino.

Al día siguiente caminaron otros 26 kilómetros para llegar a Chahuites. Ahí los participantes de la caravana empezaban a creer que efectivamente era un verdadero viacrucis. Bebían poca agua y alimentos por la mañana y hasta ya entrada la tarde. Solían comer cuando se topaban en el trayecto con una plantación de frutales de mango, que recogían para el camino.

Solo los niños y las mujeres tenían garantizado el abasto de agua y consumían manzanas, naranjas y plátanos que les proveían personas en el camino, o en ocasiones personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que resguardó la travesía desde el inicio hasta concluir en el Distrito Federal.

En Chahuites se incorporó el Padre Solalinde. La caravana  se reforzó con un grupo de 22 voluntarios mexicanos asignados a apoyar cualquier emergencia o eventualidad. Avanzaron a Ixtepec y se hospedaron en el albergue Hermanos en el camino,  creado por la Pastoral de Migración que coordina el Padre Solalinde.

El viacrucis tomaba más fuerza y en los medios de comunicación se escuchaban los rumores de que la caravana sería bloqueada por policías federales que resguardaban la ruta entre Ixtepec y Juchitán, Oaxaca.

Se encendieron las alertas y el ambiente colmado de cánticos cristianos que aliviaban el trasiego y el cansancio de horas de camino, se volvía tenso ante las amenazas de un posible enfrentamiento con autoridades que pudiera en riesgo la libertad de los manifestantes.

Después de permanecer 15 días en Ixtepec, salieron a El Espinal y cuando pernoctaban en la parroquia del Rosario en esa población, recibieron la noticia que había varios convoys con policías federales del grupo antimotines y tres camiones para recluir a los indocumentados y trasladarlos en las unidades a la Estación Migratoria más próxima, con la advertencia que si oponían resistencia los golpearían.

De inmediato, se congregó la comunidad de peregrinos en la parroquia y después de concluir una misa, sometieron a consenso la decisión.

Convencidos de que habría que hacer frente, por unanimidad decidieron continuar el camino y formar una cadena humana para cubrir toda la carpeta asfáltica y los espacios laterales.

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El silencio se rompió con el llanto y los gritos de pánico y temor de aquellos niños que se abrazaban de sus madres intentando tal vez escapar de aquella escena o suplicando detener la valla humana, para evitar una confrontación.

Cuando quedaron fente a frente, ambos bandos forcejeaban y el ruido estruendoso de los escudos antimotines que los policías golpeaban contra el suelo desencadenó llantos y gritos por todos lados, Las mujeres suplicaban a los policías detenerse porque detrás de la valla de hombres amarrados brazo con brazo, había niños.

De uno y otro lado avanzaron hasta que el zafarrancho se armó.  Tras veinte minutos de forcejeos, la caravana de migrantes que era mucho mayor, logro avanzar abriendo paso nuevamente con rumbo a Juchitán.

El sábado 18 de abril entró la caravana al Distrito Federal. Todavía el miércoles, los migrantes, desconfiados, exigieron al Instituto Nacional de Migración respetar el acuerdo establecido en un amparo expedido con la autorización, de desplazarse por un periodo de 20 días a cualquier región del país sin ser molestado por inspectores.

Al no respetarse el acuerdo y detenerse a 26 de los indocumentados que ya habían viajado rumbo a la frontera norte del país, el resto de los indocumentados se plantaron el miércoles por la tarde en una huelga por tiempo indefinido, exigiendo respetar el acuerdo signado en el documento.

A algunas horas de iniciada la protesta, el Instituto Nacional de Migración autoriza expedir carta a cada uno de los migrantes. La protesta se suspendió tras el acuerdo logrado ese mismo día.

Todavía el jueves por la tarde, los últimos migrantes abandonaban el Albergue de las Misioneras Josefinas y se dirigían rumbo al cruce fronterizo entre México y los Estados Unidos.

 

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