El gobierno estadounidense ha cancelado las audiencias de miles de migrantes que han solicitado la residencia legal a través de los tribunales, además les han dicho que deberán esperar hasta 2019 o más antes de que se decida su situación, lo que los podría poner en peligro a ser deportados.

El aumento de las cancelaciones comenzó a mediados del año pasado, cuando el Departamento de Justicia dio prioridad a los casos de decenas de miles de centroamericanos que cruzaron a Estados Unidos por la frontera con México, en su mayoría madres con hijos y menores no acompañados.

Abogados de inmigración en ciudades que han absorbido una gran cantidad de los casos, como Nueva York, San Antonio, Los Ángeles y Denver, dicen que les han cancelado audiencias con poco tiempo de aviso y no les han dado nuevas fechas. Lo que está en juego son permisos de trabajo, la residencia permanente, pedidos de asilo y reunificaciones familiares.

El abogado David Simmons, de Denver, dijo que en 30 años de carrera nunca vio semejante parálisis. “No hay margen para maniobrar”, dijo. “Es como si no existiera el tribunal”.

La Oficina Ejecutiva de Revisión Inmigratoria, el organismo del Departamento de Justicia que supervisa los tribunales de inmigración, no sabe con precisión cuántas audiencias fueron canceladas, pero dijo que más de 415 mil migrantes no detenidos tienen sus casos pendientes.

Las audiencias se están reprogramando para el 29 de noviembre de 2019, con el fin de mantener los casos en la agenda, afirmó Lauren Alder Reid, asesora de asuntos legislativos y públicos del organismo.

También en San Antonio se han pospuesto las audiencias

Los tribunales de inmigración de San Antonio, que al igual que los de Denver manejan un gran número de menores no acompañados y familias, también han visto la cancelación de audiencias de casos que no se consideran prioritarios.

Lance Curtright, abogado de San Antonio, dijo que se han pospuesto audiencias para cientos de casos que su bufete maneja. Las personas con residencia permanente, que enfrentan la deportación por delitos menores o asuntos de procedimiento, van a sufrir innecesariamente junto con sus familias, comentó.

“Esta es su casa y no saben si los van a sacar a la fuerza”, dijo. “Y sus casos no se van a decidir hasta 2019″.

Los solicitantes de asilo, que con frecuencia han tenido que dejar atrás familiares en países abrumados por la guerra y la violencia, están entre los más afectados, dijo Bryan Johnson-Xenitelis, abogado de inmigración de Nueva York. Su bufete ha tenido ocho audiencias canceladas hasta el momento, incluida la de un joven ucraniano con discapacidad grave.

Muchos temen que estos casos quedarán indefinidamente al final de la lista si hay otra ola de migrantes centroamericanos. (Eje Central)