VILLAHERMOSA, Tab. (proceso.com.mx).- El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Distrito Federal, concedió un amparo en revisión y exoneró a Marlis Cupil del delito de lavado de dinero que le imputó la Procuraduría General de la República (PGR) por los 88.5 millones de pesos en efectivo hallados en mayo de 2013 en la ranchería Lomitas del municipio de Nacajuca, Tabasco.

Marlis Cupil fue secretaria del extesorero del gobierno de Andrés Granier Melo, José Manuel Saiz Pineda, presunto propietario de ese dinero y preso desde junio de 2013 en el Centro de Reinserción Social del Estado (Creset) por los presuntos delitos federales de peculado, lavado de dinero y defraudación fiscal; también por peculado y ejercicio indebido del servicio público en pandilla, del fueron común.

Marlis Cupil se mantuvo prófuga dos años 11 meses como presunta responsable del delito de operaciones con recurso de procedencia ilícita.

Ayer, los magistrados del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Distrito Federal determinaron por unanimidad dejar sin efecto la orden de aprehensión, luego que en agosto de 2013 el Juez Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal del Distrito Federal le negara el amparo.

“Se revoca le sentencia recurrida a Marlis Cupil y se concede, de manera lisa y llana, el amparo y protección de la justicia federal”, dice el resolutivo.

“Ya no hay otro recurso. Marlis está completamente libre”, celebró al abogado defensor Xavier Olea, al confirmar que su clienta ganó el amparo en revisión número 045/2014.

El 22 de mayo del 2013, autoridades estatales encontraron 88.5 millones de pesos en efectivo en una refaccionaria de la ranchería Lomitas, Nacajuca, propiedad del padre de Marlis, ex secretaria del ex tesorero Saiz Pineda, a quien se atribuye la propiedad de ese dinero, producto del “megasaqueo” a Tabasco.

Dos días después, Marlis apareció en una cama de un hospital del Distrito Federal, denunciando que había sido torturada por la policía y que sus declaraciones, imputando a Saiz como dueño del dinero, se la habían sacado a la fuerza.

Sus abogados presentaron una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), quien en su recomendación 042/2013 dio la razón a Marlis, la cual fue utilizada por la defensa para probar que fueron violadas las garantías individuales de su clienta.

Con este revés a la PGR, el exsecretario de Finanzas, José Manuel Saiz Pineda, libraría también la imputación de lavado de dinero porque junto con Marlis estaban en la misma causa penal número 056/2013 y al caerse la declaración de su exsecretaria, queda sin efecto la acusación en su contra.

Abogados opinan que ahora el dinero tendrá que ser destinado a la beneficiencia pública porque nadie hasta ahora lo ha reconocido como propietario.

Con la de Marlis, suma tres las exgranieristas que son exoneradas por el megasaqueo a Tabasco.

El año pasado salieron absueltas la exjefa de cajeras de la Secretaría de Finanzas, Esperanza Mayo Martínez, y Rosa Mélida López Villanueva, exdirectora de Atención al Público de la Policía Estatal de Caminos, luego de permanecer casi un año en prisión.

La primera había sido acusada del delito de uso de recursos de procedencia ilícita en su modalidad de custodia, y la segundad, de peculado y ejercicio indebido del servicio público.

En ruta también de ser exonerada se encuentra la exdirectora de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS), Clisceria Rodríguez, a quien se le sigue proceso por extorsión y librar un cheque sin fondo de la dependencia en favor de Comisión Federal de Electricidad (CFE) que provocó un quebranto de casi 30 millones de pesos al estado.

En febrero pasado la exfuncionaria ganó el juicio de amparo 2213/2013 en el Juzgado Primero de Distrito, pero el agente del Ministerio Público del fuero común interpuso recurso de revisión.

El juez ordenó dejar “insubsistente” el auto de formal prisión dictado en contra de Clisceria por la juez Primero Penal, Antonia Trinidad, y le pidió emitir otro en el que decretara “auto de libertad”, debido a que no encontró pruebas suficientes que demuestren responsabilidad penal de la acusada.

El amparo se encuentra en revisión y abogados de la extitular de la CEAS confían en que será ratificado por el Tribunal Colegiado donde se ventila el caso.