Acusa delegada de la PGR de “prepotente” a abogada que le exige investigar a altos mandos de la PME por violar derechos humanos de comuneros
“La delegada de la PGR, Brenda Lorh Peralta, consideró un acto de prepotencia el exigir respeto a los derechos humanos”, lamentó la abogada Alma Barraza Gómez.
Los comuneros, afectados por la construcción de la presa Picachos, detenidos por la Policía Ministerial del Estado (PME) el domingo de Carnaval de 2013, junto con el finado líder Atilano Román Tirado, dijeron a Ríodoce que la delegada de la Procuraduría General de la República, en Sinaloa, había acusado a la abogada Alma Barraza Gómez de “prepotente”, porque le exigía que investigara a los altos mandos de la PME que violaron sus derechos humanos, la noche del 10 de febrero de 2013.
En esa ocasión, sostienen los agraviados, la PME, para “criminalizarlos” los acusó de “narcomenudeo”, y a dos años de los hechos, la PGR no investiga.
“Los hechos”
En diciembre de 2014, Barraza Gómez fue a la delegación de PGR en Sinaloa, con sede en Culiacán, acompañada del visitador de la Quinta Visitaduría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), pero personal subordinado a la titular de dicha dependencia, Brenda Lohr Peralta, casi frustra la visita.
El motivo de la visita se debía a que el 9 de diciembre de 2013, la senadora Angélica de la Peña, llevó al pleno del senado un exhorto con punto de acuerdo al gobernador de Sinaloa, Mario López Valdez, con el objetivo de que la PGR investigara sobre los presuntos delitos cometidos en agravio a los comuneros y comuneras afectados por construcción de la presa Picachos.
“Y en particular, para que la PGR investigara sobre los agravios cometidos a mi persona, por el secuestro del que fui víctima, a la luz pública, el pasado 10 de febrero y vamos para dos años y la PGR no ha hecho nada”, precisa Barraza Gómez.
Según Barraza Gómez, la PGR no solo no ha investigado sino que bloquea el acceso a ellos como interesados en el expediente, porque la dependencia federal está sometida totalmente a la Procuraduría General de Justicia de Sinaloa.
Búnker personal
“La señora delegada tiene secuestrada la procuración de la justicia, se le olvida a ella que se supone que la PGR es una institución pública de buena fe, y es donde se supone que se procura hacer justicia”, critica.
“La funcionaria federal nos está el acceso, nos está coartando nuestra libertad a los abogados en nuestro ejercicio de nuestra profesión”, insiste.
“Fui a revisar respecto a la averiguación previa. Es que el Senado de la República le pide al “cansado” procurador Jesús Murillo Karam que inicie la averiguación sobre los agravios a los comuneros y que la atraiga PGR en México.
— ¿Y qué pasó con la averiguación previa?
— Se la llevaron supuestamente para dictamen, análisis y estudio para su procedencia. Pero ¿qué cree? Ahí tenemos al gran sinaloense Alfredo Higuera Bernal. Ese gran sinaloense es el director de averiguaciones previas de PGR. Alfredo Higuera Bernal decide que se regrese la averiguación previa y se la remita a la delegación desde septiembre pasado. Pero a mí no me habían dicho nada, incluso no me han hecho ninguna notificación oficial.
– ¿Es cierto que a la PGR fue acompañada de un visitador de la CNDH?
– Sí. Estuve con el visitador de la CNDH, pues fuimos precisamente a ver esa averiguación previa, a ver qué avances tenía, a ver qué demonios había hecho la delegada con el expediente. Y ¿sabe qué hizo la delegada con el expediente? Secuestrarlo nada más, porque no ha hecho nada. Incluso le quería negar el acceso al Quinto visitador de la CNDH al expediente.
Justicia desaparecida
– ¿Usted cree que ahora que atrajo la PGR el caso del desaparecido Mario Crespo Ayón, va a ser lo mismo?
– Va a ser lo mismo. Usted recordará cuando desaparecieron al escolta de Mario López Valdez. La casualidad y la coincidencia que PGR dijo que habían encontrado una camioneta blindada donde estaba la cartera del escolta, pero que se habían fugado todos. ¿Usted les cree? Yo tampoco les creí. En mi versión, yo creo que definitivamente ahí hubo algo muy turbio.
— ¿De parte de quién?
— De parte de PGR. Muy enrarecido, incluso cuando hizo los videos el pobrecito del escolta y todo lo que declaraba, Frank Armenta Espinoza, que en paz descanse. ¿La PGR cuándo investigó algo de lo que él decía? El les mostró las grabaciones en donde hablaba Chuytoño, el mentado comandante Amarillas que no lo conozco, pero ahí lo conocí por audio. El otro, Carrasco Ruiz que tampoco lo conozco físicamente, pero que ahí está también en la grabación. Dígame, ¿qué obtuvimos de resultado de la investigación de PGR? ¿Qué hicieron los ineptos de PGR? Nada.
Instrucciones
En el oficio de 4 de diciembre de 2014, el subdelegado de Procedimientos Penales “A” de la PGR, en Sinaloa, Gonzalo Mario Díaz Castellanos, instruye a Alfredo Dorantes Pérez, agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la mesa V investigadora de la subdelegación de Procedimientos Penales “B”.
(Que) “… en cumplimiento a las instrucciones de la delegada estatal en Sinaloa, y derivado a la visita del Lic. Gonzalo Cortéz Javier, Visitador Adjunto a la Quinta Visitaduría General de la Dirección General del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos, el cual se encontraba en el interior de las instalaciones que ocupa esta sede Delegacional, en la revisión del expediente de averiguación previa AP/PGR/SIN/MAZ/032/2014-M-V”.
“Y momentos después, agrega el documento, presentándose la Lic. Alma Barraza Gómez, solicitando el acceso a las instalaciones con el mencionado visitador, asumiendo un comportamiento de prepotencia e insultando al personal del área de recepción, derivado de esto se levantó una tarjeta informativa relacionada con los hechos”.
Hechos y fechas
-Febrero de 2013. La PME reprime a los comuneros y los encarcela junto con el extinto Atilano Román Tirado y Alma Barraza Gómez, acusándolos de “narcomenudeo”.
-Diciembre de 2014. Barraza Gómez acude junto con el visitador de la CNDH exige a la delegación estatal de la PGR y exige investigar a los altos mandos de la PME. La delegada estatal no hace nada, pero acusa a la abogada de “prepotente”.
