En 2013, siete universidades públicas firmaron acuerdos dependencias gubernamentales para brindarles distintos servicios que requerían. Sin embargo, los malos manejos de los recursos, así como la subcontratación de empresas por parte de las instituciones educativas derivaron en un daño al erario público por mil 446 millones de pesos.

Las universidades Autónoma del Estado de México, Autónoma de Morelos, Juárez Autónoma de Tabasco, Popular de la Chontalpa, Politécnica del Golfo de México, Tecnológica de Tabasco y el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco realizaron trabajos para distintas secretarías de Estado, según el informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF), responsable del análisis, señaló también que el personal de las secretarías también es responsable por haber pagado sin verificar, validar y recibir el total de los trabajos que contrataron.

En las auditorías realizadas a las dependencias gubernamentales que se encontró que el personal está relacionado con las empresas que fueron subcontratadas con las universidades, lo que demuestra que las compañías, las universidades y los funcionarios públicos estaban vinculados en todo el proceso: desde la adjudicación directa, el cumplimiento de los contratos y los pagos.

El informe reveló que en todos los casos los trabajos se subcontrataron porque las instituciones de educación superior no contaban con la infraestructura, el personal capacitado, la experiencia y los recursos necesarios para cubrir las demandas de las dependencias federales.

En los documentos elaborados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) se encontró también que las empresas subcontratadas no concluyeron los trabajos para los que fueron contratadas; estaban vinculadas entre sí por socios, apoderados, representantes legales o el tipo de operaciones que realiza; además de que un gran número de las compañías tuvieron que subcontratar a su vez a otras empresas para cumplir con los acuerdos.

A su vez, seis de las universidades auditadas cobraron de más a las dependencias de gobierno, aunque los trabajos realizados por particulares tuvieron un menor costo o no se completaron.

“La ASF ha observado graves irregularidades durante 3 años consecutivos de fiscalización en este rubro y, no obstante las recomendaciones, denuncias de hechos presentadas y las acciones promovidas, persiste la práctica reiterada de que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, realicen adjudicaciones directas con universidades públicas, otros institutos de educación y entre dependencias y entidades en los tres niveles de gobierno para la contratación de adquisiciones, consultorías y servicios, asesorías, ejecución de obras públicas, estudios técnicos y supervisión”, señala el informe.

Ante este señalamiento, el organismo fiscalizador realizó 12 auditorías forenses –que son revisiones más a fondo y minuciosas del uso de los recursos y el impacto que éstos tienen–, tanto a las instituciones de educación superior como a cuatro dependencias gubernamentales: la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), la Secretaría de Educación Pública y el Registro Agrario Nacional.

Institución Dependencias con las que firmaron contratos Monto de daño al erario
Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco Pemex Exploración y Producción 0
Universidad Autónoma del Estado de México SEP, Registro Agrario Nacional, Banobras, SCT, Senasica. 612.6 millones de pesos
Universidad Autónoma del Estado de México Suprema Corte de Justicia, Sedesol, Conapesca, Sagarpa, Fidecomiso de Riesgo Compartido 45.4 millones de pesos
Universidad Autónoma del Estado de Morelos Sedesol 697.6 millones de pesos
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco Pemex Exploración y Producción, Sedesol 17.8 millones de pesos
Universidad Politécnica del Golfo de México Pemex Exploración y Producción 3.1
Universidad Popular de la Chontalpa Pemex Exploración y Producción 58.1
Universidad Tecnológica de Tabasco Pemex Exploración y Producción 12.2

La revisión derivó en un daño al erario por más de mil 400 millones de pesos que las universidades no han podido probar.

Si bien las universidades pueden obtener contratos del gobierno, éstas deben tener la capacidad de cumplir con lo estipulado y, en caso contrario, pueden subcontratar otras empresas por un monto equivalente al 49% del pago total, como lo establece la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público

Sin embargo, en todos los casos las instituciones subrogaron los trabajos por más del 80% y en algunos casos el 100% del costo total de los contratos. (Eje Central)