Luego de aceptar que el gobierno de Estados Unidos le decomise 250 mil dólares de los ingresos que obtuvo por tráfico de drogas, Serafín Zambada Ortiz sigue en espera de ser sentenciado por una jueza federal del Distrito Sur de California del USDOJ, la cual está programada para mayo de este año.
El dinero decomisado a partir de su aceptación de culpabilidad, acontecida el pasado 27 septiembre, habría sido entregada en efectivo al gobierno de Estados Unidos, aunque el Departamento de Justicia de Estados Unidos (USDOJ) no específica quién hizo entrega del dinero.
“En esos casos, quienes entregan el dinero son los abogados del acusado”, dijo Luis Carrillo, quien es experto en casos criminales y tiene sus oficinas en Los Ángeles California.
La cesión de dinero y de bienes forma parte de un acuerdo hecho entre los abogados defensores de Zambada Ortiz, con la fiscalía el Sur de California, en la que el acusado también accede a cooperar con los fiscales para desmantelar la organización que comanda su padre, Ismael el Mayo Zambada, y carearse con otros líderes de la organización del Cártel de Sinaloa, incluyendo a sus líderes.
Ojo de hormiga
Aunque oficialmente Zambada Ortiz está encarcelado en la prisión de máxima seguridad Metropolitan Correctional Center (MCC), en San Diego, fuentes del Sistema Penitenciario de Estados Unidos (BOP) señalaron que ellos ya no lo tienen en su poder y que desconocen dónde pudiera estar.
De acuerdo con la información obtenida por Ríodoce, fue desde el pasado 3 de julio, tres meses antes de que cambiara su declaración de culpa, que Zambada Ortiz fue sacado de la prisión por elementos del USDOJ.
El MCC, localizado en el Centro de San Diego, es la misma prisión donde se encuentra recluido Rodrigo Aréchiga Gamboa, fundador de los Ántrax, brazo armado del Cártel de Sinaloa y antiguo protector de todos los hijos de Ismael el Mayo Zambada.
Sin embargo, por razones de seguridad, nunca coincidió el Chino Ántrax con Serafín Zambada, y lo único que se precisa es que “es muy posible que el Sera se haya convertido en testigo protegido a partir de los acuerdos hechos con el USDOJ, para entonces ser llevado a una casa de seguridad y sólo porta un brazalete con un localizador de GPS”.
Ninguna agencia del USDOJ pudo precisar dónde se encuentra Zambada Ortiz: ni la DEA, ni el BOP, ni los US Marshals, ni el FBI, como tampoco se logró establecer su paradero a través del Freedom of Information Act (Acta para acceso a la información), argumentando que “se estarían violando los acuerdos de confidencialidad a los que tiene derecho todo preso en Estados Unidos”.
Negociar: la última alternativa
De acuerdo con Jenia Turner, profesora en leyes de la Deadman School of Law, de Dallas Texas, los acuerdos “bajo el agua” que hace el Departamento de Justicia de Estados Unidos (USDOJ) con personas que enfrentan cargos criminales son frecuentes y ocurren todo el tiempo, sobre todo en casos relacionados con crimen organizado y narcotráfico.
“En algunos casos el acusado recibe inmunidad judicial total, es decir, ni siquiera llega a ser sentenciado, a cambio de información que ayude a localizar gente de su organización, lo cual en muchos casos es determinante para desbaratar a la organización criminal”, dijo Turner.
Además, agregó la académica, una vez que gente de esa organización es arrestada, el testigo protegido es careado con el acusado, y testifica en contra de él. Es parte del acuerdo que hace para recibir una sentencia menor, o incluso, inmunidad total.
No fue el caso del Chino Ántrax, quien decidió declararle la guerra a Estados Unidos y pelear su situación legal en las cortes, y la historia sugiere que eventualmente el Serafín será careado en su momento con el otrora jefe de los Ántrax.
RECUADRO
Un inquilino de nombre Serafín Zambada Ortiz
(BOP Register number 13069-408)
Detenido el 20 de noviembre de 2013 cuando intentaba cruzar a Estados Unidos por Nogales Arizona.
Recluido en una prisión federal de San Diego, la Metropolitan Correctional Center (MCC), y tras ser presentado ante la magistrado Karen Crawford del Distrito Sur de California del USDOJ, Zambada Ortiz se declaró inocente de cargos por tráfico de droga. Cambió su declaración el 27 de septiembre de 2014, y aceptó culpabilidad en todas las acusaciones.
Fue removido de esa prisión el 3 de julio de 2014 y llevado a un sitio desconocido. En teoría, su caso solo espera la sentencia del Juez, programada para el próximo 22 de mayo.
Desarman la Iniciativa Mérida
La administración del presidente Enrique Peña Nieto sufrió otro golpe la semana pasada, luego que el mandatario de Estados Unidos, Barack Obama propuso al Congreso de ese país un recorte histórico para financiar la Iniciativa Mérida, pactada para financiar la lucha contra el narcotráfico en México.
De acuerdo con un reporte de la Casa Blanca en poder de Ríodoce, México sólo obtendrá 80 millones de dólares para atacar a grupos del crimen organizado, mientras que para países de Centroamérica, el Congreso de Estados Unidos destinará mil millones de dólares, los cuales irían principalmente a El Salvador, Guatemala y Honduras, donde se ha recrudecido la violencia y la presencia de cárteles mexicanos.
“Estados Unidos no está viendo la necesidad de mantener la guerra contra la delincuencia organizada, y el que se hayan arrestado a ciertos líderes de esos grupos no ha ayudado a eliminar el problema de tráfico de drogas”, opinó el senador Fernando Yunes Márquez, integrante de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional.
El monto propuesto por el presidente Barack Obama representa 68 millones de dólares menos que el recibido para el actual año fiscal, que termina el próximo 30 de septiembre, pero además significan 125 millones menos que en el 2014, cuando las autoridades federales, en coordinación con elementos de la DEA, el FBI y otras agencias de ese país, arrestaron a Joaquín el Chapo Guzmán, a Héctor Beltrán Leyva, y a Vicente Carrillo Fuentes.
A diferencia de años anteriores, que se buscaba equipar y capacitar a las diferentes fuerzas federales, este año el presupuesto será destinado para fortalecer la efectividad de las agencias de ministerios públicos del país, así como las instituciones de justicia, lo mismo que rehabilitación y readaptación de criminales.
El embajador de Estados Unidos en México, Anthony Wayne, sostuvo en un comunicado que con los recursos destinados a México, el sistema judicial mexicano se hará más efectivo y rápido, y al mismo tiempo dará más seguridad y poder a las víctimas del delito.
Algunos críticos sostienen, sin embargo, que la Iniciativa Mérida ha resultado una pantomima, porque aunque si bien es cierto se han arrestado a capos de la droga de alto nivel, el problema del narco persiste.
“Lo que busca esta iniciativa es paramilitar México y Centroamérica, como ocurrió en Colombia, y mientras la tráfico de droga continúa”, opinó Dawn Paley, quien realizó un estudio sobre la iniciativa Mérida y es autora del libro “Drogas, Guerra y Capitalismo”.
Historia de una invasión policial
La Iniciativa Mérida, promulgada en 2008 y dotada con poco más de mil 400 millones de dólares para el envío de equipo paramilitar y capacitación a México, fundamentó su estrategia en cuatro pilares básicos relacionados con la seguridad para ambos países: el combate al narcotráfico y al crimen organizado, el desarrollo de infraestructuras, y el fortalecimiento de las instituciones y comunidades donde era más arraigado el problema.
A partir del 2011, sin embargo, año en que el gobierno de Estados Unidos destinó otros mil 600 millones de dólares para enfrentar la guerra del narco y considerando que se había recrudecido la violencia, el enfoque de la iniciativa cambió.
Fue a partir de ese año que la colaboración con los gobiernos municipales y estatales de todo el país se fortaleció, pero sin descuidar el equipamiento y adiestramiento de las fuerzas militares, sobretodo la Armada de México, que llevó a sus marinos a Estados Unidos para entrenamiento extremo.
Pero mientras el adiestramiento continuó, Estados Unidos mandó a decenas de agentes a territorio nacional mexicano para que trabajaran coordinadamente con las fuerzas del orden, tanto a nivel federal, estatal y sobretodo municipal, tomando en cuenta que el 90 por ciento del combate a la criminalidad se hace en esos niveles, según explica un reporte del Departamento de Estado, firmado por William Brownfield, asistente para el Control de Asuntos Relacionados el Tráfico Internacional de Drogas.
El resultado ha ayudado a la captura de varios capos de la droga, pero al mismo tiempo ha llenado de agentes estadunidenses al país, principalmente agentes de la DEA, del ICE, FBI y US Marshals.
De acuerdo con un reporte del diario Wall Street Journal, el número de agentes estadunidenses que hay en México, aunque se desconoce, es “muy alto”, y podría ascender a cientos, y de todo ello el gobierno mexicano está enterado, incluso, ellos han sido quienes han permitido el ingreso de esos agentes a territorio nacional.
En la PGR, nadie habla sobre el tema, ni voceros ni portavoces, pero según han manifestado las autoridades, ninguno de esos agentes “andan armados”, como tampoco se les permite participar en operaciones encubiertas, ni en aprehensiones de criminales.
Sin embargo, fuentes de Ríodoce han informado que en su momento han sido detenidos por agentes armados que hablan poco español, y que su idioma materno es el inglés. De igual forma, cuando mataron a Arturo Beltrán Leyva en Cuernavaca, en diciembre de 2009, testigos aseguran que muchos de los supuestos marinos, se comunicaban en inglés.
Iniciativa Mérida a través de los años
AÑO MONTO RECIBIDO
2008 400 millones
2009 300 millones
2010 450 millones
2011 310 millones
2012 249 millones
2013 244 millones
2014 205 millones
2015 148 millones
2016 80 millones
*Los montos son en dólares.