La palabra “generalizada” referida a la tortura existente en México ha levantado ampollas entre este país y el relator especial sobre la tortura de la ONU, Juan Méndez, no solo por su duro significado, sino porque también podría tener consecuencias en el ámbito del derecho internacional.

El artículo 7 del Estatuto de Roma, el instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional (CPI), estipula que “un ataque sistemático o generalizado en contra de la población civil y con conocimiento” podría ser considerado “un crimen de lesa humanidad”, explicó a Efe Nancy López, directora del área de Defensa de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).

Por tanto, el caso podría ser atraído por la fiscalía de la CPI y abrir así una investigación contra el Estado mexicano, agregó la abogada de esta agrupación que cuenta con estatus consultivo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y de las Naciones Unidas (ONU).

“El tema ‘generalizado’ en violaciones a derechos humanos tan específicas como la tortura”, por la forma en que lo describe el relator en su informe, “parece indicar o da elementos suficientes para poder caracterizar lo que él describe como crímenes de lesa humanidad”, añadió.

Quizás por esto, dijo, el Gobierno mexicano se ha encargado en las últimas semanas de negar la existencia de tortura “generalizada” en el país, hasta el punto de calificar al relator Méndez de poco riguroso y de haber faltado a su código de ética.

Todo comenzó el pasado 9 de marzo, cuando Méndez presentó las conclusiones de la visita que realizó a México entre el 21 de abril y el 2 de mayo de 2014, en las que afirmaba que la tortura y los malos tratos durante los momentos que siguen a la detención y antes de la puesta a disposición de la Justicia son generalizados en México y ocurren en un contexto de impunidad.

El Gobierno mexicano calificó de incongruentes algunas de sus afirmaciones. Con el paso de los días, los ataques contra el relator subieron de tono, hasta el punto de que el subsecretario de Relaciones Exteriores para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Juan Manuel Gómez Robledo, llegó a decir que Méndez no fue “profesional y ético”.

Ante estas críticas, el relator se defendió con una carta enviada a Jorge Lomónaco, representante permanente de México ante los organismos internacionales con sede en Ginebra, en la que calificó estas palabras de “ataque personal” que no esperaba por parte de un país como México.

“Su Gobierno me invitó a conducir una visita para realizar una evaluación sincera de la situación, no para minimizarla o presentarla bajo la mejor luz posible”, apunta en la misiva.

Ante esto, la cancillería mexicana envió ayer un comunicado en que dijo dar “por concluido este diferendo”, pero continuó insistiendo en que en las afirmaciones de Méndez hubo inconsistencias e incongruencias.

En declaraciones a una emisora local, Lomónaco aseguró hoy que ahora hay que “voltear la página y mirar hacia adelante” y “atender este tema, este reto, que no es un reto menor”.

“Reconocemos que hay un problema en México con tortura (…) y hay que ponernos a trabajar”, apuntó.

Aseguró que el Gobierno no le impedirá a Méndez una nueva visita y que “está valorando” cuál es “la fecha más conveniente”, aunque “seguramente no podría ser este año” pues “el relator ya tiene visitas agendadas todo el resto del año y quizá para el año que entra también”.

En una de sus más recientes entrevistas (previas al comunicado gubernamental), Méndez dijo que está dispuesto a retomar “el cauce de un diálogo constructivo” y a “superar” unas declaraciones que fueron “un ataque personal”.

“Lo que no entiendo es que se corte el diálogo porque no podamos ponernos de acuerdo solamente en una caracterización, cuando hay tanto más en mi informe que lo podemos discutir y podría ser mucho más constructivo”, agregó.

En opinión de la abogada López, existe la posibilidad de que la CPI atraiga el caso ya que entre los requisitos previos para iniciar una investigación está “la falta de capacidad o voluntad por parte del Estado para investigar los crímenes” y en el caso de México ha habido 5 sentencias de 2005 a 2013 por el tema de la tortura.

Lo que tendría que hacer el Gobierno, “en lugar de decir que ya está cerrada la discusión por el tema del relator, es tratar de resolver el problema evitando que vuelva a ocurrir en un momento posterior” y buscar que todas las víctimas de tortura “tengan acceso a la justicia”, sentenció.

La cancillería reiteró hoy a Efe que el Estado mexicano mantiene “un compromiso ineludible con la protección y la promoción de los derechos humanos y valora positivamente la visita y las recomendaciones del relator”.

Asimismo, añadió, el país “está y se mantendrá abierto al escrutinio internacional y a la plena cooperación con todos y cada uno de los diversos mecanismos existentes en el ámbito regional y universal”.

Por su parte, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, negó hoy que hubiera presión para que Méndez modificara la terminología de su reporte.

“Por el contrario, hemos venido haciendo permanentemente una coordinación y cooperación con los organismos internacionales y lo vamos a seguir haciendo”, dijo a la prensa el responsable de la política interior del país.

En su carta a Lomónaco, Méndez señaló que “hubiera sido una falta de ética haber sucumbido a las presiones para que cambiara” su parecer sobre la naturaleza generalizada de la tortura en México. EFE