México es considerado uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Durante los dos primeros años del gobierno de Enrique Peña Nieto, los ataques al ejercicio periodístico aumentaron un 80 por ciento, es decir cada 26.7 horas se agrede a un comunicador.

Según el informe Estado de Censura, de la Organización No Gubernamental (ONG) Articulo 19, Sinaloa se encuentra en el séptimo lugar en el ranking de agresiones contra la prensa; mientras que en primer lugar está el Distrito Federal, seguido de Quintana Roo y Veracruz.

Durante el sexenio de Felipe Calderón, Artículo 19 documentó mil 092 agresiones a periodistas, en promedio 182 ataques anuales. Mientras que en lo que va del gobierno de Peña Nieto suman 656 ataques, lo que resulta en promedio 328 casos al año.

En los dos años de gobierno del actual presidente hubo un total de nueve homicidios a periodistas. Atilano Román del programa radiofónico “Así es mi tierra” y Antonio Gamboa de “Nueva Prensa”, son dos comunicadores sinaloenses que reporta articulo 19 como asesinados por su labor profesional.

Octavio Atilano Román Tirado, de 47 años de edad, fue asesinado el 11 de octubre del año pasado, cuando dos personas armadas entraron a la cabina de radio donde dirigía su programa y le dispararon.

Atilano Román fue líder de los comuneros de la presa Picachos. La construcción de esta obra desplazó a seis poblados de la sierra de Mazatlán y Concordia.  Días antes de su asesinato, el grupo que dirigía se manifestó porque la Comisión Nacional de Pesca (Conapesca) se retrasó en el otorgamiento de permisos para la pesca comercial en el vaso de la presa.

El líder de los comuneros denunció que funcionarios de Conapesca concedieron permisos a personas ajenas a los pobladores. En el 2013 Atilano fue arrestado junto con varios comuneros por la Policía Ministerial, después de que anunciaron que durante el Carnaval realizarían una parodia del gobernador Mario López Valdez, quien también fue acusado por el líder de no cumplir los compromisos con los pueblos desplazados (documentado por Ríodoce, en su página web).

Un día después del asesinato del activista y líder de la Picachos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) dictó medidas cautelares a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), a quién le exigió una investigación pronta del caso; sin embargo hasta la fecha no se ha anunciado ninguna resolución o avances en las investigaciones.

El mismo día del asesinato de Atilano Román, el periodista independiente Jesús Antonio Gamboa Urías, de 39 años, de la revista Nueva Prensa, desapareció. Luego de trece días, el cadáver del reportero fue encontrado enterrado en  una fosa clandestina cerca del ejido Águila Azteca, en Ahome.

El cuerpo del periodista fue localizado luego que la PGJE detuvo a Viridiana Valenzuela Castro y a Daniel Gilberto Nieblas Barreras, presuntos culpables del asesinato de Gamboa Urías, quienes declararon su participación y el lugar donde estaba enterrado el reportero.

Marco Antonio Higuera Gómez, procurador General de Justicia del Estado, declaró que según las investigaciones, Gamboa Urías fue privado de la libertad afuera del bar Paralelo 2000, ubicado en Ahome, luego de comentarios que el reportero hizo en el lugar.

El 20 de marzo de este año, la PGJE anunció que detuvo a Édgar Valdez Ruiz y a Oscar Nieblas Barrera, este último jefe de distribución de droga en Villa de Ahome, quien fue acusado como presunto culpable de dispararle al periodista.

Según el informe Estado de Censura, el 13.4 por ciento de los periodistas agredidos el año pasado son “independientes, así como defensores de derechos humanos que realizan labores de documentación en actos de protesta”.

También documenta que el 47.8 por ciento “trabajan en medios impresos; 20.8 por ciento labora en plataformas digitales; y otro 16 por ciento, en radio y televisión.

“La impunidad es el común denominador en ambas administraciones (de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto). Por ninguna de las agresiones graves documentadas existen personas sentenciadas penalmente; además, donde hay avances en las investigaciones, las líneas de seguimiento están desvinculadas del ejercicio profesional de las víctimas.

“Por acción u omisión, las autoridades vulneran la seguridad de los periodistas al no llevar justicia y reparación del daño a las víctimas y a sus familiares. Los periodistas son agredidos principalmente por servidores públicos”.

Durante el 2014, el 56 por ciento de los responsables de ataques a los comunicadores fueron funcionarios; tres  por ciento más que en el gobierno de Felipe Calderón. Sin embargo durante el gobierno actual ha habido más agresiones de parte de policías.

“De 2013 a la fecha, en promedio al año, 150 periodistas fueron atacados físicamente, 48 fueron amenazados, 46 intimidados y 41 detenidos arbitrariamente por elementos de la fuerza pública. Durante el gobierno de Felipe Calderón se agredió físicamente a 84 periodistas, se intimidó a 28 y 12 fueron detenidos arbitrariamente”.

Darío Ramírez, director de Artículo 19 para México y Centroamérica, señala en el informe que en el país “el miedo es el mismo cuando se alza la voz para denunciar, disentir, criticar, por el alto riesgo que conlleva”.

Dijo que “súbitamente se dejó a un lado la violencia promulgada por Felipe Calderón Hinojosa, para dar paso a una era de concertacesión y reforma estructurales”, pero “fueron las repetidas crisis de derechos humanos las que le borraron la sonrisa a la actual administración. No había manera de que, al final de 2014, la imagen impulsada desde Los Pinos pudiera tapar la realidad del deterioro de las libertades en nuestro país”.

El director de Artículo 19, consideró que “México vive un estado de miedo y hacer periodismo bajo miedo afecta severamente no sólo el derecho, sino el derecho colectivo a la información”.