La mañana en la que se enteró que el hombre que había confesado el homicidio de su madre estaba libre, Cristian reafirmó su temor: contra “la mafia” no se puede.
Sandra Luz Hernández fue asesinada de 15 balazos, la mayoría en la cabeza. Diez meses después de su homicidio, Jesús Fernando Valenzuela Rodríguez, el presunto asesino confeso, fue absuelto por el Juzgado Noveno Penal de Culiacán, Sinaloa.
Habían transcurrido diez días desde la sentencia absolutoria y fue hasta el pasado martes cuando la familia de Sandra Luz se enteró a través de una nota publicada en el periódico Noroeste.
Esa mañana, Cristian responde a una llamada telefónica y acepta la entrevista. Él, su papá y otros familiares cercanos, se fueron de Culiacán casi una semana después del asesinato de su madre, y aun radican fuera de la ciudad.
“Primero nos pisotearon todo lo que pudieron y ahora salen con esto”, recrimina el hermano de Édgar, un joven desaparecido la noche del 12 de febrero de 2012, cuando la tragedia familiar apenas comenzaba.
Tristeza, impotencia, coraje, son los sentimientos que Cristian describe; los cuenta en ese orden y explica los por qué de cada uno.
A su hermano lo desaparecieron, a su mamá la asesinaron, a ambos los juzgaron. Ninguno ha recibido justicia.
Y es que Cristian no olvida que cuando la Procuraduría inició la investigación sobre el asesinato de su madre había elementos suficientes para detener al culpable y a varios implicados que también se relacionaban con la desaparición de Édgar.
Pero de repente, la historia dio un giro y de un día a otro, la familia de Sandra Luz escuchaba sorprendida al Procurador, Marco Antonio Higuera Gómez, declarar ante medios de comunicación nacionales que el presunto asesino había reaccionado casi en defensa propia, por temor a que Sandra Luz lo matara primero.
También le escucharon decir que Édgar había participado en el secuestro, homicidio y robo en contra de Manuel Alonso Ruiz Haro en el 2012, un mes antes de su desaparición.
“En la investigación desde un principio había muchas pruebas, de eso fueron testigos personal de los Derechos Humanos, tenían muchas pruebas para jalar a mucha gente, yo pensaba que iba a ser una investigación real y de un momento a otro, cuando presentan a este tipo como detenido cambió toda la versión que tenía el Procurador”, recuerda Cristian.
—¿Temen represalias a partir de que esta persona queda libre? se le pregunta a Cristian.
—Desde un principio que nosotros nos dimos cuenta que el Procurador estaba completamente del lado de ellos, que estaba favoreciéndolos en todo lo que pudiera, nosotros mejor nos retiramos porque no tenemos los medios para hacerle frente a la mafia, y en este caso al Procurador tampoco, no es posible.
—¿Ustedes ven al Procurador en su contra?
—Completamente. Cuando presentan a este tipo que salió, cambió toda la versión, ya no fue nada de lo que tenían desde un principio y en ese momento decidimos salirnos de ahí (Culiacán), porque nos dimos cuenta que las cosas estaban mal.
Édgar, el hijo de Sandra Luz, fue levantado por un grupo armado en la colonia Progreso, en febrero de 2012, desde entonces su mamá comenzó una lucha por encontrarlo. Habían pasado dos años de una búsqueda incesante cuando Sandra Luz acudió a la colonia Benito Juárez, para, según versiones cercanas, recibir información sobre el posible paradero de su hijo. Ahí, sólo encontró la muerte.
La Procuraduría, en ceros
Para capturar a Valenzuela Rodríguez, la Procuraduría presumió en mayo de 2014 la conformación de un grupo especial comandado por el propio director de la Policía Ministerial, Jesús Aguilar Íñiguez.
El homicida enfrentaría cargos por feminicidio y podría alcanzar hasta 50 años de prisión, prometía el fiscal de Sinaloa. Era un caso prioritario y por instrucciones del Gobernador se tenía que dar con los responsables, decía.
Diez meses después, con el único presunto responsable en libertad, Higuera Gómez accede a una rueda de prensa: “Creo que no conoces todo lo que pasa posteriormente”, responde tajante y con una mirada fulminante que dirige directamente al reportero que le cuestiona por qué, de nueva cuenta, la Procuraduría pierde un caso.
Un “abogado milagroso”, justifica Higuera Gómez, logró la libertad de Valenzuela Rodríguez. “Indudablemente incomoda a la Procuraduría”, admite el fiscal.
Según Higuera Gómez, antecedentes de éxito en otros casos y la sentencia absolutoria lograda en el caso de Valenzuela Rodríguez, estarían relacionados con el parentesco familiar del abogado, Ignacio Acosta Román y el magistrado del Supremo Tribunal de Justicia de Sinaloa, José Manuel Sánchez Osuna.
“Había un defensor de oficio, pasado un mes, se designa defensor particular a un abogado milagroso que tiene la característica de ser cuñado de un magistrado y donde no solamente en ese caso, sino en otros, ha tenido la benevolencia de los jueces de absolver a los imputados y llevarnos a trabajar a otras instancias”, acusó Higuera Gómez ante la prensa.
—¿Está acusando tráfico de influencias en el Poder Judicial?
—No quiero prejuzgar porque hay otro trabajo que estamos haciendo, te comento nada más que es una característica que donde aparece ese abogado sus clientes salen absueltos, estamos trabajando y por parte de nosotros vamos a ir a fondo en ese asunto. Estamos investigando conductas ilícitas.
El por qué Valenzuela Rodríguez está libre es confuso. Sobre esos datos, Higuera Gómez se limitó a decir que sólo bastó con que el acusado se retractara de su declaración preparatoria y dijera que durante ella se sintió amenazado por la presencia de personas extrañas.
“El argumento que me da el juez en la sentencia, el abogado lo único que hizo fue pedir una ampliación de declaración y en la ampliación de declaración dice que en la preparatoria se sintió amenazado porque había gente extraña, con eso les digo todo”, indicó.
“Pero no voy a litigar en medios”, agregó el Procurador para dar por concluido el tema.
“Es un absurdo legamente pero no es discutirla, ni litigarla en medios, hay una averiguación previa que para nosotros es sólida para una condenatoria. Nosotros estamos seguros que esa resolución se va a revocar”, enfatizó.
Poder Judicial se defiende
Horas después de los dichos de Higuera Gómez, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Sinaloa, José Antonio García Becerra, acepta una entrevista en su despacho.
De inmediato, el representante del Poder Judicial en el estado descartó que exista una queja formal de la Procuraduría contra el magistrado Sánchez Osuna o en contra del actuar de Sergio Valdez Meza, juez del juzgado noveno penal de Culiacán, quien emitió la sentencia absolutoria de Valenzuela Rodríguez.
García Becerra defendió el desempeño de Sánchez Osuna y lo describió como un profesionista con reconocimiento social, un académico respetado y un magistrado intachable.
“Es una apreciación desde la óptica de la Procuraduría, la cual respetamos pero no compartimos porque no tenemos evidencia de que esto pueda ser así, mientras no exista elementos que acrediten una relación insana entre el juez y el magistrado y el abogado, para nosotros, para el presidente, lo que prevalece es la imagen intachable que en todos los ámbitos de su desempeño tiene el magistrado Sánchez Osuna”, enfatizó el presidente del Supremo Tribunal.
Según detalló, la libertad de Valenzuela Rodríguez puede ser apelada, acción que ya emprendió la Procuraduría. Si un tribunal de segunda instancia ratificara la libertad del presunto asesino, entonces todavía habría un tribunal federal al cual acudir.
“Sin duda, la señora Sandra merece el que se haga justicia y una decisión tomada por un juez en este caso no implica la decisión final, ni implica que con ello quede impune el caso porque puede revocarse esa resolución y tomarse una decisión distinta. Esta decisión inicial no significa el que el caso quedará impune y sin justicia”, enfatizó García Becerra.
El abogado de Valenzuela Rodríguez, señalado por el Procurador de utilizar sus vínculos familiares para beneficio propio, fue contactado telefónicamente por Ríodoce, sin embargo, rechazó emitir alguna postura respecto al caso o en relación a los señalamientos de Higuera Gómez.
Intervendrá la CEDH
A partir de la acusación ante medios de comunicación que realizó el Procurador de Justicia sobre posible tráfico de influencias en el Poder Judicial del Estado en torno al caso del homicidio de Sandra Luz Hernández, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) inició de oficio una investigación por probables violaciones a los derechos humanos.
Juan José Ríos Estavillo, presidente de la CEDH en Sinaloa, explicó que la investigación no se enfocará en la sentencia absolutoria del presunto homicida, sino en los dichos del Procurador y la defensa del Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, ambas vertidas en los medios de comunicación.
“Nos ha resultado sumamente preocupante la acusación y denuncia pública que generó el Procurador en relación al presunto tráfico de influencias al interior del Poder Judicial. Estamos en presencia de un conflicto entre dos órganos de poder, por un lado el poder Ejecutivo y otro el poder Judicial”, enfatizó Ríos Estavillo.
Para integrar la investigación, la CEDH pedirá a la Procuraduría que presente los argumentos por los que acusó tráfico de influencias, así como los antecedentes en otros casos a los que hizo referencia el procurador Marco Antonio Higuera Gómez, durante la rueda de prensa que ofreció a medios de comunicación.
La CEDH también solicitará que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) proporcione la averiguación previa que se generó hasta antes de la consignación del presunto homicida. Explicó que realizará un análisis de la exhibición de persona que fue realizada por la PGJE durante la detención del presunto responsable y finalmente, solicitará que expliqué los elementos con los que contaba para señalar al detenido como culpable y exponerlo públicamente.
En el caso del Poder Judicial, la CEDH solicitará la investigación que el Supremo Tribunal realizó a partir de las declaraciones del Procurador y que le permitieron al magistrado presidente argumentar que no existían elementos para acusar tráfico de influencias.
“No olvidemos que el Presidente del Tribunal explicó y señaló que no había elementos para identificar la queja, para identificar los elementos que correspondían a tráfico de influencias, ¿qué investigación llevó a cabo para dar esta conclusión?, ¿qué elementos consideró? ¿dónde se generó, particularmente en la instancia del Poder Judicial, esa investigación y la conclusión inmediata a la que se llegó?”, detalló Ríos Estavillo.