mayo 16, 2021 10:45 PM

Persiste nómina inflada en la SEPyC

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Siguen los aviadores, comisionados al Sindicato, pagos excesivos… 

 

En la nómina del sistema educativo en Sinaloa se paga a dos mil 384 plazas que no están autorizadas en el presupuesto, hay 13 mil 401 docentes o trabajadores de la educación a quienes se les paga en exceso y cuatro mil 957 plazas que no corresponden al nivel en el que se ubican.

La nómina irregular fue detectada por la Auditoría Superior del Estado (ASE) en una revisión realizada sólo a la primera y segunda quincena de junio de 2014, al comparar la relación del personal activo entregada por la dirección de recursos humanos de la Secretaría de Administración y Finanzas y el analítico de plazas autorizado en el ejercicio presupuestal de 2014.

Luego de analizar la información obtenida de la revisión que realiza la ASE a la cuenta pública del gobierno estatal, Juan Alfonso Mejía López, director de Mexicanos Primero Sinaloa, consideró que el desorden administrativo en la Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC) da muestra de vicios y malas prácticas que persisten en el magisterio de Sinaloa.

“El sistema educativo está muy lejos de estar concentrado en los niños, funciona más bien como un sistema donde se median asuntos laborales. Parece más que nada el servicio estatal del empleo”, criticó Mejía López.

El representante de la organización civil que promueve la educación de calidad, recordó los resultados obtenidos en el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática,  (INEGI) en 2013 y en el cual se detectó que en Sinaloa había 12 mil 28 plazas irregulares, de las cuales un 80 por ciento correspondían al magisterio estatal.

Mejía López consideró que de nueva cuenta las observaciones de la ASE obligan a la autoridad educativa a dar respuesta, luego de que se ha mantenido negando la situación.

“Esta auditoría tiene gran importancia porque pone el ojo en un renglón donde no se había puesto, de manera tan decidida en un área del estado, un renglón que corresponde a la sección 53. Pero preocupa la insistencia de no pasa nada, la autoridad insiste en que aquí no pasa nada y están ante una gran oportunidad de reconocer y modificar”, señaló Mejía López.

Entrevistado al concluir la ceremonia de nombramiento al nuevo presidente del Colegio de Sinaloa, Francisco Frías Castro, secretario de Educación Pública y Cultura del Estado, dijo desconocer las irregularidades detectadas en el informe de la ASE.

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Los comisionados

Al detectar el pago indebido a 52 trabajadores que fueron comisionados al sindicato, la ASE promovió un pliego de observaciones por el daño o perjuicio a la hacienda pública en un monto de un millón 044 mil 556 pesos, erogados sólo en la primera y segunda quincena de junio.

De acuerdo con el artículo 33 de la Ley de Trabajadores al Servicio del Estado, sólo podrán otorgarse licencias a los trabajadores por un máximo de tres días con goce de salario, para el desempeño de comisiones sindicales.

En el caso detectado, se realizaron 283 pagos a 51 trabajadores entre la primera y segunda quincena de junio de 2014.

En esta observación, la ASE también promueve ante la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas para que se investigue y sancione a los servidores públicos responsables de los pagos indebidos.

 

Trabajadores que no trabajan

La ASE también realizó una inspección física a las instituciones de educación pública y aunque se concentró en una muestra pequeña, de sólo 16 planteles, las observaciones apuntan hacia irregularidades graves.

La visita se realizó los días 17, 20 y 21 de octubre de 2014; en la inspección se detectaron a 61 trabajadores que estaban ausentes de su centro de trabajo pero además no había documentos para justificar su ausencia en el momento de la visita.

Por estos trabajadores ausentes, la SEPyC pagó 632 mil 441 pesos en nómina, monto que es requerido por la ASE al considerarse un daño a la hacienda pública.

En otro caso, se encontraron a ocho empleados quienes no sólo no estaban en su lugar de trabajo, sino que no fueron identificados por los responsables de los planteles en los que supuestamente están asignados, según la base de datos del magisterio estatal.

Tampoco se encontró documentación que justifique el movimiento del personal ausente.

JUAN ALFONSO MEJÍA. “Persisten los vicios y malas prácticas en el magisterio”.
JUAN ALFONSO MEJÍA. “Persisten los vicios y malas prácticas en el magisterio”.

Por estos ocho trabajadores se pagaron 100 mil 611 pesos, mismos que son requeridos por la ASE a través de un pliego de observaciones.

En cantidades menores, la ASE encontró a cuatro trabajadores que sí estaban en su centro de trabajo pero realizaban labores distintas a las que tienen asignadas, tres trabajadores se ubicaron en un plantel diferente al que señala la base de datos y se encontró a un trabajador que percibe un salario por 14 horas de maestro, pero en realidad sólo labora seis.

Por todas las irregularidades detectadas en sólo tres días de inspección física en 16 planteles escolares de educación básica en Sinaloa, la SEyC pagó 775 mil 035 pesos en una nómina irregular.

Según la investigación de la ASE, en educación preescolar hay 358 plazas que se exceden del límite autorizado en el presupuesto, 470 plazas pagadas en exceso y mil 212 plazas que no corresponden al nivel de preescolar.

En educación primaria, se detectó que existen 439 plazas no autorizadas en el analítico de plazas, cuatro mil 716 plazas pagadas en exceso y 203 plazas que no corresponden al nivel de educación primaria.

En la educación secundaria, las cifras alcanzan mil 577 plazas que se pagan pero no están autorizadas en el presupuesto, hay ocho mil 208 plazas ejercidas en exceso y tres mil 437 plazas que no corresponden al nivel de secundaria.

“Los resultados obtenidos del desarrollo de este procedimiento se informarán a la SEPyC, que es quien lleva el control de los movimientos del personal y además tiene en su poder la documentación comprobatoria y justificativa de los mismos”, apunta la Auditoría Superior del Estado en el documento que se entregó al Congreso del Estado desde principios de enero.

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