Se llevo acabo el acuerdo interinstitucional que permitirá la inclusión laboral de personas que estuvieron en reclusión. El secretario de Desarrollo Económico del estado de Sinaloa, Aarón Rivas Loaiza, resaltó que se trabajará de manera conjunta entre dependencias de gobierno tanto federales como estatales, así como instituciones privadas y sociales.

“Vamos a poner a disposición cursos en reclusorios de Culiacán, Mazatlán y Mochis, para los que están en proceso de reubicarse sean los que tomen el curso que quieran aprender para cuando estén de regreso a la sociedad tengan un oficio”, explicó Rivas Loaiza.

Por su parte, Gerardo Vargas Landeros, secretario general de gobierno dijo que las personas que se encuentran recluidos también deben de tener la oportunidad de reintegrarse a la sociedad, sin ser estigmatizados por la misma.

“Debemos de darle esa posibilidad a estas personas que no tengan ese antecedente penal y puedan rehacer su vida, que sea un mecanismo que funcione en todo el país”, dijo Vargas Landeros.

En la reunión también estuvo presente Ignacio Rubí Salazar, el Sub Secretario de Previsión Social del Gobierno Federal, quien demandó que las acciones en México en materia de reinserción social no han sido constantes, sino intermitentes y que no se ha buscado a nivel nacional desarrollar un ejercicio en este tema de manera conjunta.

“La reinserción social que plantea la constitución no lo estamos logrando y la prueba más contundente son esos altos índices de reincidencia que se registran en México y que son alimento por supuesto para los altos niveles de inseguridad publica que hay en nuestro país”, señaló, Rubí Salazar.

Así mismo denunció que el problema radica en que las personas salen de un reclusorio y al buscar reintegrarse a la vida social se les solicita la certificación de no antecedentes penales, ya que esto funge como una barrera para ellos.

“El problema mas grave de este tema es que cumplen con la pena que les fue impuesta y regresan a la realidad, y la primera barrera con la que se encuentran es la no incorporación al trabajo, ya se les pide la certificación de no antecedentes penales”, mencionó.

Señaló que el reto para Sinaloa está en esos 7 mil 550 personas que en este momento se encuentran pagando una pena. Y que a nivel nacional el reto es mayor, 250 mil personas en reclusión, de las que 80 por ciento corresponden al fuero comun y el 20 por ciento al fuero federal.

“El reto es ese, lograr la reinserción social y si no lo superamos nos encontramos con el riesgo de contribuir a los niveles de inseguridad. Nuestro universo de atención son esas personas”, puntualizó.