A pesar de que en el país se cuenta con un marco jurídico para  el reconocimiento de los derechos, Luis Raúl González Pérez, presidente de la CNDH, afirmó que el gran problema es la materialización real y efectiva del cumplimiento de las leyes, y consideró que la impunidad propicia que se sigan violentando los derechos humanos.

El presidente de la Comisión Nacional visitó Culiacán el pasado martes, por invitación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), donde se reunió con organismos de la sociedad civil de derechos humanos para firmar un convenio de colaboración.

El convenio se realizó con la fundación Down de Mazatlán A.C, Save the Children en Sinaloa IAP, Cáritas Mazatlán IAP, Restauración de Ecosistemas A.C, y la Asociación de Invidentes del Norte de Sinaloa A.C.

El ombudsman también reconoció que respecto al protocolo de Estambul, la CNDH tiene un área dedicada al pericial, sin embargo aceptó que enfrentan una fuerte carga de trabajo teniendo un retraso en varios expedientes que requieren dictaminar, “estamos tomando las medidas para poder avanzar rápidamente en ello” dijo.

“Queremos cambiar al país, queremos cambiar a Sinaloa, y ese es parte del trabajo que tenemos que hacer entre la sociedad civil y los organismos defensores de derechos humanos, asumo el compromiso a trabajar conjuntamente”, mencionó González Pérez.

Antes de la firma de convenio, el ombudsman escuchó a algunos representantes de organismos civiles, donde destacó la participación de Martha Alicia Camacho Loaiza, representante de la Unión de Madres con Hijos Desaparecidos de Sinaloa.

“Yo fui víctima de la desaparición forzada, fui desaparecida el 19 de agosto de 1977 por la extinta dirección de seguridad, conformada con algunas de las autoridades de aquí de Culiacán”, empezó diciendo Martha Camacho.

“Cuando fui desaparecida, a quién era mi esposo, José Manuel Alapisco Lizárraga, primeramente lo torturaron y luego me ponen a mí frente a él para presenciar sus torturas, ¡mira tu marido, tiene muchos…! ahí delante de mí castran a mi esposo”, relata Martha Camacho, para posteriormente entregarle documentación al presidente nacional de la Comisión de derechos Humanos.

González Pérez, en su intervención se comprometió con la representante de la asociación de desaparecidos de ponerse en contacto de manera inmediata, “la Comisión Nacional estuvo en Ginebra, en el comité de desapariciones forzadas de la ONU”, comentó el presidente.

“México entregó su informe pero la Comisión Nacional fue de manera independiente y presentó su propio diagnóstico, yo quisiera hacerle llegar doña Martha, lo que señalamos ahí, y quiero decirle que las quince propuestas que señalamos fueron retomadas por el comité de la ONU”, explicó.

El mes pasado, la CEDH de Sinaloa emitió un informe especial sobre Cuestiones Jurídicas de Desaparición de Personas, donde se suscribe que “una de las afectaciones más graves a derechos humanos, es la que atenta en contra de un conjunto de estos derechos”.

“La desaparición de personas puede tener diversas causas, entre las que se encuentran actos delictivos como la trata de personas, homicidios, tortura, privación ilegal de la libertad, entre otros; pero también, puede configurarse la desaparición forzada de personas que se distingue de la desaparición de personas en que ésta se lleva a cabo por parte de agentes del Estado”.

En su intervención, Joaquín Melquiades Cervantes Gutiérrez, presidente de la Federación de Abogados de Sinaloa, le hizo entrega al comisionado Nacional una serie de peticiones para que la CNDH envíe una serie de recomendaciones al Gobierno del Estado de Sinaloa.

“Las desapariciones forzadas son una realidad en el estado de Sinaloa, las acciones de tortura que pensamos ya deben estar desterradas en la actualidad. Necesitamos que nos eche la mano y que se manden recomendaciones al gobierno del estado en ese sentido, porque ya no podemos esperar más los sinaloenses”, le comentó el abogado.

En entrevista, Cervantes Gutiérrez pronunció su preocupación en torno a los temas de desapariciones forzadas y las prácticas de tortura en las detenciones realizadas por parte de la Policía Ministerial.

“Las prácticas de tortura para los detenidos han sido protagonizadas precisamente por la Policía Ministerial del Estado, es donde pedimos que se manden recomendaciones para que se cumpla con el estado de derecho”.

“El gobernador Mario López Valdés, cuando protestó en el cargo protestó cumplir y hacer cumplir; en el caso concreto del director de la Policía Ministerial no vale el estado de derecho, es una situación muy grave la que está sucediendo en Sinaloa, el propio gobernador no cumple con el estado de derecho”, declaró el líder de los abogados.

Durante el homenaje al comandante “gallito”, asesinado el pasado mes de marzo, el comandante Gerardo Amarillas, director de la Policía Municipal de Ahome, fue cuestionado sobre los actos de tortura como métodos de investigación por parte de la Policía Ministerial, respondiendo con una negativa ante los señalamientos que se han hecho, incluso por parte de la CEDH.

“La gente que dice que hay tortura, pues tendría que comprobarlo para empezar, número uno. Número dos, los hechos están palpables, hay detenidos, los consignan, ¿y por que al momento de cuando están ante el juez no lo dicen?”, declaró el comandante Amarillas.

“Lo que pasa que la  mayoría de los abogados defensores es una de las tácticas más sencillas que tienen  para ellos, para no hacer su trabajo bien, la realidad es que el trabajo está hecho, se hace con profesionalismo, los mismos superiores constantemente nos están exigiendo que seamos profesionales en el mismo trato contra los detenidos”.