julio 28, 2021 3:17 PM

Celeridad para los cuates: Obreros, campesinos y ex socios, relegados

INGENIO MOCHIS. Legitimar la estafa.
INGENIO MOCHIS. Legitimar la estafa.

En sólo ocho días, el personal de confianza de los dueños de la Compañía Azucarera de Los Mochis (Calmsa) —ingenio Mochis— logró que la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa embargara un terreno a los ex patrones, para garantizar su liquidación.

La prontitud de la dependencia que encabeza Fausto Rubén Ibarra Celis contrasta con la dilación que el mismo funcionario manifiesta en contra de ex trabajadores de confianza, obreros despedidos y ex socios que han buscado obtener el mismo procedimiento de embargo.

De acuerdo con documentación del proceso que inició el administrador general de Calmsa, Álvaro José Molina Cabal, en representación de José Manuel Arreola Macías, Alfredo de Jesús Rendón Ibarra, Demetrio Ramos Armenta, Julio César Mendoza Graham, Raymundo Torres Ramírez, Enrique Angulo Vargas, José Alfredo Alcántar Ortiz, Alberto Quintero Briceño, José Adalberto Ayala Carrazco, César Daniel Ramos Armenta, Carmela Imelda Ramos Berrelleza, Dina López Castro, Lucila Vega Vega, Teresa Alejandra Salcedo Velazco y Consuelo Velazco Amezcua, el embargo del terreno de más de 58 mil metros cuadrados ubicado a lo largo del bulevar Centenario, entre la calle Gabriel Leyva y el bulevar Antonio Rosales, lo decretó el actuario Felizardo Castro Armenta, a las 14:00 horas del 18 de febrero del 2015.

Una semana antes de la fecha del embargo, el 10 de febrero del 2015, las partes del juicio laboral acordaron conciliar sus intereses, para lo cual los empresarios liquidarían en sus oficinas a los ex trabajadores de confianza el 18 de febrero del 2015.

Llegado el plazo, el actuario Castro Armenta se apersonó en las rejas de la factoría, ubicada en prolongación Vicente Guerrero, para reclamar el pago de 33 millones 147 mil 761 pesos con 35 centavos.

Según el acta del actuario, una persona que se identificó como Daniel Humberto Leyva Higuera y quien de momento representaba a Calmsa, le informó que no había tal pago.

Ante la negativa, el personal actuante se trasladó a la parte posterior de la fábrica de azúcar para embargar más de 58 mil metros cuadrados que componen el lote 16, ubicado en línea quebrada del bulevar Centenario, entre la calle Gabriel Leyva y el bulevar Antonio Rosales, que según el oficial del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, Gustavo Alonso Peraza Rodríguez, corresponde a la escritura pública 7898 inscrita en el libro 169-866, sección primera, y a la que asignó el acta de gravamen 05832.

Y finalmente, Leyva Higuera firmó el acta. El embargo había concluido.

Mega fraude

Luis Puente Pérez, ex socio de la Alejandro Elizondo Macías y Rodolfo de la Vega Valladolid, y único en exponer públicamente durante años, que la compra del ingenio Mochis en realidad ocultaba un megafraude inmobiliario en donde están inmiscuidos políticos, funcionarios estatales y los propios inversionistas —todos cobijados por el gobernador Mario López Valdez— para afectar a obreros, trabajadores de confianza, campesinos y proveedores, dijo que el embargo de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa es en verdad un “tornillo legal”, trama que en realidad oculta anomalías en perjuicio de empleados de confianza en complicidad con los ex patrones.

Dijo que con el embargo, la autoridad local desacató una sentencia federal que prohíbe enajenar, rematar y adjudicar los activos de Calmsa hasta en tanto no se resuelvan los juicios mercantiles y civiles enderezados en tribunales del estado de Jalisco.

El valor real de los terrenos embargados es de más de 200 millones de pesos, sostuvo.

Puente Pérez criticó la postura de gobernantes, políticos y empresarios regionales, quienes han guardado silencio legitimando el megafraude de los Elizondo Macías y De la Vega Valladolid, en contra de miles de ahomenses, entre los que se encuentran centenares de obreros, decenas de campesinos y un número indefinido de proveedores.

MEGAFRAUDE. El problema sigue.
MEGAFRAUDE. El problema sigue.

Gritos sordos, acciones nocivas

El presidente del Comité Municipal Campesino Número Cinco, Gilberto Irazoqui Galaviz, reclamó al gobierno municipal de Arturo Duarte García mayor solidaridad con los miles de ahomenses fraudeados, víctimas de los “ricos rateros” Elizondo Macías y De la Vega Valladolid.

Exigió dispersar recursos públicos para la contratación de despachos jurídicos que entablen demandas laborales, juicios civiles o denuncias penales en contra de los patrones abusadores y explotadores para que paguen hasta el último centavo que saquearon de la fuerza laboral de los obreros, del sudor de los pensionados y jubilados, y de los amañados contratos de aparcería que obligaron a firmar a los ejidatarios.

Duarte no respondió. Sólo calló. Hundió sus ojos en el piso y se retiró en silencio.

 

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