Siguiendo el ejemplo de la comunidad de Cherán, en Michoacán, y amparados en el artículo 39 constitucional, pueblos indígenas y campesinos de Guerrero, Michoacán, Chiapas y Oaxaca, se conducen hacia la elección de “Gobiernos de usos y costumbres”. Esto, dicen especialistas, se está desarrollando aceleradamente ante el descrédito de una clase política insensible e indiferente a los reclamos populares. Y peor aún, coludida con el hampa”.

Francisco Sarabia

México, D.F. a 30 de enero de 2015.- La aplicación del artículo 39  constitucional, relacionado con la soberanía nacional y la forma de gobierno, puso al país en vilo ante la amenaza de pueblos y comunidades  indígenas de las entidades del sur, que iniciaron ya con un eventual desmantelamiento del modelo político y administrativo tradicional.

Comunidades de Guerrero, Michoacán, Chiapas y Oaxaca, acusan que la forma de gobierno actual se volvió inoperante y obsoleto al quedar en manos de una clase política desacreditada, insensible e indiferente a los reclamos populares y lo que es peor, coludida con el hampa, vinculada con intereses que hoy por hoy tienen a México en una situación política, económica y social desastrosa.

El texto del artículo constitucional establece que “la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”.

Y como la soberanía es la facultad que posee el pueblo para autodeterminarse, para escoger y modificar libremente la forma en que ha de ser gobernado, este tiene el derecho de alterar o modificar la forma de gobierno, si es que éste ya no responde al clamor de las mayorías, coinciden juristas e investigadores del ramo.

Bajo este contexto legal, respaldados por abogados,  intelectuales, líderes sociales, sindicatos,  instituciones académicas y religiosas y, sobre todo por una parte importante de la sociedad civil,  este movimiento inició ya con la operación de  esquemas de autogobierno   municipal.

Así, han estado sustituyendo, dentro de la ley vigente, a funcionarios y policías y nombrando candidatos a cargos de representación popular avalados en asambleas en sus comunidades, poniendo en jaque a la clase política y sus cacicazgos regionales, severamente cuestionados y rechazados por sus vínculos con el narcotráfico.

Este artículo, que pasó desapercibido en las reformas constitucionales en las décadas de los setenta, noventa y más recientemente las del 2011, permitió a los indígenas del municipio purépecha de Cherán, Michoacán, instaurar el primer sistema de gobierno municipal, es decir una comuna nombrada por el pueblo y de acuerdo con sus usos y costumbres.

Este ejemplo está siendo el soporte y motor principal de muchas comunidades indígenas y campesinas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Al respecto, el doctor en Derecho e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM,  Daniel Márquez Gómez,  afirma que es razonable que algunos grupos en el país consideren que el 39 constitucional es una base sustantiva para buscar formas de organización sociopolítica que superen cierto estado de cosas cuando consideren que algo ya no está funcionando, siempre que sea por las vías institucionales.

“Tenemos que decir que en Guerrero hay una tensión que nunca se resuelve. La guerra de guerrillas que se gesta desde la década de los sesenta, es una guerra que el Estado mexicano resuelve —como lo han documentado analistas como Carlos Montemayor por ejemplo—, a sangre y fuego.

“Y hay que decir también que los problemas que originaron que personajes como Genaro Vázquez y Lucio Cabañas —éste último estudiante distinguido de la Normal “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa—,  se levantaran en armas contra el Estado, están asociados con la pobreza, desigualdad, abuso de autoridad, cacicazgos y carencia de espacios de participación política, pero sobre todo la ausencia de la democracia y del Estado para llevar los mínimos de justicia a esas regiones.

“Y a esto se le añade una corrupción y una impunidad endémicas, derivada del narcotráfico que soborna desde policías que se infiltran peligrosamente en el crimen organizado y que al estar al mando de los políticos que a su vez aceptan el dinero del narco para sus campañas, propician un estadio de cosas como lo que se vio en Michoacán, Tlatlaya, Acteal, Iguala y tantos casos más.

“Hay que reconocer que  estas complicidades que se vienen generando en los niveles de la política esto de que yo tapo tus irregularidades y tu tapas las mías, ha propiciado impunidad. Esta impunidad ha propiciado que el cargo político se convierta en algo muy apetecible porque tienen buena proyección a nivel nacional e internacional, muy buenos sueldos, acceso a privilegios y prebendas que el común de los ciudadanos con dificultad podemos obtener, pero también tienen acceso a ríos de dinero sucio en donde la supervisión es escasa o nula.

E ilustra lo anterior comentando que algunos jefes policiacos que han podido romper esa barrera del silencio, cuentan que a sus escritorios les llegan portafolios cargados de dinero  nada más con la encomienda: “cuando hagas tus operativos no mires acá, mira a otro lado”.

“Si todos estos factores se conjuntan con procesos históricos no resueltos; el factor internacional vinculado al narcotráfico; corrupción e impunidad como esquemas genéricos de acción por parte de la institucionalidad mexicana, tenemos ese caldo de cultivo que nos explica todo lo que ha venido sucediendo”.

Quizás algo que tendría que decirse con mucha claridad, puntualiza,  es que tenemos un Estado que parece ciego y sordo a esta clase de problemas.  Y podríamos aventurar dos hipótesis: o es ciego y sordo porque no ha entendido la dimensión del problema y desde esta perspectiva es un Estado ignorante; O es ciego y sordo porque hay una abierta complicidad y detrás de este proceso el propio Estado Mexicano teme que si enfrenta de manera clara a la corrupción y la impunidad, pierden privilegios que no desean ceder ni perder.

En este sentido justifica estas expresiones de rebeldía que están surgiendo en el país y las sustenta en el derecho que tiene el ciudadano a ser ciudadano y participar en política. Desde esta perspectiva, señala,  cualquier expresión que tienda a cambiar o transformar un Estado, debe ser respetada. El único límite que habría que a acotar es el de la violencia.

Y remarca esto al precisar que la Constitución abre cauces que nos obligan a respetar la libertad de reunión y el deseo de las personas a transformar aquellas instituciones que no son capaces de garantizar gobernabilidad y donde se ve una clase política pasmada y que exhibe complicidades abiertas que no se expresan, pero que son conocidas en las zonas donde los políticos ejercen sus cacicazgos y su dominio.

“A los políticos se les ha olvidado que el fin es, como lo destaca el 39 constitucional, dar beneficios al pueblo al que gobiernan. Y pareciera todo lo contrario porque detrás de cada obra pública licitada, detrás de cada ejercicio del presupuesto parece existir siempre la sospecha de que por un lado se gesta el discurso del bien común, pero que de manera oscura y encubierta está presente el beneficio personal del gobernante. Y eso es corrupción; usar lo público para obtener beneficios privados.

“Entonces, eso es lo que habría que acotar primero; si no hay otra forma de cambiar al Estado y si las vías institucionales parecen cerrarse porque la clase política parece sorda, da la impresión de que la movilización dentro del marco institucional es una buena vía también para hacerlo y en ese sentido veo con simpatía que el ciudadano mexicano decida ser ciudadano y ejerza sus derechos políticos de la manera en que la constitución lo prescribe, es decir, por la vía pacífica, por la vía institucional”.

El jurista rechaza la violencia ciega que le apuesta al todo o nada, que no es capaz de gestar consensos, y que está buscando el “quítate tú para ponerme yo”.

Pero también se pregunta ¿México ya cerró las vías institucionales para el cambio? Porque “si ya las cerró, entonces tendríamos que decir que todas las vías extrainstitucionales se van a justificar”.

Si el Estado Mexicano, agregó, se cierra a la manifestación pacífica; y “si le apuesta a la represión, a la salida militar, al uso de la fuerza; si el Estado mexicano le apuesta a la sinrazón y le apuesta a la no negociación política, los violentos van a tener una forma de justificar su acción y decir: no tengo salida, denme fusiles. Y entonces veremos algo peor de lo que ya estamos viviendo”.

Celso Alvarado, jurista y asesor de Bordejurídico.com, un proyecto que monitorea y da seguimiento a las acciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sostiene que de acuerdo con lo establecido en el 39 constitucional, los cambios que están empujando los pueblos indígenas para elegir los gobiernos de acuerdo a sus usos y costumbres, es  jurídicamente válido.

Dijo que tampoco pueden considerarse movimientos antisistémicos porque no destruyen el orden constitucional, dado que sus reclamos por reivindicación de derechos están asentados en el artículo Segundo de la Carta Magna.

“Por el contrario, reafirman lo establecido en ese artículo porque al autodeterminarse recuperan  ese derecho que en su momento el Estado mexicano, con esa visión occidental única y homogénea  les cercena”.

Ejemplificó el caso del pueblo purépecha de Cherán que, a través de la figura del municipio administrado por la ley de usos y costumbres, interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia, que le dio el fallo a favor para operar el primer municipio o comuna  gobernada con apego a sus estructuras tradicionales.

“Lo interesante del caso es que a partir de este fallo, el modelo de municipio indígena operado en Cherán se puede instaurar en cualquier otra región del país y se vislumbra como una esperanza porque después de las reformas borbónicas, se empiezan a minar las organizaciones nativas para imponer la estructura del estado occidental moderno”.

Con el caso Cherán, dijo, se están recuperando los derechos establecidos en la Constitución y haciéndolos valer porque desde hace dos siglos en México se han importado estructuras de gobierno extranjeras que han ocasionado una hecatombe, porque tal vez a los ingleses les funciona muy bien el parlamento, pero para la realidad de un país como el nuestro ha sido catastrófico.