Francisco Sarabia

Ciudad de México.- Las reformas a la ley minera en México impulsadas por las instituciones financieras y empresas multinacionales en complicidad con el Gobierno de la República está ocasionando el mayor saqueo de oro registrado en la historia de este país. Tan solo en la primera década de este siglo estas compañías mineras extranjeras han sacado más del doble del volumen extraído durante los casi tres siglos de auge minero en toda la época colonial.

De acuerdo con datos del Centro de Estudios Sociales y de Política de la Cámara de Diputados, citados por investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), entre el 2000 y 2010, estas compañías extranjeras extrajeron del subsuelo mexicano 419 mil 097 kilogramos, es decir 419 toneladas con 97 kilos de oro, mientras que en el periodo comprendido entre los años 1531 y 1830 —la época colonial— la minería tradicional apenas logró extraer 191 mil 825 kilogramos.

Lo que no se ha mencionado de esta explotación intensiva y devastadora de metales que genera la minería a cielo abierto, son los daños irreversibles y el deterioro socio-ambiental, económico y cultural del país.

Académicos e investigadores del INAH advierten en una exposición denominada El oro o la vida, que se está dejando al país el haber concesionado por cincuenta años —y la opción de renovar otros cincuenta más—, vastas regiones del país donde se localizan áreas extensas de reserva ecológica, de cultivo, de flora y fauna y, más aún, zonas arqueológicas y sitios sagrados desde la época prehispánica —algunos todavía sin explorar— que, siendo además Patrimonio Cultural de la Humanidad y el referente más profundo de nuestra identidad nacional, están en la posibilidad de afectarse, destruirse o demolerse, porque así lo ha decidido el capital financiero internacional.

El primero de estos asentamientos prehispánicos que fue concesionado al capital privado son las ruinas de Xochicalco, ubicadas en el estado de Morelos y declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO, en 1994, y cuyo subsuelo resultó afectado por una concesión otorgada  por la Secretaría de Economía a la empresa canadiense “Esperanza Silver”, de Vancouver para explorar y explotar los metales en un polígono de 278 hectáreas bajo el título número 234011 y con vencimiento al 14 de mayo de 2059.

Los investigadores advierten que de no frenarse este saqueo, este patrimonio arqueológico de México y del mundo está en riesgo latente de afectarse porque de acuerdo con datos de la Dirección de Operación de Sitios del INAH, el registro de sitios arqueológicos en el país es muy abundante y se tiene un listado de más de 46 mil emplazamientos prehispánicos, de los cuales 187 se encuentran abiertos al público. Esto sin considerar grandes extensiones del país aún pendientes de exploración arqueológica. En casos como Oaxaca, eso equivale al 90 por ciento de su territorio.

Para la clase política todo se reduce a números. Sin embargo, las cifras oficiales de la Secretaría de Economía revelan que hasta junio del 2014 el Gobierno de la República había otorgado 25 mil 566 títulos de concesiones vigentes, que les da el derecho a las compañías mineras multinacionales para explotar intensivamente 25.7 millones de hectáreas, que equivalen al 12.85 por ciento de la superficie total del país.

Pero el colmo de este modelo extractivo llega a tal dimensión que incluso se pretende extraer minerales desde el fondo marino, en el mar de Cortés, en Baja California, donde se localiza una de las zonas de más alta biodiversidad en el mundo. Esto sin considerar los efectos que tendrá a largo plazo en el ecosistema y el ambiente marino, adelanta el documento.

Este desmesurado incremento de concesiones para la explotación intensiva de metales que las empresas particulares y autoridades promueven con argumentos de “progreso y desarrollo”, han desencadenado conflictos por todo el país porque la nueva ley de minas vulneró el patrimonio biocultural de los mexicanos  y arrebató a  gran parte de las comunidades indígenas y campesinas  su legítimo derecho a la propiedad social del subsuelo y a un bien común que encierra saberes tradicionales, que desde generaciones atrás han sido el soporte principal de sus vidas.

90 muertos por oponerse a los megaproyectos

La imposición de los megaproyectos financiados por las firmas multinacionales en distintos rubros han provocado serios problemas en las comunidades involucradas al grado en que en un lapso de tres años —febrero del 2011 a enero del 2014— han surgido un promedio de 300 conflictos socio-ambientales, y de estos, 80 casos tienen su origen en los proyectos mineros.

En los últimos años, los conflictos que genera la minería en México han cobrado ya 90 vidas de activistas sociales, ambientalistas, dirigentes campesinos, indígenas y defensores de los derechos humanos que se han opuesto a los intereses de las multinacionales mineras. Tan solo 36 de estas muertes están relacionadas con la explotación de metales en la Sierra de Manantlán, entre Jalisco y Colima.

En la larga lista de asesinatos aparecen también los nombres de Ramón Corrales (Sinaloa); Benardo Vázquez y Bernardo Méndez (Oaxaca); Mariano Abarca (Chiapas); Dante Valdez; Ismael Solorio y Manuela Solís (Chihuahua); Antonio Esteban (Puebla); Noé Vázquez (Veracruz) y Francisco Quiñonez (Jalisco). Además, están desaparecidos Celedonio Monroy, Agustín Mancillas y Víctor Hugo Saldaña, de Jalisco.

Los investigadores que participan en este trabajo de investigación y recolección de datos, a través de la Red Mexicana de Afectados por la Minería, puntualizan que quienes impulsan estas iniciativas para imponer los megaproyectos de orden económico recurren a la división de las comunidades y familias, confrontando a los grupos entre sí y con las autoridades de gobierno.

Estas empresas aprovechan la precariedad económica, marginación y abandono de comunidades, a las que ofrecen empleos y servicios que deberían ser aportados por el Estado. También compran voluntades mediante el reparto de despensas y regalos; ofrecen fiestas, donan material escolar; apoyan a los templos religiosos, pagan vigilancia policiaca y hasta servicios funerarios.

Estas estrategias de división y confrontación se está viviendo actualmente en 19 entidades del país, donde hay alerta ambiental y focos de tensión social en derivada de la resistencia y movilización hacia este modelo de extracción.

En Sinaloa, la mina de hierro de potrero de Cancio, ubicada en Choix y explotada por una sociedad chino-mexicana, ha producido conflictos que hay llegado hasta el asesinato de líderes comunales, como es el caso de Ramón Corrales Vega, en mayo de 2014.

Mineras pagan menos de 6 pesos por hectárea

México es uno de los países del mundo que cobra menos derechos por concesiones de subsuelo y menos impuestos por los productos que extraen las empresas nacionales y extranjeras. Nuestro país cobra por extensión de tierra concesionada y no por el volumen de metales extraído. En los primeros años de las concesiones, México cobra 5.90 pesos por hectárea concesionada cada semestre, es decir, menos de lo que cuesta un refresco.

En contraste, la Mina de Buenavista del Cobre, en Sonora, generó utilidades netas por 15 mil 021 millones de pesos solo en el primer semestre del 2014. Tampoco existe un control riguroso de los minerales y cantidades que se sacan de México y las recientes modificaciones fiscales no transforman el desequilibrio.

Pero nada de esto es casual, pues desde la década de los 90, las grandes corporaciones e instituciones financieras prepararon el terreno legal para facilitar el despojo que ahora se observa. El Banco Mundial impulsó en 70 países las reformas a las leyes mineras para reducir el control público sobre los recursos.

Así, en 1992 modificó el 27 constitucional y en 1994 se firmó el TLC con EEUU y Canadá y una avalancha de reformas legislativas y leyes secundarias aprobadas en México, que generan un panorama incierto para el patrimonio cultural por la subordinación del bien común a los intereses privados y por la pérdida de soberanía que implican.

Esta subordinación a la ley del mercado ha dejado muy claro en la ley minera que quienes habitan sobre una concesión ya no son campesinos, comuneros o ejidatarios sino “superficiarios”, pues ocupan la superficie de lo que se pretende extraer para incorporar al mercado.

Además, el artículo 6 de la ley minera vigente fija las actividades del ramo como de “utilidad pública y preferente sobre cualquier otro uso o aprovechamiento de terreno”, lo que supone que nada importa más que la minería, siendo que en la práctica la utilidad es privada y lo público son sus efectos nocivos.