EMPALME, Son. (apro).- Con una ceremonia religiosa y la entrega de una ofrenda floral se conmemoró el décimo aniversario de la desaparición forzada del periodista Alfredo Jiménez Mota quien investigaba nexos entre líderes del narcotráfico y funcionarios de los tres niveles de gobierno.

Este 2 de abril, familiares, autoridades y el gremio periodístico sonorense se reunieron en la plaza Independencia de Empalme para honrar la memoria del reportero del periódico El Imparcial, desaparecido en 2005 durante la administración estatal de Eduardo Bours Castelo.

Durante la ceremonia Leticia Jiménez, hermana del periodista, reconoció la valentía de Alfredo al enfrentar con sus “humildes escritos” a la impunidad rampante en este país.

“No dejaremos de exigir justicia porque nos robaron de nuestro lado a nuestro mayor tesoro”, pronunció con tristeza Leticia junto a la placa develada en 2006, en memoria del comunicador.

Jiménez Mota, nació el 16 de febrero de 1980, trabajó en los diarios El Sol de Culiacán, El Debate y Noroeste, de Sinaloa; también fue director de Comunicación Social en la Procuraduría General de Justicia de Culiacán; y en octubre de 2004 ingresó a El Imparcial, donde cinco meses después se registró la desaparición.

En ese periodo, el periodista lideraba una serie de investigaciones sobre la asociación delictuosa entre los hermanos Arellano Félix y Joaquín Archivaldo El Chapo Guzmán Loera con funcionarios de los tres niveles de Gobierno.

En 2011, un testigo declaró a la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo ahora Seido) que la desaparición, supuesta tortura y ejecución del reportero se debió a la información que publicaría sobre Raúl Enrique Parra, alias El 9, de la banda “Los números” o “Güeritos”, quien tendría el control de la plaza en el sureste de Sonora.

En la ceremonia, Rafael Cano, presidente del Foro Nacional de Periodistas, que aglutina a tres mil comunicadores en 22 estados y 40 ciudades del país, destacó el “alto riesgo” que conlleva el trabajo de informar en México además la ineficiente procuración de justicia.

“El periodismo es una actividad de muy alto riesgo y existe un serio problema en la Procuraduría General de la República para resolver casos relacionados con el ejercicio de la libertad de expresión porque no cuenta con mecanismos ágiles para detener a los culpables, generando así impunidad y corrupción”, condenó.

En tanto, José Alfredo Jiménez, padre del periodista, informó que la administración de Enrique Peña Nieto reinició el caso de su hijo con 20 líneas de investigación, entre las que destacan: crimen pasional, información contra funcionarios estatales y temas relacionados con el crimen organizado.

“Sigo esperando las últimas consecuencias, ellos (investigadores de la Seido) tienen todos los expedientes y me aseguraron que me darían una copia en el momento que yo lo solicitara”, subrayó.

El padre de familia dijo que “sigue esperando a su hijo”, pese a la tristeza por la desaparición y a los escasos resultados ofrecidos por las autoridades.

“Estamos esperanzados a que mi hijo vuelva, tal vez esté errado en este pensamiento pero aún espero que él regrese“, expresó.

Según cifras de la organización internacional Artículo 19, durante 2005 en México se registraron 89 atentados contra trabajadores de la prensa y de esa fecha a 2014, los ataques se incrementaron a 326, un 80%.

En el informe anual de esta organización, “Estado de Censura”, presentado el 24 de marzo pasado, se detalla que en el sexenio de Felipe Calderón se registraba un ataque contra periodistas cada 48.1 horas, mientras que en los dos primeros años de Enrique Peña esa cifra se incrementó a un atentado cada 26.7 horas, en promedio.

Según dicho documento de las 326 agresiones registradas el año anterior, 156 fueron cometidas por funcionarios públicos, 86 por desconocidos, 52 por particulares, 11 por organizaciones sindicales, ocho por el crimen organizado, seis por fuerzas partidistas, cuatro por otros medios de comunicación y tres por una organización.

Las entidades con mayor número de casos de agresión a periodistas son: el Distrito Federal, con 85; Quintana Roo, con 42; Veracruz, con 41; Guerrero, con 28; Oaxaca, con 22; y casi al último Sonora, con cinco.