En México la tortura es generaliza en medio de impunidad, lo que alienta su repetición y agravamiento, destaca Juan E. Méndez, relator especial de Naciones Unidas sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
Agrega que la finalidad de la tortura es castigar o extraer confesiones o información, y “hay evidencia de la participación activa de las fuerzas policiales y ministeriales de casi todas las jurisdicciones, y de las fuerzas armadas, pero también de tolerancia, indiferencia o complicidad por parte de algunos médicos, defensores públicos, fiscales y jueces”.
Méndez denuncia también que “las salvaguardas son débiles, especialmente para detectar e impedir la tortura en esos primeros momentos y asegurar su investigación pronta, imparcial, independiente y exhaustiva”.
Asimismo, Méndez critica que no se inician investigaciones de oficio, ni se excluyen de oficio pruebas obtenidas bajo tortura.
Ante esta situación, el relator “recomienda” a México “reconocer públicamente la dimensión de la impunidad respecto a las torturas y malos tratos y enviar enérgicos mensajes públicos a todos los funcionarios de seguridad y justicia federal y estatal de que toda tortura y maltrato será seriamente investigado y castigado, conforme a la normativa internacional, constitucional y penal”.
Méndez pide urgentes reformas legislativas para adaptar la normativa a los estándares internacionales para efectivamente prevenir, evitar, juzgar y castigar todos los actos de tortura o malos tratos. Uno de los actos “urgentes” que México debe emprender es la investigación de todas las denuncias presentadas hasta la fecha, incluidos “los sucesos pendientes de la Guerra Sucia”. (Eje Central)
